La Suprema Corte atraerá el caso de Juana Hilda González Lomelí, sentenciada por el secuestro de Hugo Alberto Wallace y presa por este mismo delito desde enero de 2006.
Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).– Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, sentenciada por el secuestro de Hugo Alberto Wallace.
La Primera Sala de la Corte aceptó atraer el análisis del amparo directo 34/2021, promovido por Juana Hilda González Lomelí, presa desde enero de 2006 por su presunta participación en el secuestro de Hugo Alberto, junto con otras personas.
González Lomelí fue sentenciada en abril de 2011 a 78 años, nueve meses de prisión, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Juana Hilda González fue la primera de los seis acusados del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace en ser detenida. Su aprehensión ocurrió el 9 de enero de 2006, meses antes de concluir la gestión de Vicente Fox.
De acuerdo con su testimonio, confesó su participación en los hechos bajo tortura y dio los nombres de sus presuntos cómplices, uno de ellos Brenda.
La Ministra Margarita Ríos Farjat fue quien aceptó hacer suya la petición de atracción para que la SCJN atrajera el amparo que promovió Juana Hilda. Previamente el caso fue tomado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDF), que depende el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), promoviendo en su nombre un amparo, donde señala que fue objeto de tortura sexual y psicológica para declararse culpable.
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“Ante la falta de legitimación de la parte solicitante en representación de la quejosa, la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat decidió de oficio hacer suyo el escrito de solicitud de ejercicio de facultad de atracción para conocer del mismo”, señala el acuerdo.
Tras conocer la decisión de la SCJN, la activista Isabel Miranda de Wallace, madre de Hugo Alberto, acusó al Máximo Tribunal de justicia en México de “corrupción”.
“Tal como lo anuncié todo estaba ‘PACTADO’. La SCJN atrae el caso de mi hijo. Con complicidad de Margarita Ríos Farjat, Arturo Zaldívar corrompe la justicia”, escribió en su cuenta de Twitter.
#Corrupción Tal como lo anuncié todo estaba “PACTADO”.
La @SCJN atrae el caso de mi hijo.
Con complicidad de @MargRiosFarjat, @ArturoZaldivarL corrompe la justicia.— Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) May 25, 2022
EL CASO DE HUGO ALBERTO
El caso Wallace, como se le conoce, se refiere al secuestro ocurrido en 2005 de Hugo Alberto Wallace Miranda, el hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.
Su caso cobró notoriedad luego de que Miranda de Wallace salió en diversos medios a señalar a la banda que presuntamente secuestró y asesinó a Hugo Alberto. No obstante, este caso generó algunas polémicas por presuntas irregularidades en la investigación.
Por ejemplo, Brenda Quevedo fue detenida en Estados Unidos el 28 de noviembre de 2007 y extraditada a México en 2009, pero la persecución en su contra se remonta al año 2005, cuando Isabel Miranda la señaló de ser, junto con cinco personas más, responsable del secuestro y asesinato de su hijo.
Los rostros de Brenda, de entonces 24 años, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Alberto y Tony Castillo Cruz, aparecieron en carteles gigantes colocados en las principales avenidas de la Ciudad de México señalándolos de secuestradores, pese a que en ese momento no existían pruebas periciales en contra de ellos.
La versión que Isabel Miranda contó a medios en ese entonces —y sigue contando— es que su hijo fue llevado con engaños por estas seis personas a un departamento el 11 de julio de 2005 y en ese lugar lo descuartizaron con una motosierra y pidieron un rescate por 950 mil dólares. Esta versión, que fue confirmada por algunos de los implicados cuando los detuvieron, ha generado dudas en el caso, pues —según los propios acusados— habrían declarado bajo tortura.
Uno de sus torturadores de Brenda Quevedo fue Osvaldo Jiménez Juárez, quien en esa época se desempeñaba como Ministerio Público, y que a pesar de que la familia lo denunció, le dieron carpetazo antes de que terminara el Gobierno de Calderón.
“Estamos tratando donde volver a abrir el caso porque ese mismo MP lo ascendieron después a Fiscal”.
