Emilio Lozoya aseveró que en 2013 Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirectivo de Odebrecht en México, le comentó que Carlos Treviño fue uno de los funcionarios que había ayudado a los brasileños a conseguir el contrato de la planta de Etileno XXI a Braskem.
Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- Un Juez federal dictó una orden de aprehensión en contra de Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por no comparecer en la audiencia en donde sería imputado por los supuestos delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso de la planta de Etileno XXI.
Según la información presentada por Abel Barajas en Reforma, Daniel Ramírez Peña, Juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó detener al exfuncionario de la petrolera mexicana, pues la la Fiscalía General de la República (FGR) busca llevarlo ante la justicia por las declaraciones de Emilio Lozoya Austin, su predecesor en el cargo y preso en el Reclusorio Norte desde este miércoles 4 de octubre.
Los informes judiciales señalaron que después de que el pasado 7 de septiembre Carlos Treviño no se hiciera presente en la audiencia de imputación, el Juez lo declaró como «sustraído de la acción de la justicia» y posteriormente
ordenó su captura con el objetivo de llevarlo a proceso.
Aunque en la información expuesta por Reforma se destaca que no se precisaron los delitos, la aprehensión es consecuencia de no presentarse en la audiencia durante la que le habrían sido imputados los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, ninguno con prisión preventiva oficiosa.
El día de la cita, Carlos Treviño envió mediante su defensa un escrito al Juez expresando que no habían las condiciones de legalidad y seguridad jurídica para garantizar un juicio justo.
El 11 de agosto de 2020 Lozoya interpuso una denuncia contra 17 actores políticos de gobiernos anteriores, entre quienes se encuentra Treviño. Dicho proceso fue radicado en el Centro de Justicia Penal Federal, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Lozoya aseveró que en 2013 Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirectivo de Odebrecht en México, le comentó que Treviño fue uno de los funcionarios que había ayudado a los brasileños a conseguir el contrato de la planta de Etileno XXI a Braskem, filial de Odebrecht.
Asimismo, el exdirectivo habría señalado que en septiembre de 2014 envió cuatro millones de dólares en efectivo a Treviño como pago por dicha adjudicación y por mantener inamovibles las condiciones del convenio, acusaciones que el exfuncionario rechazó, según retomó Reforma anteriormente.
El supuesto pago de Emilio Lozoya es uno de los pocos que no tuvo como objetivo comprar su voto para que fuera aprobada la Reforma Energética. Además, el ahora preso en el Reclusorio Norte afirmó que Treviño, desde su posición como director corporativo de Finanzas y Administración en Pemex, colaboró en la asignación del contrato filial de Odebrecht.
Por ello, Treviño presentó una denuncia, en la que también enfatizó que es imposible que los hechos que relató Lozoya hayan sucedido, ya que él no ocupaba ningún cargo en Pemex cuando se desarrolló la licitación y se asignó el contrato a Braskem-IDESA, ni cuando supuestamente le enviaron el soborno. Pero la denuncia también es en contra de quienes resulten responsables, como funcionarios de la FGR.
“El Ministerio Público no ha investigado ni corroborado lo manifestado por un testigo no confiable, de oídas y con incentivo para mentir, por eso tan responsable es Emilio Lozoya por mentir como los servidores públicos que fingen creerle y protegen su declaración mediante la omisión de investigar”, dijo el exfuncionario citado por Milenio.
En la declaración de Treviño, quien se hizo acompañar de su abogado, Óscar Zamudio, se afirmó que la denuncia de Lozoya “está construida con base en falsedades, mentiras y hechos sacado de contexto”.
“La información proporcionada por Lozoya Austin en su denuncia de hechos no aporta información esencial ni eficaz y mucho menos fidedigna para la persecución de un delito más grave que los que se le imputan”, agregó el funcionario.
“Cambio de versiones y alteración de documentos es a lo que se ha tenido que recurrir para enderezar las falsedades sostenidas por Emilio Ricardo Lozoya Austin en su denuncia de 11 de agosto de 2020”, sostuvo.
