Desde el inicio de la ola democrática en el país, 1988, una voz, la que proviene de cierta academia y del priismo trató de acallar a la otra, la que viene de la creciente politización de los ciudadanos siempre excluidos del debate público. La primera voz, la del «Chipotle» enojado, justificó los fraudes en 1988 y en el 2006 con el argumento de que era preferible la estabilidad a la democracia. En 1988, personajes como Octavio Paz, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín dijeron que, como no se podía conocer el resultado real de la elección, lo mejor era dejar las cosas como estaban, es decir, convalidar el triunfo “claro e inobjetable” de Carlos Salinas de Gortari. Éste mismo pasó a crear, en 1990, al primer instituto electoral, el IFE, que presidía ni más ni menos que el Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. Que el principal torturador de la oposición de izquierda durante la Guerra Sucia encabezara la organización de las elecciones es más que una metáfora de la intención anti-democrática con la que nació ese organismo.

Con Salinas de Gortari se estimuló con reconocimientos y dinero público a quienes sostenían que existía democracia en México y que nuestro sistema no era una dictadura o un Partido Único, como los de la Unión Soviética y la Europa del Este, sino uno de “partido dominante”, como Japón y Suecia. Incluso se mandaron a hacer sesudos ensayos políticos sobre nuestro sistema tan moderno, aunque tan inusual, que se ordenó a la editorial del Estado publicarlos. Si el Presidente Salinas se había sentado en la silla presidencial por un fraude electoral con costales de boletas quemadas en las carreteras de Michoacán y Guerrero, por lo menos había estabilidad, aunque no democracia. La cantaleta se repitió de igual forma en el fraude electoral que le dio el triunfo a Felipe Calderón en el 2006 por el 0.5 de diferencia con López Obrador: “se pierde por un voto”, “es de demócratas aceptar el resultado”, “lo importante es la institucionalidad”, es decir, que se queden en el poder los que supieron usar la fuerza, el dinero, los medios y no tanto los sufragios. Un desplegado, firmado por algunos de los actuales consejeros electorales del INE, como Ciro Murayama, se inclinó, no por el recuento de votos que pedían los ciudadanos en las calles, sino por acatar lo que decidiera el Tribunal Electoral. Como desde el inicio, en 1988, en 2006 se optó por la estabilidad y no por la voluntad popular.

Para la voz enchilada del «Chipotle» electoral, la democracia es un sistema de reglas, nada más. ¿Cuántas veces oímos esa letanía de que “los votos cuenten y se cuenten”? Era la idea de que la democracia no debería tener adjetivos, es decir, no debería contribuir en nada, más que en decidir qué partido había ganado. Fue una democracia de élites burocráticas de los partidos, las universidades, los jueces, de porcentajes, de exhibir sistemas de cómputo que, como el Programa de Resultados Preliminares, a la mera hora no eran confiables. La del «Chipotle» es la democracia de los abogados, más preocupada por cumplir con los reglamentos y protocolos que con el respeto a la voluntad del pueblo. De hecho, esta última palabra, “el pueblo” estaba prohibida por los democratólogos mexicanos porque denominaba la parte de la palabra democracia, “demos”, que no les interesaba. Para ellos, se debía de hablar de consumidores de ofertas políticas, no de ciudadanos que detentan la soberanía; de gente que escoge de entre los partidos que se anuncian en la televisión y no de ciudadanos que adquieren una responsabilidad del mandato que entregan cuando votan.

Así llegamos al 2018, la elección que llevó al movimiento lopezobradorista al Poder Ejecutivo. Es un movimiento cívico creado desde abajo y nucleado alrededor de un tronco común que es la lucha contra la corrupción. Su triunfo fue a pesar del INE, que no había visto irregularidades antes en la elección del Estado de México; no vio ni a los miembros el Gabinete de Peña Nieto haciendo campaña, ni el reparto de despensas para comprar el voto, ni las cabezas de cerdos aventadas a las puertas del local del partido Morena. El obradorismo es un movimiento amplio y plural, que es mucho más que su expresión electoral, el partido Morena. Es un movimiento que, desde la esquina del Poder Ejecutivo se propone transformar el régimen completo. Es un movimiento que apoya al Presidente de la República para que limite el poder económico de las élites, la impunidad con la que se saltan la ética, la ley, y el sentido común. Es una democracia plebeya, de los siempre excluidos de la asuntos públicos. La élite del INE mira a estos plebeyos como niños que pueden ser instruidos por una caricatura de un chile. Los mira como ajenos a los procesos electorales, aunque hayan votado 30 millones en 2018. Los mira como recién llegados, aunque hayan sido siete millones los que votaron, en plena pandemia, por enjuiciar a los expresidentes. Los mira como extraños aunque entregaran casi 10 millones de firmas para respaldar la revocación del mandato.

El chile que explica qué es una credencial de elector a quienes la han usado para profundizar la democracia, es, por lo menos, un insulto. Se basa en la tentación que estuvo detrás del notable texto de un columnista del periódico Reforma: hablarle a la gente en su idioma, bajarse a su nivel. A lo mejor usted lo recuerda. Con el seudónimo de “El Cachas”, el columnista que se autodefine como “antropólogo de los consumidores” le habla a los trabajadores una semana antes de la elección intermedia del 2021, diciendo frases como “no la chifles que es cantada” o “derecha la flecha al pecho”. Debajo de ese lenguaje y del tonito vagamente arrabalero que se usa está la misma concepción del «Chipotle» del INE: que los ciudadanos plebeyos hablan otro idioma, que son ignorantes y hay que instruirlos en los complejos vericuetos de la burocracia electoral. En el siglo XIX a los plebeyos se les trató de “peladitos” y, en el siglo XX, de “nacos”. Para la élite, su presencia en la vida pública del país era motivo de vergüenza porque revelaban con su forma de vestir, su color de piel, su uso del español, que no éramos todavía un país moderno. Los plebeyos eran muestra de nuestro atraso en la escalera de las naciones occidentales. “¡Qué pena con las visitas canadienses!”. Sin embargo, fue el voto plebeyo el que abrió la modernidad política dormida después de la mal llamada transición democrática del Pacto por México. Quien haya inventado al «Chipotle» no puede ver que la “modernidad” no es el “emprendedor”, sino el ciudadano politizado que plantea sus conflictos de forma pública, que está contra los privilegios, contra su efecto corruptor, contra las élites corporativas que no pagan impuestos, y contra de las burocracias doradas que no se quieren reducir el sueldo, que tienen abogados para ampararse. A esos “peladitos”, a esos “nacos” ahora les llaman “populismo”, es decir, a aquellos que aparecen por primera vez en el discurso público después de tres décadas de querer ocultarlos. Los propios consejeros del INE, Córdova y Murayama, han dictado cátedras sobre el populismo como si la inclusión de los olvidados de siempre en la política fuera una distorsión de la propia democracia. Según ellos, la revocación de mandato, las consultas populares para decidir sobre, por ejemplo, la instalación de una cervecera en un desierto donde no la gente no tiene, de por sí, agua, son peligrosas para México. Le llaman a eso “plebiscitarismo”. Para ellos, demasiada democracia es mala para la democracia. Al negarse a reconocerle su ciudadanía plena a los plebeyos, el «Chipotle» se enoja y los compara, como escribió un exconsejero presidente del IFE, con “perros de Pavlov” que van a las urnas a la menor convocatoria. No reconocerle a los plebeyos su soberanía hace que vean a los ciudadanos como manipulados por un líder que les habla “en su idioma”. Es no entender ni lo mínimo de la politización de los de abajo, de sus deseos de justicia y su encono con la corrupción impune. Creer que si se les habla a los plebeyos con el lenguaje que la élite cree que usan, entenderán que su lugar sigue estando fuera de la política. Cuando se ponen en público los conflictos antes soterrados, la élite llama a eso “polarización”. Más que definir la nueva situación política, decir que las demandas populares son “polarización” define a las élites. Según ellos, antes vivíamos en armonía, en el país de no pasa nada, en la despolitización del “todos son iguales”, del “yo no me meto en política”, del “ya pónganse a trabajar”. En una ponencia del 9 de diciembre del año pasado, el consejero presidente del INE, además de reconocer que su programa de educación cívica fue copiado del de la Alemania de la modernísima era post-Hitler, asegura que: “los populismos nacen del conflicto y necesitan del conflicto para existir, por eso la lógica del populismo es alimentar ese conflicto, inventar o identificar a los antagonistas, a los enemigos; y a partir de ello sobrevivir”. Entonces, según el Consejero Córdova, no existen conflictos en las sociedades, sino que se inventan para hacer política. Este lugar campestre e idílico era el del Pacto por México donde las diferencias entre izquierdas y derechas, priistas y panistas, se borraban con unas maletas de billetes.

La del «Chipotle» es la burocracia dorada que se opuso, una y otra vez, a la voluntad popular tachándola de peligrosa para esa supuesta armonía pluralista —la de la estabilidad despolitizada, con partidos que no representan conflictos, la democracia de los leguleyos. Ahora, ella misma se retrata enojada, frenética, como un chile. Lo que no encontrará esa burocracia dorada entre las cajas con los 10 millones de firmas, será el vaso de agua que les alivie tanto ardor.

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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