La Auditoría Superior de la Federación halló un probable desfalco en la Universidad Autónoma Metropolitana por un monto de 253 millones de pesos. Dicha partida fue otorgada a esa institución educativa, una de las más importantes del país, por la Secretaría de Educación Pública y tenía como destino la construcción de diversas obras en las sedes de Cuajimalpa e Iztapalapa, en la Ciudad de México, y Lerma, en el Estado de México. Sin embargo, la Auditoría destacó que la universidad no acreditó el uso del dinero público en dichos proyectos, que incluso se encuentran suspendidos, ni tampoco su destino final.
Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación encontró un probable desfalco por más de 253 millones de pesos en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), una de las instituciones públicas de educación superior más importantes de México.
De acuerdo con la más reciente revisión de la ASF a la cuenta pública del año 2015, la UAM recibió recursos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que tenían como destino la construcción de diversas obras en tres de sus sedes (Cuajimalpa e Iztapalapa, en esta capital, y Unidad Lerma, en el Estado de México), pero no pudo probar que se aplicaran a esos fines.
“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 253,099,912.00 pesos (doscientos cincuenta y tres millones noventa y nueve mil novecientos doce pesos) más los rendimientos financieros generados desde la fecha de recepción de los recursos federales por parte de la entidad fiscalizada, hasta la de su reintegro a la Tesorería de la Federación, en virtud de que dicho monto fue reportado como pagado por la UAM en la Cuenta Pública 2015 en los proyectos de inversión autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (…) sin que sin que la UAM acreditara que se aplicaron en los proyectos mencionados, ni comprobara el destino final de los recursos económicos recibidos”, dice el resultado de la revisión número 197-DS, difundida este año por la ASF.
Las obras cuyos avances no encontró justificados la ASF son las construcciones de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa, para la que se asignaron 74.1 millones en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015; del Módulo A del edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad de Iztapalapa y que contaba con 50 millones de pesos, así como de la Tercera Etapa de la Unidad Lerma, obra a la que se asignaron 128.9 millones de pesos.
La UAM, indica la ASF, declaró como ejercidos estos recursos y, al revisar físicamente las obras, encontró suspensión de trabajos y diferencias con respecto a los planes maestros que justificaron el financiamiento.
“Con la finalidad de tener una base sobre el grado de cumplimiento de la infraestructura de los proyectos de inversión (…) se realizó una visita a dichas unidades entre personal de la UAM y de la ASF en noviembre de 2016, de la cual se constató lo siguiente: en la unidad Cuajimalpa se tiene construida, terminada y en operación la Torre III con ocho niveles; en la unidad Iztapalapa, se tiene la construcción de los Módulos A y B de cinco niveles a base de estructura metálica, losas de entrepiso y muros en fachadas, las obras se encuentran suspendidas”, dice la ASF.
“Y en la Unidad Lerma se tienen construidos los edificios I ‘Cuerpo bajos B’ y II ‘Aulas’ a base de estructura metálica, losas de entrepiso y muros de fachadas, de tres y cuatro niveles, el proyecto se encuentra suspendido debido a los asentamientos presentados que condujeron a la instalación de pilotes de control”, agrega.
La ASF informa también que detectó el probable quebranto luego de solicitarle a la UAM información y documentación sobre un gasto de inversión en obra pública reportado por 253 millones de pesos en las obras mencionadas y que, insiste la ASF, son parte del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015.
“En atención a la solicitud de información y documentación que la ASF realizó a la UAM, la entidad fiscalizada (…) informó que, como organismo descentralizado del Estado, autónomo por ley, se encuentra facultado para autogobernarse y para administrar su patrimonio conforme a su normativa interna; por tanto, una vez que recibe los recursos que le otorga el Estado, éstos pasan a formar parte de su patrimonio; y agregó que, por lo que se refiere a su destino, los recursos asignados a las unidades de Cuajimalpa, Lerma e Iztapalapa se encuentran etiquetados en su programa de obras de 2016, el cual fue autorizado por el patronato y colegio académico”, narra la ASF.
“Al respecto, considerando lo expuesto por la entidad fiscalizada, se concluye que la UAM no acreditó documentalmente los compromisos adquiridos durante el ejercicio de 2015 para dichas unidades, ni la comprobación del gasto reportado como pagado en la Cuenta Pública 2015, ni el destino de los recursos aprobados y entregados”, agrega.
La revisión de la ASF recomienda también la “promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria” ante el Colegio Académico de la UAM, para que realice las investigaciones pertinentes y debido a que los recursos entregados para las obras mencionadas “no se han aplicado en dichos proyectos, ya que los tiene etiquetados para comprometerlos en su programa de obras de 2016”.
Consultado al respecto, la oficina de Comunicación Social de la UAM respondió a SinEmbargo que la institución educativa no ha sido aún notificada por la ASF.
“La Universidad no ha sido notificada formalmente por parte de la ASF, y entiendo que se tiene hasta octubre para que esto suceda. Revisando el documento referido, existen observaciones por un presunto desfalco, no una acusación sobre desfalco como tal”, informó David Alejandro Díaz Méndez, director de comunicación social de la UAM, en un correo electrónico enviado a este medio.
“No es primera vez que se hacen observaciones en este sentido, no sólo por parte de la ASF, sino por otras instancias como la ALDF; en todos los casos, se ha respondido puntualmente con base en el ejercicio presupuestal aprobado por nuestro Colegio Académico, y en consistencia con el presupuesto emanado de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda. Al día de hoy, cada observación emanada de auditorías pasadas ha sido explicada sin consecuencias negativas para la institución”, agrega el posicionamiento.
