La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) abrió una carpeta de investigación en contra de Silvano Aureoles Conejo y a mediados de diciembre pasado solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) información sobre los procedimientos administrativos que le hayan realizado al exmandatario de Michoacán
Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación en contra del exgobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, por posibles actos de corrupción cometidos durante su mandato.
La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) integró la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-MCH/0000601/2021 y a mediados de diciembre pasado solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) información sobre los procedimientos administrativos que se hayan abierto en contra del exmandatario con motivo del ejercicio de sus funciones, según un oficio de la FGR que obtuvo SinEmbargo.
La petición de “alta prioridad” fue hecha con la finalidad de obtener elementos necesarios para establecer y agotar las líneas de investigación que se contemplan en la carpeta, en la que se indaga la posible comisión de delitos cometidos por servidores públicos que se contemplan en el catálogo del Título Décimo del Código Penal Federal.
El agente del Ministerio Público Federal a cargo de la indagatoria también pidió a la Función Pública información sobre la trayectoria y carrera pública de Silvano Aureoles, desde el número de los cargos públicos que ha desempeñado y el periodo en que los ejerció, se lee en el documento.
Hasta el momento se desconoce cuáles son los delitos y los hechos precisos por los que la FGR investiga a Silvano Aureoles.
En noviembre pasado, el actual Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla denunció públicamente que habían detectado un presunto fraude por 5 mil 186 millones de pesos en la construcción, arrendamiento y la compra de cuarteles regionales de la policía estatal.
Ramírez Bedolla detalló en ese entonces que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) ya investigaba el supuesto desfalco que Aureoles habría cometido junto con la constructora encargada de edificar con sobrecostos los cuarteles regionales en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.
El 8 de noviembre, Salvador García Soto, columnista de El Universal, dio a conocer que el Gobierno de Silvano Aureoles contrató a una empresa tecnológica e informática propiedad de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, a la que le pagaron hasta 132 millones de dólares en cinco años, desde 2017 hasta 2021, para instalar y operar un sistema de espionaje.
Un día después, el Jefe del Ejecutivo en Michoacán confirmó que la administración de Aureoles pagó 19.5 millones de dólares por una red de espionaje que le habría comprado a una empresa de Álvarez Puga.
El exmandatario perredista, de acuerdo con Ramírez Bedolla, firmó en el año 2017 un contrato para la compra de un software destinado al monitoreo y actualización de las direcciones IP de dispositivos electrónicos en todo Michoacán. Dijo que en cada uno de los municipios se utilizaron 12 computadoras para “su servicio y mantenimiento”.
Estas no han sido las únicas denuncias y acusaciones públicas que se realizaron en contra del exgobernador Michoacano. Previamente, en octubre de 2021, el Secretario de Finanzas y Administración del gabinete de Alfredo Ramírez Bedolla, Luis Navarro García, aseguró que Aureoles Conejo dejó vacías las arcas del Gobierno de Michoacán.
El funcionario aseguró que la administración había dejado apenas 85 pesos en una de las cuentas bancarias y 600 pesos en otra.
También a principios de octubre, la administración de Ramírez Bedolla informó que su antecesor habría gastado en seis años mil 200 millones de pesos en la renta de siete aeronaves que se usaron para trasladar a funcionarios, vigilancia y algunas emergencias.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador también hizo referencia, el pasado 28 de octubre, a los derroches en que vivían algunos gobernadores, entre ellos Aureoles, quien —dijo— hizo “gastos superfluos” durante su mandato.
EL HALLAZGO DEL BÚNKER
La serie de críticas hacia el perredista se acrecentaron cuando el actual Gobernador de Michoacán abrió a medios de comunicación las puertas del área exclusiva de la casa de Gobierno, en el sur de la ciudad de Morelia, para mostrar el búnker que habría utilizado Silvano Aureoles durante los últimos cinco años.
Se trata de una habitación con blindaje en sus paredes, techo y ventanales, así como un pasadizo secreto a manera de ruta de escape, de acuerdo con la agencia española EFE, que estuvo presente en el recorrido.
“El Búnker” se compone por tres piezas o secciones: En la primera se encuentra el área para la sala y el dormitorio del Gobernador, divididas únicamente por un muro de piedra. La segunda consta de un espacio de 15 metros cuadrados, con armarios de madera y cristal, totalmente iluminados, así como dos cajoneras para guardar relojes o joyas. La tercera pieza es de 25 metros cuadrados, donde se habilitó un spa que incluye dos baños sauna, un jacuzzi, dos duchas y sanitario.
En ese momento Silvano Aureoles respondió desde su cuenta de Twitter que la residencia en mención —edificada en 1988— fue usada por 10 exgobernadores, de los cuales siete forman parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y tres del Partido de la Revolución Democrática (PRD), éste último al que pertenece Aureoles.
Pese a todo lo expuesto, el exgobernador michoacano también aseguró que durante su estancia de tres años en la Casa de Gobierno no había realizado ninguna remodelación, y que nada de lo que hay en esa casa «se construyó en mi administración”.
No obstante, Reforma exhibió un contrato que contradecía la versión de Aureoles y revelaba que sí había pagado al menos 12 millones de pesos para arreglar la casa de Gobierno.
En la publicación del 12 de noviembre, el diario detalló que en el contrato DOP/ADE/200153/2020, el Gobierno estatal le entregó un acuerdo de 12 millones de pesos a la empresa RECAM Construcción para rehabilitar, equipar y mejorar las instalaciones deportivas, de recreo, atención al público y helipuerto en un periodo de 129 días, que iniciaba el 12 de agosto de 2020 con terminación a más tardar el 18 de diciembre de 2020.
Aunado a ello, a Aureoles también se le ha señalado por su gestión en materia de seguridad. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que los delitos de alto impacto aumentaron en Michoacán en su administración.
De acuerdo con una nota publicada por Guadalupe Fuentes en SinEmbargo, en la administración del perredista se registraron un total de 11 mil 320 homicidios dolosos, siendo los años 2019 y 2020 los de más incremento: 2 mil 080 y 2 mil 433, respectivamente. La menor cifra reportada en este delito ocurrió en 2016, el primer año de su administración, con mil 450.
Además, las cifras oficiales muestran que, en un lustro del periodo del perredista Silvano Aureoles, los homicidios crecieron al menos un 155.56 por ciento, pues de 952 que se registraron en el año 2015; para el 2020 la cifra de víctimas se incrementó a un total de dos mil 433.
