El tercer informe GIEI puso en evidencia la participación, manipulación y montaje de miembros de la Marina mexicana, así como de Jesús Murillo Karam, entonces Procurador de justicia federal y principal defensor de una llamada “verdad histórica” en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Sin nuevas pistas sobre el paradero de sus hijos, las familias de los jóvenes exigen nueva audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por Paloma Robles
Ciudad de México, 29 de marzo (A Dónde Van Los Desaparecidos).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pulverizó la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa con un video en el que muestra cómo peritos de la PGR, acompañados por elementos de la Marina y la Policía Federal, manipularon el basurero de Cocula —en presencia del Procurador Jesús Murillo Karam y de Tomás Zerón, quien fuera jefe de la Agencia de Investigación Criminal de México— la madrugada del 27 de octubre de 2014, once días antes de que informaran que en ese lugar habían sido ejecutados y calcinados los estudiantes.
Este informe se analizó por los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, quienes se mostraron desesperados y decepcionados sobre el lento avance de las investigaciones y exigieron, en rueda de prensa el martes 29 de marzo, que se inicien nuevas indagatorias en contra las autoridades y funcionarios involucrados en la manipulación y montajes de las investigaciones.
“Nunca imaginamos que a tres años de este nuevo Gobierno no tengamos información sobre el paradero de nuestros hijos”, refirió Maria Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindes Guerrero.
Previamente en su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se dio la instrucción para investigar a los jefes de la Marina que participaron en ese operativo.
“Ya han declarado ante la Fiscalía”, dijo. No ofreció más detalles, pero sí un anuncio: “se va a continuar con la investigación un año más”.
Hasta este último informe todavía no conoce el paradero de los 43 normalistas, señaló Francisco Cox Vial, integrante del GIEI, tras lamentar no poder dar a conocer sobre una posible localización de los estudiantes
“No nos es posible por el ocultamiento de la información”, dijo, tras explicar que no se ha recibido ninguna noticia que dé información de la posible localización con vida de los estudiantes, sólo datos sobre fosas donde podría haber personas sin vida.
“No sólo nos faltan 43, nos faltan 100 mil, al menos. Todos los familiares de desaparecidos del país tienen el derecho de que las máximas autoridades instruyan a otras a entregar la información”, afirmó el abogado chileno.
MANIPULACIÓN Y MENTIRAS
El informe, realizado por el GIEI en el último año y medio, dio a conocer de manera pormenorizada cómo la investigación de la desaparición de los estudiantes estuvo plagada de mentiras, simulaciones y espionaje desde antes de cometerse la desaparición forzada y continuó después de los hechos. También el ocultamiento de información.
“Las autoridades cambiaron, ocultaron información, negaron hechos y generaron elementos para hacer creer que no conocían el paradero de los estudiantes, que no conocían la detención y desaparición y que no conocían incluso sobre la situación de violencia en Guerrero”, apuntó Ángela Buitrago, fiscal colombiana integrante del GIEI.
Gran parte del documento del GIEI, presentado el martes 28 de marzo en la Secretaría de Gobernación, consta de un análisis forense de más 100 horas de grabación hechas por un dron de la propia Secretaría de Marina (Semar).
El contenido lo tenía un área de inteligencia de la Semar y estuvo oculto casi siete años. Las grabaciones —según se informó— pudieron haber sido ordenadas por el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y/o el entonces Presidente Enrique Peña Nieto.
El informe también documentó cómo los estudiantes fueron vigilados por el Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal de Guerrero, en una intención contrainsurgente de infiltración.
El Ejército, por ejemplo, conocía los movimientos de los normalistas desde días antes de la desaparición forzada y en tiempo real los días 26 y 27 de septiembre. Tres militares encubiertos y pertenecientes al 27 Batallón de infantería estuvieron dando informes. Uno se hacía pasar por estudiante y es de los 43 desaparecidos.
De hecho, los estudiantes eran espiados desde 2010 por el Ejército y el CISEN, de acuerdo con 57 informes de seguimiento militar entre 2011 y 2014 que encontraron los expertos.
“Según pudo comprobar el GIEI, dentro de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa existían personas que hacían parte activa del Ejército Mexicano que realizaban tareas de información. En el momento de los hechos al menos tres agentes de inteligencia de SEDENA estaban activos en la Escuela y en Tixtla, la localidad donde ésta se encuentra”, se lee en el informe.
Las autoridades, incluidas el Ejército y la Semar, tuvieron información importante para conocer lo que sucedió con los estudiantes, pero, en cambio, simularon su búsqueda con llamadas anónimas falsas con supuesta información sobre posibles responsables.
“Hay constancia de llamadas creadas de manera ficticia por funcionarios de la Procuraduría que se prestaron para esta simulación”, agregó Buitrago.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes es un comité convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e integrado por personas expertas a quienes se les encargó realizar una investigación independiente sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en donde normalistas de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, fueron atacados, detenidos y desaparecidos.
El Grupo inició labores en 2015 pero tuvo que retirarse del país en abril de 2016 pues el Gobierno mexicano no ratificó su mandato. Los entonces cinco integrantes acusaron que hubo muchos obstáculos a su trabajo.
A petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y de los familiares de los desaparecidos, y con la aprobación del actual Presidente de México, el GIEI retomó labores a mitad del año 2020.
Según una orden que firmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, todas las autoridades involucradas debían abrir la información sobre el caso al grupo de expertos.
La realidad, sin embargo, contrasta con esa orden. Claudia Paz y Paz Bailey, integrante del GIEI, sostuvo que todavía hay información que el Ejército mantiene oculta.
“Eso ha dificultado, impedido y obstaculizado el pleno esclarecimiento de los hechos”, dijo la ex Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala.
El GIEI solicitó apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la cual ayudó a obtener documentos con información valiosa, como las declaraciones de integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, que corroboran que la noche del 26 de septiembre hubo militares en las barandillas de la policía municipal, lugar donde habrían sido llevados una parte de los estudiantes desaparecidos.
Esos datos, que habían sido ocultados por el Ejército, corroboran que la noche de los hechos la milicia tenía control del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), desde donde se monitoreó e informó en tiempo real de lo que ocurría.
Entre la documentación que falta por entregarse está el contenido de las investigaciones paralelas que se iniciaron desde la Sedena tras la desaparición de los jóvenes, así como de los procedimientos disciplinarios que se siguieron en contra de algunos de sus elementos involucrados.
“Esa información nunca fue puesta a disposición de la búsqueda o la investigación”, se informó en la conferencia.
LA DECEPCIÓN DE LAS FAMILIAS
Los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala convocaron este martes a una rueda de prensa junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Serapaz y Fundar. Ahí mostraron su decepción sobre el avance de la investigación por parte de las autoridades y el claro ocultamiento de pruebas que impiden esclarecer el paradero de sus hijos.
Para Mario González, papá de César Manuel González Hernández, el Gobierno “les ha visto la cara” tras tantos años de manipulación.
“Cómo no estar enojado, si a tres años sale información que tenía que haber sido entregada antes, si nos negaron información, si no sabemos nada de nuestros hijos (…) estamos enojados, decepcionados, cansados, pero cansados de tanta mentira”, dijo.
Exigieron que el expresidente Enrique Peña Nieto, así como el ex titular de Semar y las autoridades involucradas del Ejército sean investigados para “determinar que tanto tuvieron que ver con la desaparición” de sus hijos.
“¿Si nos ocultaron esto, qué más pueden ocultar? El que miente una vez, miente dos veces o tres veces. Y el Gobierno solamente utiliza el poder para sí mismo, y no dar justicia al pueblo”, dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete.
El abogado del centro Tlachinollan y uno de los representantes de las familias, Vidulfo Rosales, dijo que a raíz de la manipulación del basurero que apuntaló la verdad histórica “fue imposible explorar otras líneas de investigación por 5 años” y eso ha entorpecido la búsqueda de los jóvenes.
CRONOLOGÍA DE UN MONTAJE
El video mostrado por los expertos independientes del GIEI, evidencia que el basurero fue intervenido horas antes de la llegada del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), encargados del peritaje y asesoría técnica forense de los familiares de los 43 desaparecidos. Es una de las pruebas más valiosas que había estado bajo el ocultamiento de las dependencias militares.
Las 100 horas de grabaciones con un avión no tripulado sirvieron para un análisis forense que demostró cómo elementos de la Semar, entonces a cargo de Francisco Soberón Sanz, manipularon en distintos momentos el basurero de Cocula, la madrugada del 27 de Octubre de 2014, el supuesto escenario del crimen.
En las grabaciones se documentaron una serie de momentos clave en la escena con las que se fabricó la “verdad histórica” en el basurero de Cocula, un municipio a 20 kilómetros de Iguala, donde se dijo por Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República, que los estudiantes habrían sido ejecutados y calcinados por miembros de grupos criminales.
La historia que se narra con las grabaciones destruyen esa “verdad histórica” con una revelación importante: en esa manipulación también participó de manera directa el exprocurador.
6:39 a 7:20 am – Dos camiones de la Marina se instalan en la parte alta del Basurero de Cocula. Minutos después, una tercera camioneta de la Marina cierra el paso al basurero. A las 7 de la mañana hacen exploraciones en la zona baja del vertedero, donde luego “confirman la existencia de restos óseos humanos” dice el informe.
7:29-8:30 am – En las imágenes se observa una columna de humo proveniente de un fuego que provocaron los elementos de Marina en zona alta del basurero. En esas mismas imágenes se observan tres bultos blancos en forma rectangular que, tras el fuego, que dura 10 minutos, desaparecen.
8:13- 8:48 am – Un vehículo de la Policía Federal intenta ingresar al basurero, no lo dejan. A las 8:30 de la mañana se observa un convoy de 6 camionetas de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de Marina. Varias personas descienden a la parte baja del basurero.
El GIEI confirmó que entre esas personas estuvieron el exprocurador de Justicia Murillo Karam y Tomas Zerón.
10:00 am – Tres helicópteros sobrevuelan el perímetro del vertedero, uno de ellos intenta aterrizar, pero no lo hace. En cambio, una tolvanera se forma en el lugar haciendo volar polvo y objetos.
11:02- 11:26 am – Arriba el servicio de peritos forenses de la PGR y descienden al basurero donde se encontraron “la mayor concentración de evidencias y remueven objetos de la superficie, arrojándolos a los lados”, dice el informe.
12:06-17:30 pm – Llegan más peritos de la PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), hay una cinta amarilla que impide su paso. Más tarde comienzan labores de limpieza y desmantelamiento, que duran hasta la tarde.
En un comunicado, el EAAF solicitó una investigación amplia a partir de los hallazgos contenidos en las grabaciones, luego de las irregularidades que deberían tomarse en cuenta para posibles sanciones contra funcionarios y ex funcionarios.
Al respecto, el Equipo Argentino de Antropología Forense refirió en un comunicado, la tarde del 29 de marzo, que se suman “al pedido formulado por los padres de los 43 normalistas, sus representantes y el GIEI para que se continúe investigando técnica y penalmente esta intervención del Basurero de Cocula.
El EAAF, que ha trabajado de la mano de las familias, recordó que en diciembre de 2014 se encontró un fragmento óseo que pertenecía a Alexander Mora Venancio en el río San Juan, donde de acuerdo a la ‘verdad histórica’, los perpetradores habrían depositado los restos de los normalistas calcinados.
Los forenses argentinos no ponen en duda que ese fragmento perteneció al normalista, pero señalan que, el origen de cómo llegó ese resto al Río San Juan “sigue siendo desconocido y es clave para la investigación”.
#México #Ayotzinapa #Comunicado
EAAF solicita investigación exhaustiva de los videos revelados en el Tercer Informe del @GIEIAyotzinapa de intervenciones irregulares en el Basurero de Cocula horas antes de la intervención formal del EAAF y autoridades.
?https://t.co/UrNfr9pdAI pic.twitter.com/1ClAHKYjfK— Equipo Argentino de Antropología Forense (@eaafoficial) March 29, 2022
TORTURA, PRÁCTICA SISTEMÁTICA
En el tercer informe del GIEI se reafirmó lo que ya se había documentado en los otros dos informes, que en el caso Ayotzinapa la tortura fue una práctica sistemática, dirigida a obtener declaraciones en las que “las personas se auto inculpaban o inculpaban a otros”.
En este nuevo documento se conoció otro dato importante: “Titulares de Unidad, Agentes del Ministerio Público de la Federación, Policías Federales Ministeriales de la PGR, así como elementos de la Policía Federal y del CISEN” practicaron tortura en las instalaciones de la Semar y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Según los expertos, al menos 17 detenidos fueron torturados, de eso dan cuenta los casi 60 videos de interrogatorios a unos 50 detenidos.
Francisco Cox Vial, agregó que 22 personas que pudieran haber tenido información importante sobre el caso “han muerto, sólo dos por muerte natural” y consideró que el clima de violencia no ha cedido.
RECOMENDACIONES AL GOBIERNO
En este tercer informe el Grupo Interdisciplinario lanzó 26 recomendaciones sobre el caso al actual Gobierno federal, entre las que destacaron:
- Llevar a cabo la desclasificación y acceso a la información completa pues sigue siendo parcial en algunas informaciones y fuentes clave (transcripciones completas de interceptaciones de comunicaciones.
- Utilizar criterios que permitan imputar responsabilidad por cadena de mando en cada dependencia.
Evidenciar los lazos que tuvieron algunos funcionarios públicos con organizaciones criminales. - Guardar todos los documentos de todas las instituciones públicas y privadas y evitar su destrucción.
- Definir la utilización de delitos como desaparición forzada y muertes ilegítimas o ejecuciones extrajudiciales en los casos acontecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 y considerar todos los hechos delictivos cometidos dentro de un sólo caso.
- Recoger toda la información de las fosas que se encontraron en octubre en los sectores cercanos a Iguala y camino a los puntos señalados.
- Investigar torturas y judicializar a quien haya sido responsable de cometerlas.
Cada una de las recomendaciones surgieron de las experiencias de bloqueos en la información que se solicitó por las expertas y expertos.
Los expertos del GIEI anunciaron que seguirán las labores de investigación en México por lo menos 4 meses más con posibilidad de extenderse a 6 meses, tiempo que servirá para concluir distintas denuncias en contra de ex funcionarios involucrados en los crímenes contra los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Por su parte las familias de los 43 pidieron audiencia con el presidente López Obrador (no se han reunido con él desde septiembre del 2021) a fin de poder lograr que el GIEI extienda sus labores por más tiempo.
