Con estos cambios en el sistema, algunos presos podrían conseguir su libertad. Además, se pretende que este nuevo decreto entre en vigor inmediatamente para que la liberación no se exceda del 15 de septiembre del presente año.
Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que se firmará un decreto para liberar presos que no hayan cometido delitos graves y que cumplan con más de 10 años sin sentencia, adultos mayores de 75, o adultos mayores de 65 con enfermedades crónicas.
Durante la conferencia de prensa matutina, se indicó que en los próximos días se realizará el decreto en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), bajo el mando de Olga Sánchez Cordero, para que entre en vigor inmediatamente con el objetivo de evitar que la liberación se exceda del 15 de septiembre de 2021.
Sánchez Cordero explicó que AMLO los instruyó en los cuatro puntos en los que puede ser aplicable, además, en todos los casos se seguirá un procedimiento simplificado.
1. Todos aquellos no sentenciados por el fuero federal y con más de 10 años en prisión se convertirán en personas libres.
2. Los adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles del fuero federal y que no hayan cometido delitos graves.
3. Adultos mayores de 65 años que estén en la cárcel, con enfermedades crónicas y que no hayan llevado a cabo delitos graves. En este caso se le pedirá a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes.
4. Todo interno que haya sido torturado durante el proceso de detención y se pueda comprobar a través del protocolo de Estambul.
«No queremos la tortura en México. Nadie merece ser torturado, nadie», expresó el Presidente.
Mayores de 65 años podrán pedir su excarcelación enfermedad y también buscan que sea posible solicitar la excarcelación por tortura. El decreto fue solicitado por el presidente @lopezobrador_, informó Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero).
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 29, 2021
La población total que actualmente está privada de su libertad en cárceles federales es de 220 mil 114 personas, de las que 125 mil 567 están sentenciadas y 94 mil 547 no cuentan con sentencia.
Del sector no sentenciado, de fuero común son 82 mil 189, mientras que de fuero federal hay 12 mil 358.
El Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que Israel Vallarta, detenido por secuestro desde 2005 por el mediático caso de la francesa Florence Cassez y sin sentencia hasta ahora, debe ser liberado, ya que se cometió tortura durante su detención.
“Existe una recomendación emitida el pasado mes de abril por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde se establecen, con toda claridad, violaciones al debido proceso y la comisión de tortura al señor Vallarta durante su detención, lo cual a nuestro juicio debe ser considerada por el Juez, y por lo tanto la tortura debe invalidar las pruebas obtenidas posteriormente a su detención”, aseguró Encinas, encargado del área de derechos humanos.
La secretaria @M_OlgaSCordero y el subsecretario @A_Encinas_R elaborarán un decreto para liberar a:
⭕️Mayores de 75 años.
⭕️Mayores de 65 con enfermedades.
⭕️Personas con más de 10 años sin sentencia.
⭕️Personas que el protocolo de Estambul demuestre que sufrieron tortura.— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 29, 2021
Encinas Rodríguez consideró que la tortura es “una de las prácticas más degradantes contra dignidad y los derechos de las personas” y que los torturadores “deben ser castigados”. Todo ello durante la conferencia “mañanera” del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
AMLO espera que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto y aseguró que la Secretaría de Gobernación tiene un nuevo rol «para la protección de los derechos humanos y de la justicia».
Esta es una medida adicional a la Ley de Amnistía que promulgó el Gobierno en abril de 2020 con el objetivo de liberar a unas seis mil personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.
El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reportó en marzo pasado una sobrepoblación en 172 centros penitenciarios federales, de un total 288, es decir, 60 por ciento del total.
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El Gobierno ha atribuido el problema al rezago que existe en los juzgados, al presentar que el Poder Judicial de la Federación tiene una carga laboral de 2.4 millones de trámites, mientras que los tribunales superiores de justicia de los estados tienen una de 31 millones.
–Con información de EFE
