El cambio climático es el más grande reto que afronta la humanidad a mediano y largo plazo. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ocasionadas por el uso preponderante de combustibles fósiles en los sectores de energía y transporte, aunado a la deforestación por cambio de uso de suelo, y otras actividades que contribuyen a más emisiones, como la ganadería, están acelerando la tendencia creciente del calentamiento global.

Sabiendo esto, la comunidad internacional ha buscado unir esfuerzos y perspectivas sobre el camino a seguir, y cada país ha propuesto estrategias de acción tomando en cuenta sus características y capacidades.

En este contexto, al presentarse como promotora de acciones de protección ambiental y de mitigación y adaptación al cambio climático, la Unión Europea ha formulado diversos instrumentos de política desde hace tiempo. Actualmente se rige por el Pacto Verde Europeo, publicado en diciembre de 2019, y en el que se propone responder a los diversos retos que plantea la problemática. Para ello, este pacto busca que la Unión Europea se convierta en una sociedad próspera y justa que cuente con una economía competitiva, moderna y eficiente en recursos que deje de producir emisiones netas de GEI para el año 2050. Asimismo, se plantea que el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos. El entorno natural también es considerado, así como la salud y el bienestar de los ciudadanos ante riesgos relacionados con el medio ambiente.

Esto suena bien como propuesta. No obstante, estos objetivos pueden quedar en entredicho por posturas divergentes tanto al interior como al exterior de la Unión Europea. Polonia, por ejemplo, depende fuertemente del carbón. Alemania, por todo lo que promueve en el plano climático, no es capaz de controlar la voracidad del sector automotriz que aun es reacio a transitar a la electromovilidad, al menos en otras latitudes. Y es en esas otras latitudes donde el Pacto Verde Europeo puede ser ignorado como posible herramienta diplomática, donde continúa la pérdida de biodiversidad, se fomenta el uso de combustibles fósiles, se evita la transición energética, se minimiza la deforestación rapaz, se promueve la minería a cielo abierto, y demás temas que son contraproducentes con el medio ambiente y contribuyen al cambio climático, aunque sean redituables económicamente en el corto plazo. Ahí se ubican países del denominado “Sur Global”, destacando América Latina, África, y Asia Central y Sudoeste, aunque también se encuentran casos al interior de los llamados “países desarrollados”.

Entonces, el impacto que el Pacto Verde Europeo puede tener interna y externamente depende de la capacidad de sus promotores para difundir los posibles beneficios de un cambio en economías nacionales y regionales para transitar a una reducción de emisiones de GEI de manera importante. Se selecciona el 2050 como el año limite para ello, pero se corre el riesgo de posponer esta fecha, dependiendo de los logros cercana la fecha límite y las condiciones políticas tanto actuales como venideras.

Con información obtenida en: European Commission. (2019). Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The European Green Deal. 11 de diciembre de 2019. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf

Gustavo Sosa Núñez

https://dev.sinembargo.mx/author/gustavo-sosa/

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de East Anglia, en Norwich, Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel 1. Sus intereses de Investigación incluyen el análisis de políticas​ públicas ambientales, sus resultados y procesos de convergencia a nivel regional. Actualmente es profesor investigador del Instituto Mora. Twitter: @gssosan / @institutomora

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