Organizaciones de la sociedad civil anunciaron que el próximo miércoles serán presentados alrededor de 35 amparos colectivos en 14 estados del país que se ven afectados directamente por estos decretos, entre ellos, Chiapas, Tabasco, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Guerrero, Jalisco y Oaxaca. También se prevé que el jueves por la mañana se realicen diversas manifestaciones frente a distintas oficinas de la Conagua alrededor del país.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó diez decretos para eliminar las vedas de 295 cuencas. La acción fue presumida como una “reserva hídrica para uso ambiental”, pero las opiniones se encuentran divididas: hay académicos y organizaciones que están a favor de la decisión gubernamental; y también hay asociaciones y especialistas que afirman que la decisión es un escalón más para privatizar el vital líquido.
Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer la estrategia legal que siguen actualmente a fin de ampararse para suspender los efectos de los decretos de reserva de agua publicados el 6 de junio por el Presidente Enrique Peña Nieto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pues, afirmaron, el Gobierno mexicano busca privatizar el vital líquido.
Asimismo, publicaron un formato de demanda de amparo disponible en la página tinyurl.com/amparoagua para que los ciudadanos que así lo deseen puedan también ampararse y ofrecieron el apoyo jurídico de Julio Mendoza, abogado de la Central Campesina Cardenista (CCC).
En conferencia de prensa desde el Centro Nacional de Comunicación (Cencos), Mendoza informó que el próximo miércoles serán presentados alrededor de 35 amparos colectivos en 14 estados del país que se ven afectados directamente por estos decretos, entre ellos, Chiapas, Tabasco, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Guerrero, Jalisco y Oaxaca.
El abogado aprovechó el espacio para hacer un llamado al Poder Judicial de la Federación para que actúe conforme a derecho a fin de «garantizar el acceso al agua a quien más lo necesite y no a los primeros que presenten la solicitud de concesión que fueron los primeros en enterarse que la veda se iba a levantar, tal como pasó el 6 de junio pasado».
En el mismo sentido, Luis Miguel Cano, abogado de litigio estratégico, apuntaló: «esto es una batalla más de lo que conocemos como la captura del Estado o del Gobierno que ocurre cuando quienes dicen representarnos no trabajan para la gente, sino trabajan para facilitar intereses de grupos de poder. Lo hemos visto a lo largo del sexenio en varias ocasiones y el tema del agua no es la excepción».
La lucha legal que comienza, manifestó el abogado, tiene que ver con el uso de los recursos naturales de toda la nación y destacó que al estudiar los decretos observó que son parte de una estrategia mayor para lograr la privatización del agua.
«El meollo de estos decretos sigue la lógica de que el agua sea concesionada o asignada a quien primero la pida, y esto es inconstitucional porque la Constitución dice que para comunidades indígenas y equiparables hay un uso preferente de los recursos naturales en sus territorios», indicó.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó diez decretos para eliminar las vedas de 295 cuencas. La acción fue presumida como una “reserva hídrica para uso ambiental”, pero las opiniones se encuentran divididas: hay académicos y organizaciones que están a favor de la decisión gubernamental; y hay también asociaciones y especialistas que afirman que la decisión es un escalón más para privatizar el vital líquido.
Tras la polémica, la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua) salió en defensa de la decisión gubernamental y afirmó que las voces contrarias sólo buscan un beneficio político, en el contexto de las próximas elecciones.
En su oportunidad, Julio Cervantes, del CCC, advirtió que la presentación de los 35 amparos son apenas la primera estrategia que implementarán para dejar sin efectos los decretos de defensa, pero que no será la única. El activista adelantó que el próximo jueves a partir de las 9 de la mañana, distintas organizaciones se manifestarán al respecto frente a distintas oficinas de la Conagua alrededor de la República mexicana.
«Estos últimos decretos son el último escalón para la privatización del agua a nivel nacional, pues fueron muchos los decretos que se fueron publicando poco a poco […]. No es algo que va a pasar ahorita, no es algo que vaya a pasar en poco tiempo y las implicaciones pueden tener un efecto muy importante para todos», dijo Cervantes.
La semana pasada la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se pronunció en torno al tema y dijo que 10 decretos no buscan privatizar el agua, pero reconoció que un decreto publicado el pasado 23 de marzo en el DOF sí abre facilidades para otorgar nuevas concesiones de aguas nacionales a quienes hayan contado antes con un permiso que hoy esté fuera de vigencia.
Max Correa, de la Central Campesina Cardenista, coincidió con su compañero en que la suspensión de las vedas «se abre la posibilidad de iniciar un proceso de privatización de los recursos hídricos, de las aguas dotadas en su momento por resolución presidencial a ejidos, comunidades y pueblos originarios».
El defensor criticó también que los decretos recién publicados no toman en cuenta el derecho humano al agua, establecido en el Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la Ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
