Víctimas de tortura y defensores de derechos humanos celebraron el anuncio del Presidente López Obrador de un decreto para liberar a presos que fueron víctimas de malos tratos, pero advirtieron que hay riesgos de que resulte «inoperante», si no se consideran diversos aspectos y sin el apoyo, en la práctica, de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial.
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– «Cada día que un inocente pasa en prisión se cubre una cuota de espanto que es impagable. No podríamos reponer el tiempo que le arrebatamos a todas las personas inocentes que están en prisión, pero sí restituir sus derechos”.
Esta es la frase que Enrique Guerrero Aviña, preso político y víctima de tortura durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, repite desde diciembre de 2018 cuando fue liberado por un desistimiento de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces, ha pedido que se acelere el proceso de liberación a otras víctimas de tortura, presos políticos y personas encarceladas injustamente.
En este llamado también coinciden organizaciones de derechos humanos, activistas y víctimas de tortura encarceladas injustamente, quienes aplaudieron el anuncio del Presidente López Obrador de liberar mediante un decreto a presos que fueron víctimas de malos tratos. Destacaron también que esto, en sí mismo, es un reconocimiento que la tortura es una problemática sistemática y generalizada que persiste en el país y que se debe de erradicar.
“Es un gran avance porque el Gobierno está admitiendo que sí hay tortura. Yo no había escuchado a ningún Gobierno aceptar algo así. Al momento de tomar esa decisión, el Presidente está aceptando que, si hay gente torturada dentro de las cárceles y es muy importante para nosotros los sobrevivientes de tortura”, expresó en entrevista con SinEmbargo Rogelio Amaya, juarense que junto con cuatro amigos fue detenido durante el Operativo Conjunto Chihuahua, y torturado por varios días y encarcelado injustamente por cuatro años.
Enrique Guerrero destacó a su vez que recurrir a medidas extraordinarias, como el decreto presidencial, es un reconocimiento a la injusticia de fondo que existe en las cárceles del país. “Es un anuncio relevante porque reconoce algo que el Estado mexicano ha ocultado durante toda su existencia: que la tortura es una práctica recurrente, generalizada y con la cual el sistema de justicia mexicano se ha sustentado”.
No obstante, las víctimas de tortura y defensores de derechos humanos alertaron que la medida podría resultar inefectiva, como ocurrió con la Ley de Amnistía aprobada el año anterior, si no se atienden las recomendaciones y si tampoco hay voluntad por parte de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial para acompañar la intención del Ejecutivo.
“La tortura sigue siendo sistemática y generalizada y por ello es que vemos que es importante que se implementen medidas para atender el grave problema de tortura en el país. Sin embargo, en el tema de efectividad, hay muchos elementos que se tienen que considerar para que esta medida realmente restituya los derechos de las víctimas de tortura que siguen privadas de su libertad”, comentó la abogada Melissa Zamora Vieyra, del Centro de Derechos Humanos Agustín Prodh.
En México la tortura es una grave violación de derechos humanos que se mantiene impune. La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto al menos 1 mil 259 denuncias por presuntos actos de tortura, de las cuales, sólo tres fueron enviados ante un juez y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria, según consigna el informe México: La tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia”, elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Red Todos los Derechos para Todas y Todos, tras una misión virtual de seguimiento realidad del 4 al 11 de febrero de 2021.
El documento también destaca que la FGR recibió al menos 522 denuncias por presuntos actos de tortura cometidos por agentes federales en los primeros 18 meses del actual sexenio. En el ámbito local, tan sólo en el año 2018 se iniciaron casi 4 mil investigaciones, pero en apenas 2 casos hubo cargos penales por tortura ante algún juez.
LAS RECOMENDACIONES
El pasado 29 de julio, el Presidente López Obrador adelantó que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), realizará un decreto para liberar a las personas que llevan más de 10 años en prisión y no han sido sentenciadas por el fuero federal; a los adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles del fuero federal y que no hayan cometido delitos graves; a los adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas y que no hayan llevado a cabo delitos graves, y a todo interno que haya sido torturado durante el proceso de detención y se pueda comprobar a través del protocolo de Estambul.
Organizaciones de derechos humanos, fuentes del Instituto de Defensoría Pública y víctimas de tortura explicaron que, a excepción de los casos de víctimas de tortura, la mayoría de los puntos anunciados por el mandatario ya están previstos en la Ley de Ejecución Penal, así como en la reciente Ley de Amnistía, legislaciones que si se implementaran de manera correcta permitirían la liberación de las personas internas que están en estos supuestos, pero que no ha ocurrido así.
El anunciar un mecanismo extraordinario para liberar a las víctimas de tortura comprobada abre esperanzas a las personas en esta situación, sin embargo, si el decreto no contempla algunos puntos importantes, la intención podría ser inoperante, advirtieron los especialistas.
La abogada Melissa Zamora explicó que para acreditar la existencia de la tortura deben de considerarse más pruebas y no sólo el Protocolo de Estambul porque diferentes organismos internacionales de Derechos Humanos han referido que en México existen fallas estructurales en la implementación de éste.
“En muchos casos este Protocolo de Estambul, que es un dictamen médico y psicológico, se realiza por autoridades que en muchos casos participaron en los actos de tortura, principalmente la FGR, y esto incumple con el principio de independencia e imparcialidad con el que debe de hacerse”, detalló.
Otro aspecto, abundó la especialista, es que estos dictámenes suelen elaborarse mucho tiempo (años) después de que la víctima sufrió la tortura debido al poco personal especializado para elaborar estos dictámenes: “Esto trae como consecuencia que, después de tanto tiempo, no es fácil documentar las secuelas psicológicas o físicas de la tortura”.
Zamora destacó que hay otras pruebas que pueden ser tomadas en cuenta para la mencionada medida, como: certificados de integridad realizados en el Ministerio Público; notas médicas o el expediente médico y las recomendaciones emitidas por comisiones de Derechos Humanos o resoluciones emitidas por instancias internacionales de Derechos Humanos o finalmente sentencias judiciales que tengan por acreditada la tortura.
“Porque en muchos casos, aunque se tenga alguna de estas tres determinaciones, ya sea sentencias, recomendaciones resoluciones internacionales, aunque se reconozca la tortura la gente sigue en prisión”.
El segundo punto que plantea el Centro Prodh es la necesidad de que esta medida no se condicione al tipo penal por el cual están procesadas o sentenciadas. “Si bien el Presidente no hizo referencia a que fuera a restringir esta medida, vemos que es una constante que se excluye a las personas privadas de su libertad por delitos como delincuencia organizada o secuestro”.
Lo anterior preocupa a los defensores y víctimas porque son varios casos documentados —como el de Enrique Guerrero, Rogelio Amaya, Brenda Quevedo, entre otros— de personas detenidas injustamente por este tipo de delitos graves y basaron sus casos en confesiones sacadas con tortura.
Además, es importante que en el decreto se incluya a quienes están en este supuesto, insistió la defensora, porque en la Ley de Amnistía o en la Ley de Ejecución Penal las personas procesadas por delitos graves se les deja fuera de un beneficio de liberación.
“Vemos que la tortura se utiliza para fabricar e imputar este tipo de delitos y por eso es importante que también se contemplen en la medida para desencarcelar”, dijo la abogada.
Rogelio Amaya Martínez, víctima de tortura, destacó que es necesario que el decreto prometido por López Obrador no quede sólo en el ámbito federal, sino que también se impulse a las entidades federativas a adoptar medidas similares. “A nivel estatal hay mucha gente torturada, hay mucha gente que obligaron a confesar delitos que no cometieron, que les sembraron drogas o un arma”, expresó.
ESTAR PRESO LUEGO DE SER TORTURADO
Rogelio Amaya Martínez fue detenido junto con Noé Fuentes Chavira, Ricardo Fernández Lomelí y los hermanos Víctor Manuel y Gustavo Martínez Rentería, el 11 de agosto de 2010 por agentes de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) sin motivo alguno y con lujo de violencia. Todo ello como parte del Operativo Conjunto Chihuahua, el cual había sido lanzado en el sexenio de Felipe Calderón dentro del contexto de la “guerra contra el narcotráfico”.
Desde el momento en que fueron detenidos, durante su traslado a la Ciudad de México y hasta que fueron entregados a la SIEDO el 14 de agosto de 2010, los cinco hombres fueron torturados física y psicológicamente (con golpes en la cara y cuerpo, simulaciones de ejecución, amenazas de violación a sus familias, escuchar las torturas de sus compañeros, hostigamiento o tortura sexual y exposición ante los medios de comunicación como miembros de una banda delictiva) con la finalidad que aceptaran los cargos de la explosión de un coche bomba en la frontera.
Rogelio pasó cuatro años en la cárcel, en los cuales luchó para demostrar su inocencia, donde organismos nacionales e internacionales advertían la injusticia de la que fue víctima. Finalmente en 2014, logró su liberación.
“La tortura es una huella y una cicatriz que nos dejan para toda la vida. Estar encerrado por un delito que no cometimos y aparte que te violenten, humillan, eso no tiene una explicación; no hay palabras para ello; te quiebran, te entierran en vida, te matan en vida”, compartió.
Si consideramos el principio de presunción de inocencia, que establece que una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario, es decir, con una sentencia ratificada, en México hay al menos 94 mil 547 personas bajo este supuesto, pues siguen en prisión a pesar de no contar con una sentencia.
Del sector no sentenciado, de fuero común son 82 mil 189 personas, mientras que del fuero federal hay 12 mil 358. La población total en cárceles federales es de 220 mil 114 personas, de las que 125 mil 567 sí cuentan con una sentencia.
NECESARIO APOYO DE FGR: ACTIVISTA
Enrique Guerrero Aviña fue detenido por la Policía Federal el 17 de mayo de 2013 dentro del contexto de las protestas contra la Reforma Educativa lanzada por el priista Enrique Peña Nieto. Su encarcelamiento, junto con diversos activistas, como Damián Gallardo Martínez, fue representativo por tratarse de defensores conocidos y porque se logró demostrar la fabricación del delito y la tortura.
En 2015, el Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas (ONU) instó al Gobierno de Peña Nieto a liberar a los defensores. Sin embargo, el Estado mexicano pasó por alto los extrañamientos del organismo internacional y continúo con la privación de la libertad del defensor, hasta el 28 de diciembre de 2018, ya con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue puesto en libertad.
Guerrero Aviña destacó que los esfuerzos del Ejecutivo federal por lograr que haya justicia en el país son importantes y calificó al actual sexenio de ser sensible con la problemática de los encarcelamientos injustos, sin embargo, los esfuerzos se han quedado cortos por diversos factores.
«Es muy fácil cometer una injusticia y es complicado enmendarla y por eso no todos los casos han podido ser sanados o no necesariamente se han logrado libertades en todos los casos”, dijo.
El activista advirtió que, aunque los esfuerzos de Presidencia por liberar a los presos políticos e inocentes son muy legítimos, si no son acompañados por una verdadera voluntad de la Fiscalía General de la República y por el Poder Judicial, “volveríamos a llegar a lo mismo: a un decreto que tiene buenas intenciones y justo, pero que en los hechos va a lograr muy poco”.
Guerrero denunció que lamentablemente en México existen muchos cientos de personas inocentes siguen en encarceladas sin un proceso justo y sumergidas en un largo “laberinto jurídico, por la complicidad, ineficiencia y corrupción” entre los operadores del sistema de justicia, es decir, entre la FGR, fiscalías estatales y el Poder Judicial.
