Las familias de víctimas del derrumbe de Pasta de Conchos expusieron que el proceso de diálogo «se ha visto entorpecido» por una «exclusión injusta» al «definir arbitrariamente como víctimas solamente a las viudas».
Ciudad de México, 20 may (EFE).- Familiares de los 65 mineros fallecidos por el colapso en 2006 del yacimiento Pasta de Conchos, en el Coahuila, pidieron a la CIDH una reunión para analizar un cambio en la pauta del diálogo con el Gobierno, ante los avances anunciados en el rescate de los cuerpos después de 15 años.
En un comunicado emitido este jueves por su defensa, las familias –madres, padres, hijos e hijas, viudas o hermanos– reconocieron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador «ha confirmado su compromiso con el rescate», pero pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una reunión, «en lo posible presencial y en la mina», para dialogar sobre los acuerdos con el Estado de México.
El 19 de febrero de 2006, 65 trabajadores murieron en un accidente en la mina Pasta de Conchos y solo dos cuerpos fueron recuperados, el resto se quedó sepultado por considerar que su rescate era de alto riesgo.
La CIDH anunció en 2018 la evaluación de la responsabilidad de las autoridades mexicanas en la muerte de los 65 mineros, ocho años después de que los familiares llevaron el caso al organismo.
Dos años después, las familias y el Estado acordaron iniciar la reparación integral, que comprende el pago de indemnizaciones, ejecución de obras públicas, un memorial en honor a las víctimas y un diálogo para concretar una «solución amistosa», en apego a lo que estableció el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN AMISTOSA
Los familiares hacen ahora la petición de la reunión, luego de la notificación del Estado mexicano a la CIDH «sobre su deseo de llegar a la solución amistosa en el caso».
«En caso de que hubiera una interlocución en la que se garantice el acceso, información y participación a todos los peticionarios, se podría explorar una solución amistosa que cumpla con los estándares interamericanos en materia de reparación integral», señalaron los parientes de las víctimas.
Las familias expusieron que el proceso de diálogo «se ha visto entorpecido» por una «exclusión injusta» al «definir arbitrariamente como víctimas solamente a las viudas».
Explicaron que el resultado de esa distinción ha sido que en las reuniones, consultas y compromisos hechos por el Gobierno no se les ha permitido estar presentes a todos los familiares ni a las organizaciones acompañantes y no se les ha tomado en cuenta como interlocutores.
Además, recordaron que no se les entregó la información acordada sobre los estudios que hizo el Servicio Geológico Mexicano y que fueron enviados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa estatal encargada de recuperar los cuerpos.
Tampoco se les ha proporcionado información sobre los «supuestos avances» y no han recibido respuesta a una carta entregada al director de CFE, Manuel Bartlett, en la que le pidieron una reunión para tratar dos temas: establecer una ruta crítica para el rescate y la no repetición de siniestros evitables en las minas de carbón.
Este jueves, López Obrador aseguró que ya comenzaron los trabajos para rescatar los cuerpos de la mina colapsada y que han invertido más de 2.000 millones de pesos (unos 100 millones de dólares).
«No hay límite cuando se trata de garantizar justicia para víctimas, no hay límite», dijo en conferencia de prensa.
