La corrupción es uno de los principales problemas públicos en México. De acuerdo con el Índice de Percepción de 2015 de Transparencia Internacional, el país se ubica en el lugar 95 de 165 de los más corruptos. El Banco de México y el Banco Mundial coinciden en que la corrupción equivale al 9 por ciento del Producto Interno Bruto; el Inegi calcula que alcanza un monto de 347 mil millones de pesos al año.
Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– Un grupo de ciudadanos, intelectuales y organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer la iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas como herramienta para establecer los deberes jurídicos de los funcionarios públicos y empresarios en materia administrativa.
En conferencia de prensa, los panelistas que colaboraron en la conformación de la iniciativa, desde su planeación y redacción hasta su publicación, recordaron que la corrupción equivale al 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significan 347 mil millones de pesos anuales.
Asimismo destacaron que según datos del Índice de Percepción de Corrupción y Transparencia, México ocupa el lugar 95 de 165 países en orden descendente. «Son datos que indignan y mueven a un grupo de personas a crear una iniciativa de Ley General», comentó Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En su oportunidad, la periodista Denise Dresser opinó que aunque la corrupción no es un tema exclusivo de México, la impunidad sí y es un principal obstáculo a la competitividad del país.
Dresser agregó que «la corrupción distorsiona la economía y «en México importa más a quién conoces y no quién eres». Recordó los casos de corrupción que han quedado impunes en el país como los señalamientos del «Niño Verde» o el reciente caso en España del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
Los representantes de los grupos civiles expusieron que la iniciativa de Ley busca establecer las reglas claras de conducta para la interacción entre servidores públicos y privados.
De acuerdo con las organizaciones, se trata de una iniciativa ciudadana que pretende reunir 120 mil firmas a partir de hoy hasta mayo de este año, para lograr la conformación de la legislación derivada de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional de Corrupción.
En ese sentido, María Amparo Casar, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de Mexicanos contra la Corrupción, precisó que los legisladores tienen la obligación de aprobar la iniciativa en este periodo de sesiones, ya que la fecha para que se expida la legislación que acompaña al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción termina en mayo, es decir, a un año de la creación.
Asimismo, las organizaciones destacaron que para frenar la corrupción se requiere de un trabajo colectivo, por lo que propusieron que la iniciativa sea impulsada y promovida por los ciudadanos a través de www.ley3de3.mx
¿QUÉ PROPONE LA LEY 3DE3?
1. La obligación de presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.
2. Directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.
3. Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
4. Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción.
5. Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
6. Una clasificación de los 10 actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
7. Dotar de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables. Creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación.
8. Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.
9. Mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción. Aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.
