A dos años de haber ganado la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador afirmó que “nunca se ha reprimido al pueblo, ni hemos permitido masacres, se eliminó la tortura y otras violaciones a los derechos humanos, que eran prácticas habituales en otros gobiernos”. Nada más falso.

Como analizamos en el informe “Distorsión: el discurso contra la realidad”, durante 2019 y 2020 se han notado dos tendencias en la respuesta del Estado a los casos de violaciones graves de los derechos humanos. La primera consiste en la negación, en las conferencias “mañaneras” o los informes presidenciales, de la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos como tortura, desapariciones y masacres. Por otro lado, la segunda tendencia, tiene que ver con la forma en la que se administra la justicia, de manera selectiva y aislada, con acciones simbólicas más que con profundas estrategias y políticas públicas integrales de memoria, verdad y justicia que lleven a la no repetición de hechos atroces.

Las declaraciones que niegan las violaciones graves de los derechos humanos pretenden borrar lo que es una realidad a nivel nacional: que siguen ocurriendo, que las cifras de homicidios y feminicidios se siguen incrementando, que las personas siguen siendo desaparecidas y torturadas, que los hallazgos de fosas clandestinas no disminuyen, sino que se multiplican en todo el país y que poco se está haciendo para generar cambios profundos. También pretenden esconder la persistencia de serias fallas estructurales que están lejos de revertirse en materia de procuración de justicia, atención a víctimas y protección a derechos humanos. Como vimos en la anterior entrega dentro de este espacio de opinión, el discurso triunfalista tiene como correlato el desmantelamiento y captura de instituciones encargadas de tutelar los derechos básicos de las personas.

La persistencia de esta negación impacta directamente en la garantía plena del derecho a la información que asiste a las víctimas y a la sociedad. En consecuencia, si no se admite la realidad de estos crímenes y no se garantiza el derecho a la información, es difícil pensar en el acceso a la verdad y a la justicia. Cuando la figura presidencial insiste en la inexistencia de las violaciones de los derechos humanos, no sólo se está desinformando a la sociedad, sino que también se niega la experiencia terrible de las víctimas de masacres, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios y homicidios. En suma, se viola el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, al tiempo que se revictimiza a aquellas personas que las han sufrido, al negar sus vivencias.

Por otra parte, en esos mismos dos años, han tenido lugar diversos actos de disculpa pública por casos de violaciones graves de los derechos humanos; se ha informado de acciones simbólicas, como retirar los nombres de represores de espacios públicos; se ha anunciado la apertura de archivos relacionados con estos crímenes y se ha creado una Comisión Presidencial de la Verdad para el Caso Ayotzinapa.

No obstante, a pesar de la exigencia de grupos de víctimas, familiares, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos, no se han creado los mecanismos suficientes para garantizar justicia en todos los casos de violaciones graves de los derechos humanos, ya fueran cometidos en el pasado o durante la actual administración. Fue hasta diciembre 2020 que se presentó, dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, una “estrategia para implementar medidas encaminadas a la construcción de paz y garantía de los derechos a la memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición de violaciones graves de derechos humanos”. Seguimos pendientes de conocer cómo se cristalizará esa estrategia en acciones concretas.

En este sentido, son evidentes las contradicciones de un Gobierno que se presenta como autoridad garante de los derechos humanos y transformador, a la vez que transparente, pero que no ha tomado las medidas necesarias ni suficientes para ello. Por el contrario, ha hecho uso de estrategias fallidas de administraciones pasadas al profundizar la militarización de la vida pública, lo cual tiene relación directa con el incremento de casos de uso ilegítimo de la fuerza y de torturas, así como de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones.

En voz de las propias víctimas entrevistadas en nuestro informe, hay una voluntad y disponibilidad para llevar a cabo acciones de justicia simbólica con casos emblemáticos del pasado, pero sigue la deuda pendiente en lo que respeta a la memoria, justicia y de garantías de no repetición para la gran mayoría de los casos tanto del pasado como de la actualidad. Así el gatopardismo político (cambiar todo para que todo siga igual) arrastra en su demagogia a quienes más han padecido un  Estado que por acción y omisión viola derechos humanos y es -en diferentes niveles- cómplice de los grupos criminales: las víctimas.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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