En Guatemala convergen lacerantes factores estructurales de pobreza, discriminación y desigualdad, así como violencia acarreada del conflicto interno que no ha cesado a pesar de los acuerdos de paz de 1996. No podemos dejar de mencionar que Guatemala también es uno de los países más violentos del continente.

Este escenario de la posguerra también explica un panorama de continuas violaciones a las libertades de expresión y de prensa, marcado por problemáticas como la de la violencia contra las y los periodistas, la concentración de la propiedad de los medios o las dificultades para el libre acceso a la información pública, por mencionar algunas. Por ello las organizaciones de Guatemala Centro Civitas y Artículo 35, con apoyo de Artículo 19 publicaron el pasado 3 de mayo el atinado y contundente informe “Guatemala: Estado contra la prensa y libertad de expresión”.

Uno de los antecedentes históricos inmediatos de la violencia contra periodistas ejercida desde el Estado es el conflicto armado interno (1960-1996), durante el cual fueron asesinados por lo menos 342 periodistas y desaparecieron otros 126, situación cuyos efectos perduran, pues a la fecha permanecen en la impunidad. En ese entonces, se adoptó la forma de censura más extrema: la muerte. Pocos países de la región pueden dar cuenta de manera tan precisa como se ha desarrollado la violencia contra la prensa en los últimos 60 años.

En el informe presentado el Día Mundial de la Libertad de Prensa, se consignó que entre 2011 y junio de 2020 la amenaza y la coacción siguen siendo los delitos más denunciados, lo cual coincide plenamente con las percepciones de los periodistas de que las primeras constituyen la forma de violencia más común en su contra. Como consecuencia de las ofensivas contra la libertad de prensa, 50 personas han perdido la vida en razón de su ejercicio.

Uno de los fenómenos de violencia más preocupantes observado durante 2020, es la criminalización de periodistas. Hubo casos muy notorios, que hicieron evidentes los diversos tipos penales utilizados para criminalizar a periodistas, como: difamación y violencia psicológica (Sonny Figueroa-Marvin del Cid),  portación ilegal de pertrechos (Francisco Chox), intento de soborno (Sonny Figueroa), extorsión (Pavel Vega),  sedición, hurto, robo e incendio agravados (Anastasia Mejía).

El Centro Civitas, en su informe “Agresiones contra periodistas en Guatemala, una radiografía de 2015”, demuestran que el grupo más destacado de agresores a periodistas durante el periodo analizado fueron agentes de seguridad públicos y privados. Destaca el caso del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) y el papel de persecutor y guardián de la prensa que jugo la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, particularmente cuando se inicio el proceso penal contra dicho expresidente en 2015.

Algo destacado en este informe es el análisis de la violencia estructural diferenciada por género y por regiones, ejercicio inéditos en la América Latina que pueden abonar en la profundidad de nuestros diagnósticos y en la mejora de la política pública. En cuanto a la violencia de género, según un estudio del Centro Civitas, el 78 por ciento de las periodistas participantes opinaron que el acoso sexual contra mujeres periodistas en Guatemala es un problema grave, que constituye una limitante personal y profesional. Peor aún, el 90 por ciento de las encuestadas experimentaron acoso sexual. El estudio también reveló otro problema grave: los casos no son denunciados. Como es de esperarse, más no de normalizarse diversas instituciones del estado no cuentan con protocolos especializados para atender a mujeres periodistas.

En cuanto a la llamada violencia en los Departamentos (equivalente a las entidades federativas en México) la situación es preocupante. En las llamadas “zonas silenciadas” y en otras regiones departamentales, las y los periodistas enfrentan la violencia generada por el crimen organizado y el narcotráfico; por la protesta y el rechazo a proyectos extractivos y que afectan el medio ambiente; por descontentos sociales debidos a la gestión municipal; por la población común que no es consciente de la importancia de la labor periodística; por grupos ilegales de vigilancia ciudadana, y por alcaldes y consejos autoritarios o involucrados en redes criminales. A ello hay que sumar la persecución a comunicadores y comunicadoras comunitarios.

En cuanto a comunicación política de las tres últimas administración (Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei) se identifican patrones preocupantes. La criminalización y persecución penal de las radios comunitarias; el uso de netcenters para desacreditar y atacar a periodistas en las redes digitales; la confrontación directa de los presidentes con la prensa; la negativa a informar; los ataques selectivos a periodistas independientes y que realizan un periodismo investigativo; la manipulación de la opinión pública y el manejo discrecional y arbitrario de la pauta publicitaria gubernamental en favor del monopolio de la televisión abierta. ¿Todo ésto nos  suena familiar en México?

Como Artículo 19 publicó en su informe “COVID 19: libertad de expresión y derecho a la información”, durante la pandemia el Gobierno actual (Giammattei ) se ha caracterizado por el bloqueo de medios independientes a eventos de Gobierno. A ello se suma la amenaza de emprender acciones de criminalización y una narrativa estigmatizante desde el propio Presidente. La hostilidad contra la prensa se extiende a otros poderes públicos, como el Congreso, el cual también pretendió bloquear a periodistas críticos durante este periodo de pandemia.

Sobre la impunidad como mal estructural y como aliciente y perpetuación de la violencia contra la prensa, tenemos que  los casos resueltos por sentencias o medidas aplicadas apenas representan 7.9 por ciento del total de las denuncias en el periodo analizado (2011 a 2020). El porcentaje sigue siendo bajo y prevalece la percepción generalizada entre las y los periodistas de que los casos “no caminan”, es decir, no dan muestras de avance para sancionar a las personas responsables de un ataque. Esto apuntala las percepciones de que el Estado guatemalteco no muestra interés en acabar con la impunidad en la materia abordada, no está calificado para realizar su labor, no cuenta con recursos suficientes o está coludido con poderes corruptos; y, sobre todo, la aplastante percepción de que sí hay impunidad en los casos de delitos contra periodistas en Guatemala.

En el presupuesto público se refleja las prioridades  de un Estado. En el caso de las entidades protección e investigación de delitos cometidos contra periodistas, la inversión ha sido 23 veces menor en 10 años  (13 millones de dólares) que lo invertido en un solo año para los militares (340 millones de USD). La falta de voluntad política no sólo se manifiesta en el desinterés por dotar de recursos a la institucionalidad encargada, sino también en el incumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado guatemalteco, como en 2012, en el marco del Examen Periódico Universal, en Ginebra, Suiza, de crear un Programa de Protección a Periodistas.

Si bien existe un marco legal importante han sido relegados desarrollos legales esenciales, a pesar de diversos llamados en el ámbito nacional como internacional. Quizás lo más señalado sea la inexistencia de una ley que regule el funcionamiento de las radios comunitarias, una que diversificque el espectro radioeléctrico u otra que regule la publicidad oficial. A ello hay que sumar la persistencia de los delitos contra el honor en el Código Penal, situación que contradice los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

En cuanto a la transparencia gubernamental, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información resaltó en su segundo informe regional, “Acceso a la información en contexto de emergencia sanitaria”, que Guatemala forma parte del 27 por ciento de países que posee una adecuada regulación normativa de ese derecho, pero “es incumplida de manera sistemática”.

Lo que respecta el acceso a internet, Guatemala es el país del istmo con mayor cantidad de usuarios de internet, 6.2 millones, 132 pero con los más bajos niveles de penetración o alcance territorial (37 por ciento contra 87 por ciento en Costa Rica). Además, es el país que muestra los porcentajes más bajos de internet móvil en Centroamérica. En materia digital, no hay un marco legal, institucional y regulatorio ni programas o planes bien estructurados de cara a las necesidades de desarrollo del país y sobre todo en términos del acceso equitativo a internet.

A pesar de algunos avances en términos legislativos e institucionales, la libertad de expresión es una asignatura pendiente en Guatemala. Más voluntad del Estado y una institucionalidad robusta que proteja esta básica libertad democrática es la demanda vigente y urgente de la sociedad guatemalteca y sus periodistas. Hoy parece que esa aspiración está lejos de cumplirse.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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