De acuerdo con una especialista la estrategia de conservación de las especies silvestres del país es, en realidad, una estrategia comercial.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).–De acuerdo la Norma Oficial 059, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en México existen dos mil 600 especies de animales y vegetales en riesgo. Además, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), 475 de ellas se encuentran ya en Peligro de Extinción.
Contaminación, destrucción del hábitat, sobreexplotación, cambio climático y tráfico ilegal son algunos de los factores que les han puesto en dicha circunstancia. Pero, ¿qué está haciendo México para conservarlas?
«En México, la estrategia de conservación de las especies es absolutamente deficiente: […] en lugar de velar por su protección y recuperación, desde mediados del siglo pasado se estableció una serie de reglas y leyes que abrieron un mercado en que las especies, incluso las que están en extinción, se vendan al mejor postor», sostiene entrevista para SinEmbargo, María Elena Sánchez.
Sánchez, bióloga dedicada a conservación en el país durante más de dos décadas, fundadora de Teyeliz A.C y miembro de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), afirma que las autoridades ambientales han impulsado una estrategia que dificulta la protección de las especies, en lugar de garantizarla.
Un punto de inflexión importante para ello, explica, fue la aprobación de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) en el año 2000, con la que se elimina la prohibición de comercializar especies en peligro de extinción del territorio. Por lo que se trata de una «estrategia comercial disfrazada de estrategia de conservación»:
«Lo que tenemos entonces es a una Semarnat dedicada dar permisos [de comercialización] en lugar de cuidar y conservar los recursos naturales. La Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) se constituye como una oficina de emisión de permisos que, por cierto, tiene tiempos limitados para emitirlos: si después de cierto lapso administrativo no ha negado o emitido la autorización, se da por otorgada».
«En este sentido el beneficio se da al usuario y no a las especies en peligro de extinción, de tal suerte que a ellas se les deja en indefensión. Y no hay lógica en esto: las especies en esa condición son intocables: la única forma de interacción con ellas debería de ser a través de proyectos y programas de recuperación de sus poblaciones y conservación de sus hábitats para ayudarlas a salir de la categoría de Peligro. Ya después se verá si pueden comercializarse».
Mediante un ejemplo, la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica cómo esta estrategia vulnera a las especies que ameritan protección:
«Después de la aprobación de LGVS realizamos una investigación y comprobamos que las autorizaciones legales para el tráfico de especies de guacamayas y pericos del país [de las que un 95 por ciento está en riesgo] en realidad estaban sirviendo como un paraguas para el tráfico ilegal:
«Por cada ave que se autorizaba, 3 o 4 cuatro eran extraídas de forma ilegal. Descubrimos que los permisos de comercialización para estas especies servían para lavar el tráfico ilícito, pues las autoridades no verificaban la cantidad de ejemplares extraídos».
Ni tienen la capacidad para hacerlo, apunta: «nuestras instituciones gubernamentales no cuentan con los recursos para verificar caso por caso o UMA por UMA [Unidad de Manejo Ambiental] si la cantidad de flora y fauna autorizada para extracción es de facto la que se extrae, y mucho menos verifican si los que obtuvieron permisos cumplieron con labores de conservación o recuperación de las poblaciones.
Declaraciones hechas por distintos delegados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han confirmado la afirmación. En 2014, el mismo director general de Delitos Federales contra el Ambiente, Israel Alvarado, advertía que la cantidad de inspectores de la institución en el país era «irrisoria», de modo que el estado no tenía capacidad para hacer las revisiones suficientes.
Adicionalmente, Elena Sánchez explica que el presupuesto para conservación, es insuficiente y mal distribuido: «han habido casos en los que las autoridades cortan el presupuesto y después no se puede dar seguimiento a las tareas de conservación. No puedes hacer eso: ¿cómo financias los recursos humanos y materiales necesarios para dar seguimiento a la mortalidad, captura, adaptación u otras cuestiones de las especies?», cuestiona.
La ambientalista lamenta que debido a estas razones, especies que se encuentran en peligro no sean conservadas: «son muy pocos los proyectos del gobierno que realmente inciden en la recuperación de las especies. Necesitamos cambiar esta lógica.
Desde hace años las autoridades se han dado a la tarea de ‘administrar’ las especies silvestres en México con base en su valor económico. Esa es su filosofía: si la especie no tiene valor económico no tiene la pena conservarla porque no habría forma de que las personas las conserven si no le sacan provecho», afirma.
«Para generar una buena política se necesita trabajar con las comunidades locales, con la sociedad civil y con académicos y especialistas en pro de las especies. Si la política de conservación en México no se hace integral y deja de disociar, por ejemplo, el factor social de la conservación, los proyectos están destinados al fracaso», concluye.
