Aunque crece la cifra de personas afectadas por delitos, las políticas de atención muestran contradicciones, pues la Fiscalía solo ha ejercido en 2021 menos del ocho por ciento de su fondo de 43 millones, guardado en bancos.
Por Carmen Pizano
Guanajuato, 26 de noviembre (PopLab).- A pesar de que Guanajuato cuenta con dos fondos de apoyo, las víctimas del delito tienen que enfrentarse al constante regateo para recibir ayuda; mientras la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) enfrenta un recorte presupuestal para 2022 propuesto por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre acumula en sus cuentas bancarias un fondo de 43 millones, pues en los primeros nueve meses del año solo ejerció un 7.8 por ciento.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicada en septiembre de 2021, 23 de cada 100 habitantes del estado han sido víctimas de algún delito; sin embargo, va en decremento el presupuesto destinado para la Comisión que fue creada a finales de 2020 para dar atención integral a víctimas.
En términos generales, la Comisión que dirige Sergio Jaime Rochín del Rincón tuvo como primer presupuesto en 2021 un total de 32 millones 533 mil 436 pesos, de los cuales se etiquetaron 15 millones para el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Para el ejercicio fiscal de 2022, la propuesta que llevó el Ejecutivo estatal al Congreso local contempla apenas 25 millones 101 mil 607 pesos, incluida la operación de CEAIV y el fondo de apoyo a víctimas para el que solo se etiquetaron 6 millones 200 mil pesos, aunque el compromiso de la Secretaría de Finanzas es hacer los ajustes para que el año inicie con 13 millones de pesos.
Contrario a las limitaciones de la CEAIV, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato conserva un fondo millonario que no ejerce y opta por mantenerlo en cuentas bancarias que generen rendimientos. En el último informe financiero del organismo se detalla que al cierre del tercer trimestre de 2021 el Fondo de Víctimas y Ofendidos del Delito había acumulado en el banco 43 millones 37 mil 767 pesos, y del 1 de enero al 30 de septiembre de este año solo se habían entregado 3 millones 697 mil 672 pesos; es decir, apenas el 7.8 por ciento del dinero.
El fondo de la Fiscalía para Víctimas y Ofendidos del Delito se integra, entre otros conceptos, de los decomisos y recursos que se obtienen por la enajenación de los bienes decomisados, recursos que podrían dirigirse para el Fondo de la CEAIV si el Congreso de Guanajuato hiciera las reformas legales que impulsan colectivos de búsqueda y personas defensoras de derechos humanos.
Sergio Jaime Rochín del Rincón, titular de la CEAIV, respaldó la propuesta de reforma que promueven integrantes de los 14 colectivos de búsqueda y organizaciones defensoras de derechos humanos que les acompañan, como una salida a la falta de recursos que etiqueta el Ejecutivo estatal.
«Apoyo, sin duda, que la propia Ley de Víctimas del Estado se modifique para que los decomisos, una parte de la cantidad decomisada a la delincuencia, se vaya al fondo. Eso viene en la Ley General de Víctimas, pero en la Ley de Víctimas del Estado no está… Es muy lógico porque ese recurso lo obtuvo la delincuencia de las víctimas, de haber dañado a las víctimas, sería muy lógico que ese recurso volviera a las víctimas».
Actualmente es la Fiscalía de Guanajuato la que tiene las facultades para administrar el dinero que resulta de los decomisos que se hacen a grupos y personas ligadas a la delincuencia organizada.
Para Rochín, quien presidió durante cinco años la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tendría que ser la CEAIV la responsable de brindar la ayuda.
«Soy de la idea de que esto debería de pasar, tanto la asesoría jurídica a víctimas como los apoyos, todo debería partir de la Comisión Estatal. No se puede transformar todo de un día para otro, hay que ir logrando poco a poco esta transformación, que poco a poco la comisión se vaya fortaleciendo en materia de atención».
FGE ACUMULA DINERO DE VÍCTIMAS EN EL BANCO
Aunque en mayo de 2020 con la creación de la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, los diputados de Guanajuato conservaron para la Fiscalía General del Estado la facultad para administrar y operar un fondo para la atención y apoyo a las víctimas y ofendidos del delito.
Guanajuato cuenta con dos fondos de apoyo a víctimas; sin embargo, el de la Fiscalía, que es el que tiene la mayor cantidad de recursos económicos, es el que menos reparte.
De acuerdo al último informe financiero publicado en el portal oficial de la FGE, de los 43 millones 037 mil 767 pesos están en dos cuentas: una de cheques con menos de un millón de pesos, y la segunda en una cuenta de inversiones más rendimientos.
Los 3 millones 697 mil 672 pesos que se entregaron en los primeros nueve meses del año se destinaron, en su mayoría, para asistencia médica, psicológica y psiquiátrica (2.3 millones de pesos), 888 mil 503 pesos fueron para ayuda económica y 447 mil se fue en la implementación de medidas de protección.
Del total de víctimas de Guanajuato, la Fiscalía sólo entregó algún tipo de apoyo en 270 casos.
DECOMISOS PARA FONDEAR CEAIV
Para que se pueda fondear la ayuda, asistencia y reparación integral del daño a la que obligada la Comisión Estatal de Atención a Víctimas es necesario no solo depender de los recursos que etiquete el Ejecutivo estatal, sino que pueda apoyarse con un porcentaje del dinero que resulta de los decomisos que se hace a la delincuencia organizada, sostuvo el comisionado Jaime Rochín del Rincón.
En entrevista recordó que el tema de la reforma a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato para que se armonice con la legislación federal en la materia, con el objetivo de que una parte de los decomisos sean destinados al fondo, ha estado en la agenda de los colectivos de búsqueda y personas defensoras de derechos humanos que buscan que los diputados locales tomen en cuenta.
«Si logramos que se reforme la Ley, que se garantice que al fondo puedan entrar recursos que se toman de la delincuencia, eso podría ser una salida muy adecuada para no afectar gravemente el manejo del presupuesto».
El comisionado estatal de atención a víctimas aseguró no estar en contra de que la Fiscalía cuente con un fondo para apoyo, pero dijo que se debe apostar a que sea la CEAIV la que cuente con recursos para poder cumplir con las atribuciones legales para las que fue creada.
«La Fiscalía sigue dando apoyos. Claro, lo ideal sería que un momento dado todo este apoyo lo diera la Comisión de Víctimas, pero como no tenemos recursos suficientes, la Fiscalía lo sigue haciendo de un fondo que ellos han generado con recursos propios».
Además de los recursos propios que obtiene la Fiscalía por conceptos como el monto de las reparaciones del daño no reclamadas o el 50 por ciento de los ingresos obtenidos por la expedición de constancias, el organismo tiene la facultad legal de asignar un porcentaje de los decomisos.
PROYECCIÓN PRESUPUESTAL DE CEAIV, AJENA A LAS NECESIDADES REALES
En el proyecto de presupuesto de egresos para 2022 que envió el Ejecutivo al Congreso local únicamente se etiquetaron 6 millones 200 mil pesos para el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, aunque el compromiso es que el fondo sea de 13 millones de pesos.
La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración calculó, con base en la fórmula que establece la Ley de Víctimas, que el fondo del próximo año debe ser de 13 millones de pesos, pero por los remanentes del fondo 2021 de la CEAIV solo se proyectaron los 6.2 millones de pesos.
«Haciendo una revisión en las mesas de presupuesto que se realizan con todas las dependencias y entidades, se le dijo [a Jaime Rochín] ‘oye, del presupuesto que se te dio este año todavía traes saldo disponible, qué te parece si yo te asigno para el siguiente año 6.2 millones, para así llegar a los 13 que marca la Ley’. Si al cierre de este año se han comprometido más, se le podrá hacer una asignación para que al inicio del ejercicio cuente con los 13 millones que marca la Ley», explicó en entrevista el subsecretario de Finanzas e Inversión, Edmundo Alain Soto Torres.
Cuando se hicieron las primeras revisiones del presupuesto, la CEAIV había ejercido 6.8 de los 15 millones de pesos que tenía para el fondo en 2021, porque la Comisión comenzó a hacer uso de los recursos para apoyar a las víctimas hasta el mes de septiembre, luego de que en agosto se publicaron las reglas de operación, explicó Jaime Rochín.
«Si al final del presupuesto 2021 yo ya ejercí 12 de los 15 millones, me van a tener que dar 10 de los 13 que ya están comprometidos», compartió Jaime Rochín.
El proyecto de presupuesto de egresos contempla que sean 25 millones 101 mil 607 pesos de presupuesto para la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, monto que incluye la operación y el fondo.
«El compromiso que ellos hicieron conmigo es que aunque el cálculo haya sido de 25 millones, si requiero más para el fondo al final del año se va a garantizar».
En menos de cuatro meses, la Comisión de Víctimas ha distribuido 10 de los 15 millones de pesos destinados para todo 2021, por lo que iniciar 2022 con solo 13 millones resultaría insuficiente.
Rochín compartió que tiene dos parámetros en el tema del presupuesto para el fondo: uno ideal y otro que es posible. El ideal, según la experiencia del comisionado estatal, es que se pudiera fondear con 45 millones de pesos anuales la ayuda a las víctimas, pero ante las dificultades económicas, el presupuesto posible para arrancar abarcar más de la mitad del año es de 20 millones de pesos. «Creo que podría hacerse este ajuste para que el Congreso autorice esos 20 millones».
«Yo tengo la expectativa que el Congreso pueda, entendiendo las necesidades y los requerimientos de las víctimas, aumentar el presupuesto tanto del fondo como del presupuesto operativo».
Actualmente la CEAIV opera con 18 funcionarios, aunque cuando inició a finales de 2020 la plantilla era de solo cuatro personas, incluido el comisionado estatal. Ante la falta de presupuesto para contratar más personal, Jaime Rochín del Rincón planea que se puedan bajar recursos que tiene la Federación en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que contempla un apartado para infraestructura y operación de las comisiones de víctimas.
«El año pasado ya no alcanzamos porque era muy tarde, este año sí estoy planteando que de ese fondo se puedan generar recursos para la operación de la comisión, para asesores jurídicos».
Con los poco menos de 19 millones de pesos que quedan de restar los 6.2 millones de fondo que fueron proyectados, la Comisión no tiene posibilidades para incrementar las plazas, de ahí que se buscarían los recursos federales para contrataciones temporales.
En 2021, el primer año de la CEAIV, el gasto únicamente para la operación fue de poco más de 17.5 millones de pesos, ahora el incremento que se daría apenas corresponde al inflacionario.
