Detrás de cada número hay personas, hay familias, padres, esposas, hijos, hermanos, que viven un intenso y doloroso drama, que es exacerbado por la desesperanza, la angustia, la desesperación, la rabia y el miedo.

El país se hunde en el horror y si no reaccionamos a tiempo, quedaremos atrapados en la vileza de observar, con insensata naturalidad, como todos los días se profundiza el drama y nos estruja el dolor.

Las victimizaciones de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, en el estado de Nuevo León, que mal gobierna el emecista Samuel Alejandro García Sepúlveda, y de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, en el Jalisco tan maltratado por el Gobernador naranja Enrique Alfaro Ramírez, son sólo dos gotas amargas del elixir de la tragedia que todos los días consume la sociedad.

El reciente miércoles 18 de mayo del 2022 la organización World Justice Project (WJP) dio a conocer un estudio que concluye que en México los 32 estados de la República están reprobados en el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, al no haber alcanzado ninguno de ellos ni siquiera el medio punto, en una calificación que va de 0 a 1.

Este Índice se elabora a partir de la evaluación de ocho factores: límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil y justicia penal. Se basa también en una encuesta a población abierta, cuestionarios aplicados a especialistas, así como registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, instrumentos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Más de 100 mil personas están desaparecidas en México desde 1964 a la fecha, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, publicó el pasado lunes 16 de mayo del 2022 el periódico español El País.

Explica el diario español que la mayoría de esas personas fueron registradas como desaparecidas a partir de 2006, cuando inició la Administración de Felipe Calderón, que sacó el Ejército a la calle para combatir la violencia del crimen organizado.

Jalisco ocupa el primer lugar nacional en la ominosa clasificación de desaparecidos. El pasado 14 de marzo del 2022, El Diario-NTR de Guadalajara reseñó que el número de desaparecidos en la entidad había llegado a un total de 16 mil 22 en total.

El lunes 20 de junio del 2022 la revista Expansión publicó que con 2 mil 833 homicidios dolosos y 77 feminicidios registrados en mayo, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador superó las 120 mil 463 muertes violentas ocurridas durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa. La Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, presentó el reporte mensual de seguridad en el que defendió la estrategia de seguridad pública, pese a que en los 42 meses de la actual administración se han reportado 121 mil 655 muertes violentas.

En noviembre del 2021 la consultora Impunidad Cero publicó su Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021, en el que advierte que “la impunidad en homicidio doloso ha ido en aumento, y en los últimos tres años se ha mantenido en alrededor de 89 por ciento. Es decir, de cada 100 homicidios intencionales que suceden en el país, únicamente alrededor de 11 cuentan con una sentencia condenatoria. Esto es preocupante ya que las víctimas de homicidio doloso en el país aumentaron 93 por ciento de 2015 a 2020”.

El miércoles 22 de septiembre del 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, en la que concluye que a nivel nacional, la cifra negra de delitos que no son denunciados o por los cuales no se abrió alguna carpeta de investigación fue del 93.3 por ciento durante del 2020.

La cifra negra delictiva tiene su más alta expresión en Guerrero, con el 97.3 por ciento, le sigue Sinaloa con el 95.6 por ciento y Zacatecas con el 95 por ciento. Jalisco registró 92.9 por ciento de Cifra Negra, de delitos no denunciados o no investigados.

Sin paz y tranquilidad no iremos muy lejos como país y la felicidad a la que todo el pueblo aspira no pasará de ser una simple quimera producto de la esperanza, frente a la cruel realidad. Pero tampoco alcanzaremos la paz mientras la justicia no cumpla su cometido y se signifique por ser eficiente, profesional, humana, sensible y oportuna.

Si algo le urge a este país es una profunda reforma en dos áreas clave: la procuración y la administración de justicia, atrapadas en los oscuros laberintos de la corrupción, las complicidades, los pactos siniestros.

La Cuarta Transformación no tendrá destino, en tanto no se promueva una profunda reforma en el andamiaje jurídico que determina los procedimientos para nombrar tanto al Fiscal General de la República como a los fiscales de los estados.

Pero también urge una reforma constitucional que garantice la autonomía de las fiscalías, más allá de los apetitos e influencias de los políticos y del uso faccioso que le han dado a la procuración y administración de justicia en favor del crimen organizado, de la delincuencia y común y de la delincuencia de cuello blanco.

No habrá futuro luminoso si la justicia no se transforma en un bien generoso al servicio de la sociedad, pero en particular de los más pobres y desvalidos, de los que no pueden imponer el perverso argumento de las influencias y el dinero para reclamar los favores de fiscales, procuradores, ministerios públicos, jueces y magistrados, que tienen tatuado en la frente el signo de pesos y se conducen con el cinismo de los prevaricadores y los canallas.

Habría que sustraer de los apetitos políticos la designación de fiscales, jueces y magistrados mediante la insaculación o la elección por voto directo del pueblo, luego de comparecencias públicas ampliamente publicitadas ante los órganos legislativos de la federación y de los estados, ante colegios de profesionistas, organizaciones de ciudadanos independientes y comités de especialistas integrados para tal propósito. Y por supuesto, previa investigación detallada de la solvencia moral, ética y profesional de los aspirantes, de su fama pública y de su honesta forma de vida.

Habría que establecer presupuestos constitucionales suficientes y predeterminados por ley, para evitar que la negociación de los recursos para la procuración y administración de justicia sean objeto de presiones y condicionamientos de poderes formales y fácticos, del Presidente de la República y de los gobernadores, así como de organizaciones de delincuentes comunes o de cuello blanco.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador debería convocar a una consulta nacional en foros abiertos, públicos, donde se puedan expresar no sólo los expertos, sino también el pueblo mismo, que sin manejar el lenguaje impostado y solemne de los eruditos y los académicos sufre y padece cotidianamente las calamidades que pudren todos los días las fibras más sensibles de la sociedad y puede hablar de ellas y sus remedios con más autoridad que los presuntos expertos en la materia.

La justicia en México se pudre y requiere de una cirugía mayor, profunda, firme y profesional para recuperarse. Sin paz, seguridad, tranquilidad y justicia no hay esperanza para el pueblo.

Pedro Mellado Rodríguez

https://dev.sinembargo.mx/author/pedromellado/

Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace más de tres décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Es profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

#Análisis ¬ ¿Es posible que Claudia suba más? Sí: en 2018, AMLO apretó en los últimos 30 días