Académicos coinciden: Luego de 17 años de alternancia en la Presidencia de la República y de la derrota del PRI en 2000, especialistas observan que el resquebrajamiento del presidencialismo derivó en cacicazgos locales de donde emergieron los gobernadores priistas que hoy son señalados por corrupción y desvíos de recursos públicos, entre otros crímenes.
Además, con mayores cantidades de dinero en la mano, producto de participaciones y del fortalecimiento del federalismo, los mandatarios locales se convirtieron en amos y señores del presupuesto, lo que derivó en el despilfarro y el robo a manos llenas.
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Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– La derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la elección presidencial de 2000 fue celebrada en el mundo como la transición pacífica de un partido autoritario a uno de oposición en México.
Casi dos décadas después, sin embargo, esta derrota tricolor aparece en el espectro de causas que dieron pie al reforzamiento de “cacicazgos” políticos estatales de los que emergieron, entre otros, los hoy gobernadores priistas acusados de peculado y demás actos de corrupción, como el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, el coahuilense Humberto Moreira Valdés o el chihuahuense César Duarte Jáquez.
Entre los motivos que generaron este resultado de lo que se esperaba fuera un avance político, de acuerdo con datos oficiales e historiadores, está el acceso que, a partir de que el PRI perdió el poder sobre el Ejecutivo federal, en 2000, fueron ganando las entidades federativas sobre el “gasto federalizado”, o los recursos repartidos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que, tan sólo entre los primeros dos lustros, crecieron casi al triple.
Incremento en el acceso a los recursos que, sin embargo, coinciden analistas, no estuvo acompañado del reforzamiento de la división de poderes estatales.
“La transición a la democracia, la alternancia en la Presidencia, venía acompañada de una intención de recuperar el federalismo y terminó regresando a las estructuras caciquiles que venimos arrastrando desde el virreinato”, dice el historiador Froylán Enciso Higuera.
“En los años 90, cuando la oposición empezó a ganar ciertas presidencias municipales, como en Chihuahua, o gubernaturas como Baja California, se esperaba que con la descentralización presupuestal, el aumento de transferencias de presupuesto a los Gobiernos de los estados, también se fortalecieran la independencia y la democracia de esos estados. Sin embargo, ese proceso de descentralización, lo único que logró es que regresáramos al estatus de cacicazgos o de pequeños virreinatos», agrega el también analista de la organización internacional Crisis Group.
Con el análisis coincide el también historiador José Antonio Crespo, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Por lo menos no sirvió para lo que pensábamos que iba a servir (…) Es decir, con la democratización, con dizque respetar el federalismo, fue darles impunidad a los Gobernadores para que hicieran lo que quisieran en sus estados, sin el contrapeso presidencial que había antes, o cierto contrapeso presidencial, y sin los controles internos, porque no sirven en los estados, donde todo lo controla el Gobernador. En realidad, no tuvimos federalismo, sino un feudalismo auténtico, donde los gobernadores son amos y señores, hacen lo que quieren porque no tienen contrapesos, y es lo que ha pasado. En ese sentido estuvo peor”.
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MÁS DINERO, MÁS DEUDAS
El aumento del gasto federalizado a su vez, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dio pie a otra problemática generada en las entidades y que también creció a partir de que el PRI perdió el control de la Presidencia: el aumento de las deudas públicas estatales, que aumentaron al amparo de estos recursos públicos usados por los Gobernadores para acceder a créditos bancarios.
“La tendencia del crecimiento de la deuda de los Gobiernos locales y sus organismos dependientes es consecuencia, entre otros, de los factores siguientes: las mayores participaciones federales han brindado más oportunidades de contratación de crédito, al quedar como garantía o fuente de pago”, advirtió desde 2011 la Auditoría Superior de la Federación en un análisis de las deudas públicas.
“En el periodo 2000-2010 (las participaciones) pasaron de 178 mil 136.2 millones de pesos a 437 mil 327.6; es decir, su valor nominal creció 2.5 veces con una variación real de 39.9 por ciento y un incremento de 124 mil 822.7 millones de pesos a precios constantes de 2010. Las entidades federativas y algunos municipios han emitido certificados bursátiles en el mercado de valores con fuente de pago en sus ingresos y en las participaciones”, agrega el documento.
De acuerdo con la auditoría, estas operaciones surgieron desde el año 2001, un año después de que el PRI perdió la Presidencia pero gracias a “las modificaciones a la Ley del Mercado de Valores, que otorgaron facultades a los gobiernos locales para obtener recursos en el mercado bursátil”.
Fue en este tiempo, de acuerdo con esta misma investigación de la ASF, que empezó a crecer “de manera crítica” la deuda de Veracruz, uno de los estados que ahora no sólo es uno de los más endeudados, sino también origen del ex mandatario priista considerado “emblema” de la corrupción que vive ahora México, Duarte de Ochoa.
“Veracruz fue un caso crítico, al elevar su deuda en casi 1,229 veces, ya que de un saldo de 17.8 millones de pesos en 2000 llegó a 21 mil 874.9 millones de pesos en marzo de 2011”, advirtió desde entonces la ASF.
En la Secretaría de Hacienda, a cargo de la vigilancia en este aumento en las deudas, estuvo entre 2000 y 2006 a cargo de Francisco Gil Díaz, electo en el Gobierno del panista Vicente Fox pero parte del grupo de economistas cercanos al ex Secretario de Hacienda del sexenio de Carlos Salinas, Pedro Aspe Armella, ambos ex profesores del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). De éste grupo forma parte también José Antonio Meade, Secretario de Hacienda en el siguiente sexenio, con el Presidente panista Felipe Calderón, y actualmente, con el Presidente priísta Enrique Peña Nieto.
EVERCORE, BANOBRAS, MOREIRA, DUARTE…
En la historia de este mercado de deuda subnacional generado a partir de que el PRI perdió la Presidencia, aparece desde 2002 el nombre de la firma Protego y que hoy es Evercore, una casa de bolsa fundada por Pedro Aspe Armella, y de donde han salido funcionarios de Hacienda como el primer titular de esa dependencia con Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, así como su ex Subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela Rodríguez.
Entre los estados asesorados por esta firma desde inicios de siglo están varios de los que ahora se encuentran entre los más endeudados, como Veracruz, Coahuila o Chihuahua.
Sobre Veracruz, un documento de la firma plantea que el trabajo inició en 2003, donde el entonces mandatario priista Miguel Alemán Velasco había aumentado ya sustancialmente su deuda a más de 2 mil 700.
«Debido a que el Gobierno de Veracruz adelantó los pagos de capital de su deuda con el objetivo de entregar sin deuda el Estado a la próxima administración [a cargo de Fidel Herrera Beltrán], los recursos disponibles para concluir a tiempo la infraestructura hospitalaria requerida eran insuficientes», expuso la firma en una presentación escrita de sus servicios de “Asesoría Financiera Estratégica a Estados y Municipios”, de 2004.
“Protego diseñó una emisión respaldada con el Impuesto Sobre Nóminas con el objetivo de poder disponer de una parte de los flujos del impuesto que se recibirán durante el 2004, para concluir a tiempo la infraestructura hospitalaria», dice el texto.
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La misma firma de Aspe asesoró en 2006, entre otros, al Gobierno de Coahuila, encabezado entonces por el hoy ex mandatario priísta Humberto Moreira Valdés, también ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en 2011, cuando el hoy Presidente Enrique Peña Nieto fue electo como candidato a la Presidencia de la República.
En noviembre de 2012, Evercore firmó con el Gobierno de Puebla, entonces a cargo del panista Rafael Moreno Valle, la creación de un Fideicomiso que aun recibe el cien por ciento de lo que pagan los empresarios del estado por concepto del Impuesto Sobre la Nómina y que garantiza el pago de los compromisos contraídos por el mandatario –además aspirante a la candidatura presidencial en 2018– para el pago de diversas obras.
Y, en 2013, Evercore diseñó un fideicomiso para que el Gobierno de Chihuahua, entonces a cargo del todavía priísta César Duarte Jáquez, accediera a 19 mil 725 millones de pesos en once préstamos bancarios.
Los tres estados, sin embargo, emergieron después con problemas también críticos de endeudamiento: Moreira había recibido 323.2 millones de pesos al inicio de su sexenio y para su último año completo en el Gobierno, 2010, la deuda era ya de 8 mil 267 millones de pesos, y de 36 mil 509 al cierre de quien quedó como su interino.
La deuda de Chihuahua registró un aumento del 79 por ciento en 2013, cuando se registró la intervención de Evercore y los pasivos pasaron de 23 mil 284.8 millones a 41 mil 768 millones de pesos.
Y, en agosto pasado, también de acuerdo con la ASF, el Gobierno de Puebla se ubicó en el primer lugar de deuda pública no reportada al Gobierno federal: 16 mil millones de pesos más que los 8 mil 608 contados por el Gobierno federal.
Otra institución que aparece en este esquema de endeudamiento es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), que en 2014 concedió cuatro préstamos por cuatro mil 285.3 millones de pesos al Gobierno de César Duarte y, también, fungió como garante para que el hoy prófugo de la justicia pudiera mejorar sus calificaciones crediticias.
Esto, durante la administración al frente de Banobras de Alfredo del Mazo Maza, primo de Peña Nieto y hoy candidato del PRI al Gobierno del Estado de México.
“En 2014 se contrató una Garantía de Pago Oportuno (GPO) con Banobras para los créditos que se encuentran en el fideicomiso F/0152, el cual tiene afectado el 56.98 por ciento del FGP (Fondo General de Participaciones) del Estado”, dice un boletín de la calificadora HR Rating publicado en noviembre de 2015.
“El Estado de Chihuahua, Evercore Casa de Bolsa (Fiduciario) y Banobras (Garante) realizaron la firma del contrato de Garantía Parcial, Incondicional e Irrevocable con el fin de cubrir cualquier insuficiencia de pago a los acreedores de los créditos que cuentan con esta garantía, incluyendo intereses y montos de principal insolutos (…) Con la contratación de esta garantía a los financiamientos inscritos en el Fideicomiso F/0152, se obtuvo una mejora en sus calificaciones crediticias y por lo tanto una disminución en la sobretasa para el cobro de intereses”, agrega el boletín.
Otro que apoyó como funcionario de Hacienda el endeudamiento de Duarte Jáquez fue el hoy ex Subsecretario Fernando Aportela, también ex empleado de Evercore.
“El endeudamiento de Chihuahua se encuentra en niveles adecuados y no representa ninguna problemática en términos macroeconómicos, porque su nivel es sólo del 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al nivel agregado”, dijo en febrero de 2016 el entonces Subsecretario Aportela, de acuerdo con la prensa de aquella entidad.
MÁS RECURSOS, MENOS CONTRAPESOS
Tanto Duarte Jáquez como Moreira Valdés terminaron además acusados, el primero, de peculado y, el segundo, de lavado de dinero y otros delitos.
Excesos que, de acuerdo con un reporte difundido en febrero pasado por la organización Crisis Group, derivaron, en parte, de este acceso “sin precedentes” de los Ejecutivos estatales a los recursos públicos.
“El desmantelamiento de los viejos mecanismos de control informales ejercidos por el PRI llevó a un incremento en la alternancia de poder político y a una mayor diversidad en las oficinas municipales, estatales y federales. Pero en muchos casos no ha logrado mejorar la gobernanza. La descentralización, promovida como la forma de introducir una participación genuina en el sistema federal, ha brindado a los gobernadores un acceso sin precedentes a los fondos federales (…) estos flujos de fondos, sumados a la ‘absoluta ineficacia o ausencia de ‘controles y contrapesos’ dentro de los estados, han permitido a los gobiernos ‘transformarse en señores feudales”, advirtió el reporte titulado “Veracruz: reformar el Estado de terror mexicano”.
También para Alberto Aziz Nassif, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la mezcla de este aumento en los recursos por parte de los Gobiernos estatales más la falta de evolución en los contrapesos políticos locales están en el origen de los abusos de poder ahora atribuidos a los ex Mandatarios.
“Con las alternancias se pierden los viejos mecanismos de control vertical que tenía la Presidencia sobre los gobernadores, al mismo tiempo se va incrementando el presupuesto que se destina, se va descentralizando el gasto y son Gobiernos que van teniendo más recursos y que al mismo tiempo no van teniendo el conjunto de instituciones que les puedan hacer contrapesos”, dice Aziz Nassif.
“Es decir, no se construyen Congresos más plurales que sean organismos de transparencia o de rendición de cuentas. Entonces, es como una contradicción: más recursos públicos, menos vigilancia, menos transparencia, menos contrapesos y generan estas situaciones”, agrega.
