Washington, D.C.— La pandemia del COVID-19 ha retrasado el litigio de Genaro García Luna. Varias veces se han tenido que postergar las audiencias de procedimiento. Se espera que el 7 de octubre finalmente comparezca ante el juez Brian Cogan, el mismo que condenó a El Chapo a cadena perpetua. Será la segunda instrucción de cargos contra el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. A través de un interprete, escuchará las acusaciones que se le hacen en el encausamiento del 30 de julio. Cogan le preguntará si entiende los cargos. Responderá que sí. Deberá declararse culpable o inocente, resolver el dilema que tiene desde la primera acusación en diciembre: pactar con la fiscalía o irse a juicio.

La revisión completa del material inculpatorio será decisiva en la decisión que tome. Hasta ahora, los fiscales han recaudado una montaña de pruebas: comunicaciones interceptadas y grabadas, récords financieros y empresariales, títulos de propiedad, fotografías, videos, registros escolares y migratorios, informes policíacos mexicanos, así como declaraciones del acusado con sus respectivas traducciones al inglés. El fajo solamente de documentos es de 60 mil páginas.

También hay “evidencia física”. Noventa kilos de cocaína y heroína confiscadas en tres lugares, documentos originales y aparatos electrónicos que los fiscales han puesto a disposición de Cesar De Castro, el defensor de oficio del acusado. Generalmente, las “pruebas tangibles” son resguardadas en el sótano de la corte donde se realiza el juicio, en este caso, en Brooklyn, Nueva York.

Todo está clasificado como “material protegido”, por lo que los únicos con acceso a él son las partes implicadas: fiscales, abogados defensores y García Luna. En julio, los fiscales pidieron al Buró de Prisiones en el Centro Metropolitano de Detención, donde está recluido, permitir al acusado el uso de una lap tap o de una computadora para que pueda revisarlo. De Castro no respondió a mi pregunta de si la petición fue otorgada.

No se sabe que tan sólidas son las pruebas. El encausamiento de finales de julio, que reemplazó al de diciembre, acusa a García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, ex altos mandos de la Policía Federal, de haber sido parte de una “asociación delictiva permanente”, que permitió al Cartel de Sinaloa traficar cocaína a cambio de pagos de jugosos sobornos.

Cárdenas Palomino y Pequeño García no han sido arrestados. Son prófugos de la justicia estadounidense. Se cree que están escondidos en México. La última vez que chequé con la Cancillería, me dijeron que no tenían registro de petición de aprehensión con fines de extradición. Se sabe que el gobierno mexicano comunicó al Departamento de Justicia su negativa a extraditarlos, motivo por el cual no han hecho el tramite.

De haber juicio, los fiscales tendrán que probar las acusaciones que básicamente son por sobornos millonarios y trasiego de drogas. Para el primer cargo, se espera usen el testimonio de dos testigos protegidos: Jesús “El Rey” Zambada García, hermano del Mayo Zambada, jefe del Cartel de Sinaloa, y a Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, ex mano derecha del cartel de los Beltrán Leyva.

En noviembre, en el juicio de El Chapo Guzmán, “El Rey” declaró que entregó maletas con 3 millones de dólares a García Luna. Este lo negó, pero dos semanas después fue aprehendido en Dallas, Texas. Mientras, “El Grande”, testigo protegido de la DEA (se cree que está libre pese a su admisión de haber secuestrado, torturado y descuartizado a más de 90 personas en México), dijo que su “compadre” Cárdenas Palomino, ex titular de Seguridad Regional de la Policía Federal, colaboró con el Cartel de Sinaloa y con los Beltrán Leyva, bajo el sexenio de Calderón.

Los fiscales pueden pedir a “El Rey” abunde en su declaración de entonces en cuanto a que Arturo y Héctor Beltrán Leyva, Edgard Valdez Villarreal, “La Barbie”, y “El Grande”, estaban formando un “sindicato” para reunir la formidable suma de 50 millones de dólares para sobornar a García Luna. “El Rey” no aclaró si el pago se concretó.

En cuanto al cargo de narcotráfico, los fiscales quizá hagan mano de testimonio de Harold Mauricio Poveda Ortega, “El Conejo”, quien, como mayor proveedor de cocaína a la organización de los Beltrán Leyva, podría explicar el presunto involucramiento de García Luna en el trasiego de 20 kilos de cocaína confiscada en Gatún, en la costa de Panamá, en 2007. Ese cargamento es parte de la evidencia física en poder de los fiscales.

Las grabaciones, probablemente producto de las intercepciones de las agencias estadounidenses, pueden ser particularmente explosivas de haber conversaciones entre García Luna, capos y conocidos políticos. Aunque el nombre de Felipe Calderón no se ha mencionado en los documentos que se han dado a conocer, no se descarta que la defensa lo traiga a colación de estar en las grabaciones. Calderón niega haber sabido de las actividades criminales que imputan a su ex hombre de confianza. Los políticos sólo conocen y se acuerdan lo que les conviene.

¿Habrá grabaciones con la voz de García Luna pese a que las agencias lo arroparon hasta el año pasado? ¿Lo espiaron con una mano y elogiaran con la otra?

Mientras llega la cita, el hombre que se creyó invencible, que no le importaba nada ni nadie más que el poder, languidece en una celda, física y anímicamente exhausto, ante el dilema del que es protagonista y artífice. Un juicio, seguramente lo perderá; pactar, como los capos que presuntamente lo sobornaron, es demasiado humillante. Sigue diciendo que es inocente. De ser hallado culpable, puede recibir cadena perpetua. ¿Qué vale más que su libertad? ¿A quién protege?

Twitter: @DoliaEstevez

Dolia Estévez

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Dolia Estévez es periodista independiente en Washington, D.C. Inició su trayectoria profesional como corresponsal del diario El Financiero, donde fue corresponsal en la capital estadounidense durante 16 años. Fue comentarista del noticiero Radio Monitor, colaboradora de la revista Poder y Negocios, columnista del El Semanario y corresponsal de Noticias MVS. Actualmente publica un blog en Forbes.com (inglés), y colabora con Forbes México y Proyecto Puente. Es autora de El Embajador (Planeta, 2013). Está acreditada como corresponsal ante el Capitolio y el Centro de Prensa Extranjera en Washington.

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