El desarrollo de la biotecnología es motivo de controversia. Para algunos es un logro de la ciencia que debe fomentarse, para otros es un tema delicado al que debe darse seguimiento cauteloso o, de plano, evitarse. En esta división de posturas, es crucial señalar la importancia del etiquetado de organismos genéticamente modificados (OGM) – también referidos como “transgénicos” – y sus productos derivados, ya que su presencia u omisión tiene implicaciones importantes en ámbitos comerciales, de seguridad, y de información al consumidor.

Existen cuatro tipos de tratamiento genético con valor comercial: a) la resistencia a virus, bacterias, insectos, nematodos y hongos; b) la tolerancia a herbicidas comerciales; c) las mejoras a la calidad del producto, como el tipo de aceites, almidones, azúcares o celulosa en las plantas; y d) mejoras a las características agronómicas, como la resistencia al frío y el rendimiento a la sequía. Estos tratamientos implican usualmente la transferencia de material genético entre especies, dando lugar a OGM que no podrían haber sido producidos de forma natural, a través de medios tradicionales de apareamiento o recombinación natural.

Algunos beneficios de productos con OGM son la producción de mayores cosechas, la posibilidad de aumentar la disponibilidad de alimentos (lo que se clama puede ayudar a combatir el hambre del mundo), y la reducción del uso de pesticidas. Los riesgos incluyen posibles efectos negativos a largo plazo en la salud humana (como efectos tóxicos, reacciones alérgicas, cambios en la composición nutricional) y los efectos de genes resistentes a antibióticos. También existen riesgos para el medio ambiente, como el aumento en la resistencia de las plantas genéticamente modificadas a herbicidas e insectos, los riesgos de cruce con especies silvestres, y la pérdida de la biodiversidad. Además de los beneficios y riesgos, también existen cuestiones éticas, como el derecho de los consumidores a ser informados, así como los sentimientos en contra de la manipulación ‘antinatural’ de la naturaleza; aunque esto es subjetivo y depende de las características sociales y culturales de las diferentes sociedades, grupos, e individuos.

En este contexto, el etiquetado se convierte en la opción más confiable para que los consumidores estén enterados y sean conscientes de lo que están comprando y consumiendo. Para ello, los gobiernos deben establecer la política del etiquetado en alimentos, buscando servir a tres objetivos principales: aumentar el acceso a la información para los consumidores, asegurar la competencia justa entre productores, y reducir riesgos para la seguridad y salud de cada consumidor.

Sin embargo, hay posturas que cuestionan la pertinencia de etiquetar alimentos que contienen OGM. El argumento principal es el costo adicional a la producción y el subsecuente incremento en precio al consumidor. Otro es que las etiquetas pueden no ser útiles para presentar información que los consumidores consideren compleja o inentendible y, en consecuencia, se convierta en barrera a la libre competencia en el mercado. En este contexto, la principal diferencia para regular la presencia u omisión de etiquetado de OGM, productos que contienen OGM, o que fueron producidos con OGM refiere a la decisión de informar a los consumidores sobre el producto o sobre el proceso de producción. Que sean ellos quienes decidan si adquieren estos productos. El precio guiará decisiones de compra, pero al menos estarán enterados de lo que consumen.

Los casos más representativos sobre estas posturas divergentes comprenden a la Unión Europea (UE) y América del Norte (AN, entendida como Canadá, Estados Unidos, y México). La primera se inclina por regular el proceso de biotecnología, estableciendo etiquetas obligatorias; mientras que la segunda se basa en el producto, y como un producto tradicional es igual – a simple vista – a un producto con OGM, no es necesario etiquetar (aunque el maíz en México merece análisis aparte por su contexto cultural y de investigación científica).

Las razones de estas diferencias son diversas, y refieren a las formas de integración regional (unión política y económica bis a bis acuerdo comercial), el nivel de participación de consumidores en procesos de política pública y su conocimiento sobre el tema, la influencia de grupos de interés, y las agendas políticas, por citar algunos.

¿Cuál camino es el correcto? Depende a quién se le pregunte.

Gustavo Sosa Núñez

https://dev.sinembargo.mx/author/gustavo-sosa/

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de East Anglia, en Norwich, Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel 1. Sus intereses de Investigación incluyen el análisis de políticas​ públicas ambientales, sus resultados y procesos de convergencia a nivel regional. Actualmente es profesor investigador del Instituto Mora. Twitter: @gssosan / @institutomora

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