Este miércoles a las ocho de la mañana se tiene previsto que reinicie la audiencia del exprocurador Jesús Murillo Karam, donde podría ser vinculado a proceso. Sin embargo, la Fiscalía General de la República que lo acusa por fabricar una «verdad histórica» entorno al caso Ayotzinapa arrastra un historial de cero sentencias contra exfuncionarios de alto nivel.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– Jesús Murillo Karam, el primer Procurador detenido en la historia reciente de México, enfrenta este miércoles una audiencia donde podría ser vinculado a proceso, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presunta tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia por su conducción en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
Durante la primera audiencia del sábado, que se extendió por 12 horas y donde se le dictó prisión preventiva por riesgo de fuga, los fiscales fueron regañados por el Juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte, por «no estar preparados» al grado de que les advirtió «dar parte a sus superiores jerárquicos de la FGR por el desorden».
La Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero ha sido cuestionada por la conducción que ha tenido en los casos del exdirector de Petróleo Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso Odebrecht; contra Rosario Robles Berlanga, por la Estafa Maestra, y por exonerar a Salvador Cienfuegos, señalado por la DEA por supuestos nexos con el narcotráfico.
Dentro del mismo caso de los estudiantes de Ayotzinapa, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, sigue sin ser extraditado de Israel; a la par que persisten las dudas sobre si la Fiscalía indagará en el algún momento al Presidente Enrique Peña Nieto o al exsecretario General Cienfuegos sobre el caso.
«Está en manos de jueces. Y sí coincido de que tardan mucho, o sea, porque no hay sentencias. Deben de acelerar más los procesos para que haya sentencias», dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana.
El abogado de las familias del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseguró en entrevista con Los Periodistas, en SinEmbargo al Aire, que Murillo Karam tuvo «una intención deliberada» de ocultar el paradero de los jóvenes, por lo que están pendientes de la audiencia de este día y esperan que se avance con las detenciones de los otros responsables –incluyendo militares y al expresidente Enrique Peña Nieto– para que no parezca «un tema de índole política».
«De parte de los padres, decir que no hay un afán de ajustar cuentas, más bien un afán de que se sepa qué fue lo que ocurrió, ese es el interés», aseveró. «Que se pase de inmediato a ejercer las acciones penales ya, a procesar a esas personas porque se anuncia nada más que se detiene al señor Murillo Karam, se anuncia la existencia de acciones penales como un tema más político, pero si esto no es seguido de acciones penales, no le vemos mucho sentido».
TORTURAS Y PRESIONES
El Fiscal Alejandro Gertz Manero expuso la semana pasada que pudieron demostrar con «pruebas judicializadas» que el propósito del Procurador Jesús Murillo Karam y del director de la Agencia de Inteligencia, Tomás Zerón, era el de «engañar a la población» para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas, «adjudicando la brutalidad sucedida sólo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes entregaron a los estudiantes masacrados a uno de los cárteles [Guerreros Unidos] que se disputaban el control de las drogas en esa ciudad».
Para lograr lo anterior, planteó el Fiscal, ambos funcionarios cometieron «un número incalculable de abusos, torturas y presiones» para obtener las confesiones de dichos policías e «inventar la supuesta verdad histórica», que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente. Existe un video donde se observa a Zerón cerca del basurero de Cocula, donde habría sembrado pruebas. El Canciller Marcelo Ebrard Causabón dijo el martes que su extradición de Israel está avanzando y ya se entregó todo el expediente.
No obstante, el Fiscal Alejandro Gertz no sólo ha sido señalado por el lento avance de las investigaciones contra exfuncionarios federales del peñismo, sino él mismo fue denunciado por torturar a Lozoya y familiares para obtener declaraciones falsas sobre el caso Odebrecht. La denuncia la presentó el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño.
«Hace mucho que la figura del Fiscal está en duda y es poco legítimo. Es un misterio el cómo y el por qué sigue siendo apoyado desde la federación, por qué se le sigue solapando», dijo Carlos Pérez Ricart, investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE). «La Fiscalía es probablemente la institución que más ha dejado a desear en esta nueva Administración. Ha sido una Fiscalía ineficiente que se sigue mostrando opaca».
Pero el académico reconoció que, como lo han solicitado las familias de los jóvenes, se está llegando a altos mandos. «No están siendo solamente los subordinados, sino que en el caso de Murillo Karam y el General Alejandro Saavedra (contra quien pesa una orden de aprehensión), se está llegando a las cúpulas, lo que es una buena noticia porque así se rompen los circuitos de impunidad», afirmó Pérez Ricart.
La detención del exprocurador se dio un día después de la presentación del informe preliminar sobre el caso Ayotzinapa por parte de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, en el cual se reconoce que se trató de un crimen de Estado, que se fabricó una «verdad», que había un militar infiltrado y, según un testigo, seis de los normalistas habrían sido mantenidos con vida cuatro días después de la noche de Iguala. Este miércoles el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas estará en Palacio Nacional para dar más detalles, como pidió el Presidente López Obrador.
Al respecto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) marcó distancia del informe y solicitó en un comunicado tener acceso no sólo a lo que se incluyó en el documento público, sino a todo lo que se extrajo (capturas de pantalla censuradas) y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información para conocer la verdad completa del caso con un debido proceso. Hasta entonces, dijo, sus miembros emitirán un comentario.
Por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia, la Fiscalía también obtuvo 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Entre los militares en la mira, resalta el General Alejandro Saavedra Hernández, el militar de más alto rango de esa lista. En septiembre de 2014 era el titular de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, y tuvo acceso directo a las comunicaciones de inteligencia que en tiempo real tuvo el C-4 de todas las actividades de los estudiantes, de acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad.
«Lo de Ayotzinapa y lo del señor Murillo Karam, lamento mucho, pero esas injusticias no pueden quedar impunes. ¿Cómo veo yo a las madres, a los padres de los muchachos? Llevo tres años reuniéndome con ellos, informándoles en reuniones, algunas ríspidas, porque imagínense el dolor de las madres, de los padres de no ver a sus hijos y todo esto que se está conociendo», comentó el Presidente López Obrador. «Ya habían cometido esta atrocidad. ¿Por qué ocultar los hechos?, ¿a quién protegieron?», cuestionó.
ROBLES EN PROCESO LIBRE
El Fiscal Alejandro Gertz también ha sido señalado por presionar a Rosario Robles para que, en prisión preventiva por presunto ejercicio indebido de la función pública, accediera al criterio de oportunidad respecto al desvío de más de 7 mil millones de pesos a través de diversas dependencias y universidad públicas.
Tres años después, por cuestiones de salud, un juez le cambió la medida cautelar para que siga enfrentando su proceso desde casa sin poder salir del país y presentándose ante la autoridad cada 15 días. A la fecha, el Oficial Mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, sigue libre pese a haber presidido el comité que firmó los convenios y no haberse presentado a comparecer.
«Sobre estas observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en el caso concreto de Rosario, no se le acusa de haber dispuesto de alguna cantidad de dinero ni tampoco haberse quedado con alguna cantidad, estaríamos en presencia de peculado. Lo que a ella se le atribuye es un ejercicio indebido de la función pública en su modalidad de omisión, es decir, supuestamente no haber supervisado que con la firma de estos convenios supuestamente se podía crear una afectación al patrimonio de la nación», dijo el abogado de Robles, Epigmenio Mendieta, en entrevista radiofónica con MVS.
La Fiscalía no sólo pidió al juez que, por razones de edad y enfermedad, lleve su proceso por el delito de omisión desde su casa, sino que no ejecutó, en dos años, la orden de aprehensión para procesarla por delincuencia organizada y lavado de dinero.
«En contra de esa orden se promovió un amparo, mediante el cual hubo una suspensión definitiva. El juez de amparo analizará el fondo del asunto planteado y una vez que lo haya analizado llegará a la determinación sobre si esta orden de aprehensión sigue vigente o queda suspendida», afirmó el abogado Mendieta.
En sólo dos días, la FGR concedió a Robles la petición que ésta le hizo el miércoles 17 de agosto para seguir desde su domicilio el proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión por el caso de la “Estafa Maestra”, por el que se le ordenó prisión preventiva en agosto de 2019. La institución que encabeza Alejandro Gertz Manero le pidió al juez el cambio de medidas cautelares y que ya no siga en prisión preventiva, “en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad”.
Ante las versiones en el sentido de que Robles Berlanga cooperó con la FGR para implicar a altos funcionarios, como el exsecretario Luis Videgaray y Peña Nieto, uno de sus abogados, que pidió no ser identificado, rechazó esa posibilidad. “Si fuera así, se habría apolillado un criterio de oportunidad que nunca cuajó”, subrayó el litigante el sábado pasado a SinEmbargo.
En un artículo de opinión en El Universal, Robles expuso que se necesita reformar el sistema penal acusatorio y el «punitivo» sistema penitenciario porque «Rosarios hay muchas y hay que conseguir su libertad».
LOZOYA, EN PRISIÓN PREVENTIVA
Emilio Lozoya Austin, extitular de Pemex con Enrique Peña Nieto, es señalado por recibir un soborno de 10 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de contratos, dinero que habría sido destinado para las elecciones presidenciales de 2012. También se le involucra con el caso Agronitrogenados que generó un daño al erario.
Sin embargo, a dos años de su detención y extradición desde Málaga, España, no ha sido sentenciado y sus audiencias se pospusieron hasta noviembre en búsqueda de un nuevo acuerdo entre la Fiscalía y la defensa legal.
Hace unas semanas se filtraron audios de 2019 donde se oye al Fiscal Alejandro Gertz presionar al padre, Emilio Lozoya Thalmann, para que él y su otro hijo no se amparara contra cualquier orden de aprehensión, a la par de que la madre y la hermana de Lozoya también eran acechadas.
Acto seguido de las llamadas, su hijo fue aprehendido, razón por la que el extitular de Pemex, Carlos Treviño, denunció al Fiscal por presunta tortura psicológica a Lozoya para que aceptara el criterio de oportunidad y diera supuestamente declaraciones falsas. Pese a haber enlistado a diversos funcionarios en la denuncia, entre ellos el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, legisladores panistas y a Treviño, el exdirector de Pemex no aportó mayores pruebas.
Luego de ser fotografiado por la periodista Lourdes Mendoza en un restaurante de lujo de la Ciudad de México durante su prisión domiciliaria, Lozoya quedó en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, donde este miércoles el exprocurador Jesús Murillo Karam podría ser vinculado a proceso.
Su situación se aclarará hasta el 4 y 7 de noviembre, cuando se lleven a cabo nuevas audiencias. Estos encuentros estaban originalmente agendados para abril pasado, pero la Fiscalía General y los representantes legales de Emilio Lozoya solicitaron posponer las fechas con el fin de establecer un posible arreglo entre ambas partes.
El extitular de Pemex está dispuesto a pagar la cantidad de 10.7 millones de dólares bajo el concepto de reparación del daño para obtener un acuerdo reparatorio y criterio de oportunidad para que, en consecuencia, se suspendan los procesos penales en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados.
