El Cartel del Golfo y Los Zetas son las dos organizaciones criminales en Tamaulipas que se han dispersado en grupos con permanente creación, disolución de alianzas y rivalidades, que a su vez exacerba la violencia.
Ciudad de México, 9 de noviembre (InsigthCrime).- Cocaína, drogas sintéticas, armas, migrantes, gasolina, ese es el espectro de economías criminales en las que ha escalado la violencia en el estado de Tamaulipas, al norte de México.
Tras un pico de violencia en la ciudad fronteriza de Matamoros, Estados Unidos expidió una alerta de viaje a finales de octubre, en la que recomendaba a sus ciudadanos no viajar a ese estado. El personal del consulado estadounidense en Matamoros tienen prohibido salir.
El Cartel del Golfo y Los Zetas, las dos organizaciones criminales asociadas con el estado, se han dispersado en un mosaico de grupos criminales, en permanente creación y disolución de alianzas y rivalidades, lo que a su vez exacerba la violencia.
InSight Crime entrevistó a Marisol Ochoa, investigadora y experta en dinámicas criminales de la Universidad Iberoamericana de México, para entender cómo ha evolucionado la situación.
InSight Crime (IC): En Tamaulipas, el Cartel del Golfo sobrevivió a la fragmentación de otros grandes carteles, como Los Zetas, pero hoy parece que está experimentando una atomización acelerada. ¿Qué factores han llevado a estas divisiones?
Marisol Ochoa (MO): Las reorganizaciones de las organizaciones delictivas en el estado de Tamaulipas atienden tanto a factores internos como externos. En el caso del Cartel del Golfo, las reconfiguraciones internas, modificaciones de liderazgos y nuevas estrategias de operación frente a otros grupos antagónicos dentro del estado de Tamaulipas y fuera de éste, han repercutido en su logística espacial. Esto implica que han tenido que crear subgrupos operativos para no perder control territorial, principalmente en el norte de Tamaulipas. Esto con el objetivo de proteger los pasos estratégicos hacia Estados Unidos.
Este proceso hace parte de una una lógica de desregulación desde el centro. Permite que a nivel estatal —y posteriormente a nivel interestatal— se asignen controles de plazas estratégicas que, a su vez, requieran de actores locales para mantener la gestión y logística activa.
Desde la fragmentación de grandes grupos delictivos iniciada en 2010, se ha evidenciado que este “outsourcing criminal” no es necesariamente una debilidad para las organizaciones criminales, sino una modalidad cómoda para obtener ganancias y beneficios a nivel local.
IC: Con reportes sobre enfrentamientos regulares entre facciones como Los Metros, Rojos, Escorpiones y Ciclones, ¿tiene sentido seguir hablando de un Cartel del Golfo unido o este dejó de existir como unidad organizada?
MO: Uno de los recursos de las autoridades federales y estatales es continuar con las denominaciones de origen. Es decir, seguir con las etiquetas que identifiquen a los grupos criminales por su vínculo familiar y territorial, así como por las lógicas de operación delictiva que han mantenido en las zonas de operación.
Las clasificaciones permiten, a su vez, idealizar a personajes con «alias» para de alguna manera llevar a cabo estudios de perfil delictivo y grados de criminalidad.
Actualmente, los nombres de las organizaciones delictivas solo les permite hacer difusión en redes sociales o espacios públicos, para tener presencia y vender una marca que pueda imponer una forma de control territorial, reclutamiento y una base social.
IC: ¿Cómo afecta esta fragmentación al reclutamiento de nuevos miembros? ¿Las facciones disidentes con una identidad local sólida (Los Rojos en Tampico, los Escorpiones en Matamoros) prefieren reclutar personas locales para sus operaciones?
MO: Generalmente el reclutamiento se da en las localidades, ya que se requiere de un conocimiento de las zonas de operación. En este sentido, los reclutamientos de estos grupos fragmentados corresponden a grupos o bandas locales. Esto nos permite pensar en la cooptación de mano de obra de grupos pequeños o de la complicidad, en algunos casos, de las autoridades locales para trabajar con las fracciones de los grupos criminales.
La cooptación o reclutamiento de agentes en sectores políticos, policiacos o institucionales es de interés para los grupos criminales, ya que es central para desarrollar intereses delictivos.
La pobreza o necesidad de dinero rápido, ha fortalecido el acceso a este tipo de reclutamientos en personas jóvenes que están dispuestas a llevar a cabo trabajos para estas organizaciones. Esto los hace una suerte de “cultura desechable”, debido a que cumplen con sus funciones de cuidadores, estacas, halcones, extorsionadores entre otras operaciones y de conformidad al riesgo y conflictos en la zona pueden morir y son fácilmente remplazados. Es una mano de obra de fácil acceso.
Finalmente, en la última década, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes ha sufrido un aumento considerable. Los grupos delictivos utilizan este tipo de mano de obra, ya que al ser menores de edad no son imputables, y, por otra parte, son accesibles para desempeñar cualquier tarea en el ámbito criminal que se les imponga.
IC: En sus inicios, el Cartel del Golfo estuvo asociado al robo de gasolina o huachicoleo, pero parece que en los últimos años ha dejado esta actividad para dedicarse a actividades delictivas más complejas ¿Qué tan prevalente es el huachicoleo en Tamaulipas?
MO: El robo de hidrocarburos ha sido una de las actividades de mayor recurrencia para las organizaciones delictivas en México, pues ha generado ganancias prolíficas —no comparadas con el tráfico de sustancias ilegales. En Tamaulipas, vemos que los grupos se dedican a la “ordeña” de ductos de Pemex, y a la distribución y venta de combustible robado dentro y fuera de México.
En este sentido, el robo de hidrocarburos representa un recurso que permite a las organizaciones delictivas mantener un flujo de dinero importante, lo cual les permite incursionar en actividades delictivas de mayor relevancia. Además, el robo de hidrocarburos representa oportunidades de negocio y posicionamiento para emprender redes de colusión que se extienden hasta el lavado de dinero y la creación de giros empresariales con dinero ilegal.
IC: ¿A quién identifica como la mayor amenaza a la seguridad en Tamaulipas?
MO: Por su estrategia de operación violenta y su capacidad de intimidar a la ciudadanía en sus zonas de operación pudiéramos pensar en el Cartel del Noreste —escisión de Los Zetas—, que han mostrado ser inestables y esporádicos en el momento de utilizar la violencia.
IC: ¿Consideraría el Cartel del Noreste lo más cercano a una amenaza a la seguridad nacional, como lo evidencian sus continuos enfrentamientos con el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)?
MO: Sí, en efecto, la capacidad de fuego que mantienen ambos grupos, tanto el Cartel del Noreste como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), podrían considerarse como los grupos más peligrosos o de riesgo alto a nivel tanto en Tamaulipas, como a nivel federal. Esto se explica por su expansión territorial, armamento y reclutamiento, además de un control estratégico de zonas de interés delictivo para desarrollar vías de acceso en el tránsito de sustancias ilegales, robo de hidrocarburos, armas y migrantes.
IC: Tamaulipas es un caso de estudio interesante por su dinámica criminal tan particular, por su frontera norte con Estados Unidos, lo alejado de sus centros urbanos y por su frontera sur con los estados de Veracruz y San Luis Potosí. ¿Cómo difieren estos?
MO: Los intereses de los grupos criminales han mantenido una tensión permanente en la zona norte del estado de Tamaulipas debido a los cruces hacia Estados Unidos, por los que fluyen drogas, armas y migrantes.
En el centro del estado, la cuenca de Burgos atiende una zona de paso, es decir, corredor que alimenta estas economías delictivas en el norte. Esta zona rural permite otro tipo de actividades delictivas como la extorsión y cobro de piso en ejidos y rancherías. La construcción de bases sociales permite los flujos de control criminal interno. Estos espacios rurales son cruciales para la logística, pues permiten acopiar drogas o tener escondites para migrantes. También pueden usar esas zonas como campos de adiestramiento o para desaparecer cuerpos.
En el sur, las conexiones con estados como Veracruz y San Luis Potosí pudieran generar una relación delictiva muy distinta. Las rutas usadas para la movilización de narcóticos y migrantes cambian continuamente en zonas urbanas y rurales para tratar de mantener la delantera a las autoridades.
Por ejemplo, últimamente han cambiado las rutas de tráfico de migrantes. Eso se debe a que el Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal han instalado retenes a lo largo de las carreteras entre Veracruz y Tamaulipas. El renovado interés de las autoridades ha orillado a los grupos delictivos a buscar nuevos accesos para desplazar migrantes, hidrocarburos, drogas, armas, entre otros recursos ilícitos para continuar con sus operaciones.
IC: Parece que las autoridades de Tamaulipas responden principalmente a la violencia en las ciudades, como sucedió tras la masacre de 19 personas en Reynosa ¿es la estrategia correcta?
MO: En el caso de Reynosa, las autoridades han tratado de intervenir con fuerzas militares, pero esto ha generado cambios poco significativos para los grupos delictivos de la zona que mantienen controles de facto en zonas estratégicas. La presencia de las autoridades tampoco ha cambiado los niveles alarmantes de violencia en las ciudades de Tamaulipas. Seguimos viendo enfrentamientos con las autoridades y entre diferentes grupos del estado o foráneos.
IC: Algunas de las bandas criminales en Tamaulipas parecen estar enfocadas en dominar áreas pequeñas y específicas. Este es el caso de Los Panteras, una fracción del Cartel del Golfo que controla Abasolo, una ciudad en el centro del estado ¿Cómo funciona este control tan localizado?
Los controles locales como en el municipio de Abasolo ocurren cuando se logran colapsar los canales de denuncia debido a las intervenciones delictivas sobre la población y a partir de las protecciones que implementan en su municipio de interés para impedir que otros grupos ingresen a las zonas de operación.
La historia de la criminalidad en Abasolo muestra que existen recurrentes secuestros y extorsiones a agricultores y comerciantes de la localidad. En este sentido, el grupo delictivo denominado “Los Panteras” logra mantener las áreas de interés para el Cartel del Golfo, impidiendo que otros grupos puedan acceder a las localidades aledañas. Los Panteras mantienen el control de Soto La Marina, González y Aldama, que permite el flujo logístico hacia el norte.
IC: ¿Qué importancia tiene el tráfico de migrantes como fuente de rentas para los grupos delictivos en Tamaulipas? Dado el número de migrantes que transitan por el norte de México, ¿esto ha sido un generador de violencia?
MO: El tráfico de migrantes ha representado un ingreso económico particularmente importante para algunas organizaciones delictivas por dos razones: es un ingreso económico permanente y les permite establecer vínculos y redes de protección desde Centroamérica hasta el norte de México.
Tan solo en 2021, de conformidad a datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, se detuvieron aproximadamente a 432 mil personas cuando intentaban cruzar ilegalmente la frontera. En este sentido y llevando un cálculo por parte de las autoridades de migración mexicanas, se estima que por persona se cobran entre 70 mil y 100 mil pesos mexicanos (3 mil 300-4 mil 800 dólares). Este recurso implica un desarrollo y potencial económico que se ha vuelto de suma importancia para las organizaciones criminales, que incluso les permite una mejora en maniobra en sus operaciones ilícitas.
IC: Tamaulipas ha sido un estado peligroso para periodistas y activistas ¿Las filiales del Cartel del Golfo y Los Zetas han hecho algo para acabar con la reportería local con el fin de reducir el escrutinio sobre sus actividades?
MO: Los controles de comunicación que los grupos delictivos han desempeñado en las localidades en los últimos 15 años han sido drásticos, desde desaparición de periodistas hasta quema de periódicos locales.
Estos han sido mecanismos que los grupos delictivos en el estado han implementado para inhibir la capacidad de expresión. El escrutinio público en las localidades no tiene los medios para poder dar a conocer la realidad que viven.
El único recurso es la denuncia, que se lleva a cabo desde el centro del país, pero que de hecho tiene muy poca incidencia en la dinámica de los grupos criminales que en algunas localidades logran inhibir o silenciar las denuncias de la sociedad.
