Guanajuato no solo fue la entidad del país donde hubo más homicidios este año, durante los primeros once meses se contabilizaron 4 mil 209 personas asesinadas, 30 por ciento más que en 2019, también encabezó numerosos conteos ominosos, uno de ellos, el de policías asesinados. Es el tercer año consecutivo.
Por Martha Silva
Guanajuato, 1 de enero (PopLab).- Aunque el gobierno de Guanajuato ha mantenido un discurso optimista de que se está controlando la violencia, con una política de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y un incremento de salarios, este año mataron a más policías que nunca: con 83 homicidios dolosos de este tipo, la entidad duplica los números de cualquier otro estado y supera en 5 por ciento la cifra del año pasado, cuando se registró el asesinato de 79 agentes.
La investigadora en la organización Causa en Común María del Pilar Déziga señala que, no obstante la evidencia de las cifras, los políticos no están entendiendo la magnitud del problema, pues no se propician condiciones laborales dignas.
Pese al anuncio del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, de que los policías estatales de Guanajuato serán los mejor pagados del país pues ganarán 20 mil pesos libres al mes, la realidad, explica la especialista, es que «las policías, que son los primeros respondientes, están no solo en malas condiciones sino desprotegidos completamente y la tendencia a la militarización de la seguridad pública tampoco está dando resultados, la violencia sigue a tope».
En #GTO nos la jugamos con nuestras @FSPE_Gto, que a partir de enero serán la policía mejor pagada del país y también serán una de las mejores equipadas.
Queremos devolverle la paz y tranquilidad a nuestro estado y lo vamos a lograr con nuestra policía estatal. @SeguridadGto pic.twitter.com/DtGYp2juuf— Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) December 11, 2019
Más allá de los números, el asesinato de un solo policía evidencia una descomposición social en la comunidad. Este año 19 de los 46 municipios registraron este delito, que pareciera quedar reducido a pronunciamientos oficiales como esquelas, condolencias y la promesa de no impunidad para el crimen de cada uno de los 83 oficiales caídos este año, sin acciones contundentes de prevención del delito.
El reto se profundiza al eliminarse desde el gobierno federal subsidios como el FORTASEG y enfrentarse al escenario inédito, en tiempos recientes, de garantizar la seguridad pública durante una pandemia, la de COVID-19.
CIFRAS FUERAS DE PROPORCIÓN
Guanajuato no solo fue la entidad del país donde hubo más homicidios este año, durante los primeros once meses se contabilizaron 4 mil 209 personas asesinadas, 30 por ciento más que en 2019, también encabezó numerosos conteos ominosos, uno de ellos, el de policías asesinados. Es el tercer año consecutivo.
El récord anual se superó el pasado 25 de noviembre, cuando un comandante de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) fue víctima fatal de un presunto asalto en el municipio de Silao. Durante diciembre hubo otros tres casos.
Y fueron justamente las FSPE, la segunda corporación con más bajas mortales, con 12, solo superada por la del municipio de Celaya, que perdió a 19 de sus elementos en estos meses.
Por su parte, Celaya es la ciudad que registró 13 ataques armados fatales contra elementos policiacos, que dejaron 21 muertos; con ello, iguala los totales estatales de Jalisco y de Sonora. Si fuera una entidad, Celaya sería novena en el Top10.
El municipio de Silao, por otra parte, registró 12 asesinatos de agentes en el año, superando los números de Colima, Morelos y otros 15 estados.
Pero, ¿qué hay de León, la tercera ciudad guanajuatense donde han ocurrido más homicidios de policías? Con seis bajas de oficiales, las mismas que el año pasado, supera las reportadas por Querétaro, Hidalgo, Chiapas y otras 7 entidades.
Este 2020, el gobierno de Héctor López Santillana recibió del FORTASEG poco más de 33 millones de pesos. Dicho subsidio fue eliminado del presupuesto federal del próximo año, algo que fue criticado por el alcalde leonés, al advertir que esta decisión debilitaría a los municipios en el combate de la criminalidad desde lo local. El reto, reconoció, será garantizar la seguridad pública.
Es por eso que vemos con preocupación la propuesta de desaparecer el Programa FORTASEG, recortando así los recursos a las corporaciones de seguridad.
Sin embargo, con o sin recursos federales, en #León no aflojaremos el paso para recuperar la paz y tranquilidad. pic.twitter.com/gEtVFW5XZk
— Héctor López S. (@hlsantillana) September 21, 2020
MODELO POLICIACO, BOTÍN POLÍTICO
Aunque la versión oficial afirma que algunos delitos se redujeron durante la pandemia, los niveles de violencia no se han reducido, en particular en estados como Guanajuato, afirma María del Pilar Déziga, internacionalista por el ITESM y socióloga por la UNAM, actual investigadora en la organización Causa en Común.
En Guanajuato los índices de violencia no pararon, e incluso se consolidaron: además de duplicar la cantidad de policías asesinatos que cualquier otra entidad, aquí se registra el mayor número de masacres y asesinatos de niños, niñas y adolescentes.
Estas cifras dan un indicativo de cómo tendría que abordarse el tema de la violencia, dijo Déziga Velázquez, de las acciones de prevención pero primero hay que entender qué está pasando.
En el texto Policías de México y el mundo: la comparativa, publicado en Animal Político, la especialista afirma: En México, el denominado “Modelo de Policía de Proximidad Social” se ha convertido en un tema para sumar bonos políticos, ya que no existen posibilidades de transitar hacia los objetivos de ese modelo mientras los policías no cuenten con condiciones laborales dignas, capacitación continua y de calidad; salarios dignos; esquemas de carrera policial que funcionen, y un sistema de incentivos y reconocimiento que los mantengan con vocación e identidad a la institución policial.
En entrevista con POPLab, comentó que se eliminaron los financiamientos para las policías locales, es decir, subsidios como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, FORTASEG, destinados a los municipios, «ese dinero se le trasladó directamente a la Sedena, a la Guardia Nacional».
Si se hubiera cumplido el mandato constitucional de una Guardia Nacional Civil, esta no debería estar en manos de militares, sino que debería estar comandada por civiles, advirtió María del Pilar Déziga. Lo otro es una materia que se sigue debiendo: el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, desprotegidas ahora con la desaparición de estos fondos.
Aunque en primer lugar se debe reconocer la magnitud del problema, desde el gobierno federal, los gobiernos estatales y locales, de que la violencia se ha vuelto exponencial, «es importante entender que las explicaciones que generalizan y reducen esta violencia en México a factores muy comunes, como que es el crimen organizado o ciertos grupos, tampoco son ciertas», de ahí que el reconocimiento de los diferentes tipos deba generar una nueva estrategia de seguridad «pero regresando a la visión civil».
El panorama, en vísperas de que concluya el año 2020, es desalentador. En Causan en Común «no vemos que vaya a cambiar hacia una visión positiva el tema de la seguridad», sobre todo sumando el tema de contingencia sanitaria por el COVID y su semáforo rojo en algunos lugares, como la CDMX y el propio Guanajuato, con reducción de actividades económicas, lo que se traduce en un número importante de personas que se quedarán sin recibir salario.
Sin embargo, esa organización apuesta por una estrategia de prevención, focalizada al lugar y a la sociedad, fortaleciendo las corporaciones de policía: con capacitación y equipamiento, principalmente.
Conteos como el de casos y circunstancias de asesinatos de policías, o los de atrocidades (RECUADRO), se realizan con el propósito de sensibilizar a la población sobre lo que está sucediendo, para exigir justicia desde la responsabilidad de la denuncia, así como para tomar decisiones al momento de las elecciones, con una votación informada, finalizó la investigadora.
MASACRES Y VIOLENCIA EXTREMA
«Actualmente se cometen alrededor de 100 homicidios por día en México, pero aunque esa cifra nos refleja la incidencia delictiva no pone un foco en el nivel de violencia con que se cometen», afirma la investigadora en la organización Causa en Común María del Pilar Déziga, «por eso decidimos hacer un zoom en las atrocidades», con el objetivo de desmitificar eso de que «la violencia solo está en el crimen organizado», identificando patrones o tendencias en los tipos de violencias.
El recuento hemerográfico de Causa en Común analizó en qué condiciones se cometen estas atrocidades, y resulta que Guanajuato es el estado número 1 en masacres: tan solo de enero a noviembre se registraron 177, pero también es primer lugar en descuartizamiento y destrucción de cadáveres, en asesinatos de niños, niñas y adolescentes, y en asesinato de funcionarios públicos.
Estas y otras cifras surgen de «la radiografía» de las 352 noticias de esta entidad, donde se detectó que hubo al menos 548 hechos de violencia extrema, con 958 víctimas.
Y justamente es en ese tema donde los gobiernos están quedando a deber, dijo la especialista: «no se están seleccionando los perfiles adecuados» para la defensa de los derechos humanos, «se están llenado de servidores públicos o allegados, afines a figuras políticas, el mensaje que se mantiene es que no es un tema de interés».
Mientras Déziga recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos «pasa por uno de sus peores momentos en cuanto a incidencia e investigación, resarcir daños o impartir justicia para las víctimas», en Guanajuato, activistas aún esperan poder dar marcha atrás al nombramiento como Procurador de los Derechos Humanos del Estado, de Vicente Esqueda, «un panista sin el perfil de idoneidad» y seleccionado por Congreso del estado sin transparencia en los instrumentos utilizados para ponderar la decisión.
«Desde el gobierno federal se lanza una imagen y luego los estados replican esas malas decisiones, en lugar de enfrentarlas y oponerse con el ejemplo, un riesgo altísimo que se ha convertido en una tendencia», lamentó la especialista.
