El concepto «puertas giratorias» se ha utilizado para describir de manera general la transferencia de recursos humanos entre los sectores privado y público, es decir, personas que ocuparon cargos en el Gobierno una vez que dejan esa responsabilidad se desempeñan como ejecutivos o gerentes en empresas privadas, explicó el doctor Maximiliano García Guzmán.
El fenómeno de las puertas giratorias está inmerso en diversos ámbitos, incluido el de la salud: individuos saltan entre empresas y Gobierno en busca del beneficio propio, sin reparar en el interés público.
Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- Del Gobierno a las empresas y de las empresas al Gobierno: las puertas giratorias son un fenómeno constante en México, donde las políticas públicas son dictadas a modo de favorecer los intereses económicos privados y el sector salud no es la excepción.
El concepto «puertas giratorias» se ha utilizado para describir de manera general la transferencia de recursos humanos entre el sector privado y el sector público, es decir, personas que ocuparon cargos públicos una vez que dejan esa responsabilidad se desempeñan como ejecutivos o gerentes en empresas privadas, explicó Maximiliano García Guzmán, profesor de tiempo completo en el Centro de Estudios en Administración Pública (CEAP) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En entrevista para SinEmbargo, el doctor subrayó que no se trata de un fenómeno negativo per se, sino un ejercicio que ocurre porque la experiencia que se adquiere en ciertos temas en el sector privado en ocasiones se requiere en el sector público en términos del manejo de áreas especializadas y viceversa.
No obstante, puntualizó, con el cambio de modelo de desarrollo, los sectores se han fusionado a tal grado que los principios de las empresas y sus integrantes comienzan a influir en responsabilidades públicas.
«Las empresas pueden lograr incidir en que se generen ciertas políticas que le beneficien en determinados mercados», señaló, incluso al grado de caer en claros conflictos de interés.
Cuando un empresario traspasa al sector público o cuando un funcionario público llega al sector privado, manifestó, se debe evitar perder de vista posibles conflictos de interés que se podrían manifestar en:
• Uso de información privilegiada: la información es asimétrica frente a otros actores porque tienen conocimientos previos –a veces secretos o confidenciales– de ciertos ámbitos, principalmente de mercado que pueden ser utilizados para beneficio de las empresas.
• Incidencia en decisiones de interés público: los funcionarios pueden tejer redes para incidir en la forma en la que se conducen los organismos y en las políticas públicas o regulaciones que pueda desarrollar un Gobierno y con ello favorecer a ciertos actores.
«Es una cadena de conflicto de interés que ha llevado a que cada vez más países emitan reglamentaciones para evitar justamente estos efectos de las puertas giratorias», dijo el especialista en Gobierno y Asuntos Públicos.
EL ÁMBITO DE SALUD Y LAS PUERTAS GIRATORIAS
Eduard Martín-Borregón, director de Datos, Periodismo y Tecnología del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), recordó lo que sucede en la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), de donde han surgido al menos cinco de los últimos nueve secretarios de salud del país.
Jesús Kumate, quien fue Secretario de Salud durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donó en comodato el terreno donde está edificada Funsalud. Después, el funcionario se convirtió en asociado honorario de la organización empresarial.
Mercedes Juan López estuvo al frente de la Secretaría de Salud (SSa) de diciembre 2012 a febrero de 2016 y para asumir el puesto público dimitió a la presidencia ejecutiva de Funsalud. José Narro Robles, actual Secretario, fue parte del Comité Técnico del organismo empresarial.
«Funsalud es un think tank de derechos que promueve las políticas en favor de las empresas y en favor de que cada vez se les generen más beneficios. Ellos lo ven desde el espacio que la salud debe ser provista por medio de empresas privadas, es decir, con fines de lucro, y eso lo hacen empresarios en vez de que sea el Estado quien provea estas políticas», dijo a este medio digital.
Entre las empresas asociadas a Funsalud se encuentran las farmacéuticas Novartis, Sanfer, Pfizer y Abbvie; hospitales privados como Ángeles y Centro Médico ABC; además de Nestlé, Bimbo y Coca Cola, de la industria alimentaria y de bebidas.
Una investigación realizada en 2016 por Martín-Borregón y Paola de Loera para PODER con información de la plataforma Méxicoleaks expuso que Funsalud promovió dos modificaciones trascendentales al sistema de salud: la descentralización de los servicios y la implementación del Seguro Popular.
La descentralización estuvo a cargo de Guillermo Soberón Acevedo, quien estuvo al frente de la Secretaría de Salud entre 1986 y 1888, durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Un año antes de ocupar el puesto público, el médico cirujano impulsó la creación de Funsalud donde fue presidente ejecutivo entre 1988 y 2004. Hoy es el presidente emérito de la fundación.
El Seguro Popular se constituyó en la administración de Vicente Fox Quesada, señala la investigación, «bajo el programa Nacional de Salud, apoyado activamente por la Funsalud», durante ese tiempo Julio Frenck Mora estaba al frente de la SSa y un par de años antes se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo de lo que PODER llama una «organización lobbista».
«Si los últimos secretarios de salud han sido miembros del Funsalud, entonces tienen una capacidad bestial para influir en la política pública, es decir, no es que incidan en la política pública, es que la diseñan directamente», afirmó Martín-Borregón. Y subrayó: «convierten el derecho a la salud en un negocio, por lo tanto ganan dinero con él».
Asimismo, manifestó: «Se puede hablar de puerta giratoria cuando una persona pasa de ocupar un cargo público a privado y de privado a público […]. Se puede sospechar que la persona que hace este cambio sigue trabajando o va a seguir haciendo más por el interés de donde estaba trabajando con anterioridad que por el interés público. Unas personas que están trabajando para el interés privado en una organización que está promoviendo la privatización de la sanidad y hacen cambio a la Secretaría de Salud, me parece que es una puerta giratoria».
La principal consecuencia de ello, apuntaló, ha sido la privatización del servicio de salud ocasionada por la mala calidad del sistema público. Como ejemplo citó el caso de las farmacias que cuentan con consultorios médicos y que hoy proliferan.
Un estudio reciente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC (CIEP) arrojó que los tiempos de espera en consultorios privados y farmacias se reducen a más de la mitad, en comparación con servicios públicos. También expuso que una persona afiliada al Seguro Popular gasta en promedio mil 463 pesos al año en estos sitios.
«Ahora mismo la salud de México está privatizada […]. México no está proveyendo un buen servicio de salud a sus ciudadanos, tenemos la peor sanidad y toda una serie de empresarios se enriquecen a partir de la mala gestión que hace el Gobierno mexicano de la salud y del abandono a este espacio», sostuvo.
EPIDEMIA DE OBESIDAD Y PUERTAS GIRATORIAS
El caso del doctor Jaime Zabludovsky es otro ejemplo de caso de puertas giratorias. En el sector público ocupó, entre otros cargos, el de economista en la dirección de investigación económica del Banco de México (Banxico) entre 1984 y 1985, también fungió como subjefe de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1990 a 1994 y fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial entre 1994 y 1998.
En 2007, se convirtió en presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo AC (ConMéxico), donde permanece. La asociación alberga 44 empresas de distintos sectores incluido el de alimentos y bebidas, entre las que sobresalen Coca Cola México, Coca Cola Femsa, Nestlé, Pepsico, Bimbo, Gruma, Barcel, Danone, Alpura, Lala y Kellogg’s, principales fabricantes de productos procesados y ultraprocesados, relacionados con padecimientos como obesidad y diabetes.
«El sistema alimentario mexicano sufrió una invasión de estos productos [ultraprocesados] y uno de los actores clave para lograrlo fue Jaime Zabludovsky como jefe del grupo de negociación del Tratado. Esos favores se pagan y pasa desapercibido que sea el presidente de ConMéxico y el principal estratega y cabildero en contra de cualquier política que pueda afectar los intereses de la industria de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas», apuntó Alejandro Calvillo Unna, director de la organización civil El Poder del Consumidor (EPC).
Cabe recordar que desde noviembre de 2016, el Gobierno federal decretó emergencia epidemiológica por la situación de obesidad y diabetes que enfrenta México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) de medio camino, 3 de cada 10 niños y 7 de cada 10 adultos viven con exceso de peso. Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que durante dicho periodo fallecieron 105 mil 574 personas a consecuencia de la enfermedad no transmisible, mientras en 1990 las muertes por la misma causa llegaban a 25 mil 782.
Las líneas de acción de ConMéxico, según su página oficial, consisten en «incidir en el diseño y ejecución de políticas públicas y privadas con el debido sustento técnico y/o científico, para fomentar un entorno institucional sólido y la promoción de un marco regulatorio certero, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, que fomente la inversión y permita el sano desarrollo de la industria de bienes de consumo».
EPC ha acusado reiteradamente que el organismo empresarial ha dirigido la estrategia de cabildeo de la industria de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas contra las políticas de prevención de la obesidad en el país, con lo que ha logrado impedir la implementación de una regulación efectiva del etiquetado frontal, pues el que existe actualmente fue diseñado por la industria y se debilitó la regulación de la publicidad de dichos artículos, dirigida a los niños.
Por si fuera poco, EPC también ha denunciado que ConMéxico ha sido pieza clave en la Alianza de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas de América Latina (ALIAB), que se ha declarado en contra de los criterios de consumo diario de azúcar establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y se ha opuesto a los etiquetados frontales de advertencia que ya operan en Ecuador y Chile y a los que se proponen en Perú y Uruguay, así como en contra de los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos con alta densidad calórica en la República Mexicana.
El académico García Guzmán indicó que el caso de Zabludovsky es «muestra clara» de cómo se llegan a conectar el ámbito público y privado para favorecer intereses específicos que no tienen que ver con el bienestar de todo un país.
«Gran parte del problema de la obesidad tiene que ver con cómo se han construido las políticas públicas de alimentación en los últimos años, cómo se han dejado de producir alimentos sanos a favor de productos procesados que son los que se ponen al alcance de la población en términos de consumo. El problema en términos éticos viene cuando la incidencia no tiene qué ver con beneficios colectivos, sino con beneficios privados», concluyó.
