Por Indignación, Promoción y Defensa De los Derechos Humanos A.C. y Greenpeace México

El 22 de junio pasado la Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales en el estado de Chiapas, emitió una suspensión definitiva a favor de comunidades pertenecientes al pueblo Ch´ol asentadas en los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas, quienes presentaron un juicio de amparo en contra de las obras relacionadas con el tramo 1 (Palenque-Escárcega) del proyecto denominado “Tren Maya”.

La Juez consideró, como criterio fundamental para sustentarla, el derecho a la salud de las comunidades afectadas, mismo que se pone en riesgo al continuarse con las obras del tramo 1 del tren en un contexto de crisis sanitaria derivada por el virus del Covid 19. Bajo esas condiciones, la Juez ordenó al Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR), organismo público encargado del proyecto, que detuviera todas las actividades de la obra relacionadas con el tren en ese tramo, con excepción de aquellas destinadas al mantenimiento de las vías férreas ya existentes, hasta que no se resuelva en definitiva el juicio de amparo.

Esta determinación, se suma a una similar que otra Juez Federal, en este caso en el estado de Campeche, emitió a favor de comunidades mayas peninsulares y Ch´ol del municipio de Calakmul quienes presentaron un amparo por violaciones al derecho a la consulta y el consentimiento en materia indígena, así como a unas medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a favor de diversas comunidades de la península de Yucatán en contra del mismo proyecto.

Si bien la suspensión emitida el 22 de junio tuvo como objetivo principal detener la ejecución del tren para evitar el riesgo de contagio que se generaría de continuarse con las obras, también lo es que, a partir de una serie de documentos aportados por FONATUR a lo largo del juicio, se han evidenciado otras violaciones a derechos humanos derivadas del proyecto que han significado que la demanda inicial se haya ampliado para cuestionar temas del fondo del proyecto.

Básicamente tres han sido los argumentos expresados en esa ampliación: a) la ilegalidad de las concesiones realizadas por FONATUR a favor de las empresas ganadoras de la licitación de ese tramo 1; b) la violación al derecho que tienen las comunidades a su territorio, como un mecanismo para hacer efectivo su derecho a la libre determinación y c) la afirmación expresa por parte de FONATUR de que el proyecto no contaba con una autorización de manifestación de impacto ambiental, requisito indispensable que toda autoridad debe cumplir sobre todo frente a proyectos de la magnitud del Tren Maya.

Si bien esta última omisión ha intentado ser subsanada de manera reciente por FONATUR, a través de la presentación de la manifestación de impacto ambiental (MIA) el 16 de junio, lo cierto es que, en pocos días ese documento ha sido ampliamente criticado, tanto por el uso del lenguaje que parecería apostar por el etnocidio, como por carecer de los mínimos requisitos técnicos, además de que no contempla la totalidad del proyecto, pues en el documento no se hace referencia a los polos de desarrollo que son parte esencial de la obra y únicamente se analizan los posibles impactos de los primeros tres tramos del tren.

Sin duda, son muchos los derechos que el Tren Maya afecta, empezando por el del acceso a la información. Sin embargo la magnitud de las posibles afectaciones ha quedado esbozada en un informe que CONACYT encargó a un grupo de investigadoras e investigadores y que, aunque hasta la fecha no se ha hecho público, sí se pudo conocer parte de su contenido a través de un resumen filtrado a los medios de comunicación. Dicho documento alerta sobre el daño ambiental, cultural, patrimonial, económico y social que el tren (que incluye los polos de desarrollo) puede causar tal como está hasta ahora planteado.

Frente a ello y ante la muy probable presentación de diversos recursos por parte de comunidades indígenas, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos y otros sectores afectados, resulta fundamental la labor que el Poder Judicial Federal debe jugar para garantizar la vigencia de los múltiples derechos que corren el riesgo de ser violados por el proyecto del Tren Maya. Esperemos que Jueces y Magistrados, estén a la altura del reto.

Greenpeace

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