Dos días antes de que el avión presidencial fuera enviado a Estados Unidos –donde estará varado en lo que el Gobierno federal lo vende– Andrés Manuel López Obrador clausuró el hangar presidencial, una obra cuyo costo superó los mil 100 millones de pesos con irregularidades mayores a 213.1 millones y que sólo fue usada por 2.8 años, en lugar de los 30 que justificaron su construcción entre 2014 y 2016.
Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– Desde su primer hasta su último día de uso, el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue una obra de infraestructura del Gobierno federal con un costo (proporcional) diario de uso de 1.14 millones de pesos.
El 3 de febrero de 2016, el avión presidencial “José María Morelos y Pavón”, un Dreamliner 787-8 que tuvo un costo de 218.7 millones de dólares, hizo base –por primera vez– en el llamado “hangar 787”.
Dicho hangar, concebido a finales de 2013 y construido entre el 3 de julio de 2014 y el 13 de enero de 2016, tuvo un costo total de inversión de mil 182 millones 263 mil 084 pesos, así como una vida útil de 1 mil 033 días, que corrió del 3 de febrero de 2016 al 1 de diciembre de 2018, cuando el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le dijo adiós al proyecto de su antecesor Enrique Peña Nieto (EPN).
El costo de construcción (1.2 mil millones) por día de obra (560 en total) del hangar presidencial fue de 2 millones 111 mil 184.08 pesos. Y el costo de uso diario del hangar, según su vida útil de 2.8 años, fue de 1 millón 144 mil 494.76 pesos.
Cuando comenzaron las obras, el hangar estuvo a cargo del general de brigada Crisanto García, quien era investigado (2014) por la Procuraduría General de la República (PGR) por su probable implicación en «casos de soborno y fraude cometidos por militares», según consta en un punto de acuerdo del día 2 de diciembre de 2014 de la Cámara de Diputados, para removerlo de su cargo.
Este espacio, en cuya construcción participaron dos contratistas (Grupo Higa y SGS de México) cercanas al ex Presidente Peña Nieto, contó con tantos lujos como el Dreamliner presidencial.
Resguardo aéreo y base del Estado Mayor, el hangar 787 fue pensado para dar cabida al Boeing y a seis helicópteros de la Fuerza Armada de México. Contaba con un salón oficial y una sala de atención a pasajeros, áreas administrativas, de alojamiento y de seguridad, así como almacenes, comedores e instalaciones sanitarias, además de un estacionamiento con capacidad para 520 vehículos y canchas de basquetbol, frontón, fútbol y squash.
Los 59 mil 551 metros cuadrados de construcción, justificados en su momento por la Presidencia de la República por cuestiones de «seguridad nacional”, de la «saturación en la prestación de servicios” (para aeronaves y personal oficial) y el «deterioro significativo de los edificios de servicios y apoyo”, tuvieron un costo (proporcional) de 19 mil 852.95 pesos por unidad, monto equiparable al valor base por metro cuadrado de construcción, en colonias capitalinas de lujo como las Lomas de Chapultepec o Polanco.
Tras la llegada de AMLO al poder, el avión presidencial partió a un hangar en California, en Estados Unidos, donde aguarda –con un costo anual de “parqueo» de 14 millones de pesos (acuerdo MXG-SU-1808929)– a ser vendido por al menos 200 millones de dólares.
El futuro del hangar, empero, es incierto; pero existe la posibilidad de que sea convertido en un apéndice del aeropuerto Benito Juárez.
A finales del año pasado, el ahora Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, señaló que la nueva administración podría «modernizar, actualizar y mejorar” el sitio del hangar presidencial para “aumentar la frecuencia” del AICM. Jiménez afirmó que el proyecto estaría listo en año o año y medio y que, «sin inconvenientes de saturación pueda tener de 48 a 50 millones de pasajeros”.
Por ahora, las instalaciones están en manos de la Fuerza Aérea Mexicana, como parte del sexto grupo aéreo que le dio su nuevo nombre: «6/o. GPO. AEREO”.
CRONOLOGÍA CONTRACTUAL
El 25 de octubre de 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se comprometió a “llevar a cabo la adecuación presupuestal por la cantidad de 945 millones 599 mil 450.94 pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado, […] para los ejercicios 2014 y 2015”. La finalidad, según el contrato número 015-O14-AICMN2-O3, era la “ampliación y modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo» en el AICM.
No obstante, en el periodo 2014-2015, el Gobierno federal erogó 3.40 por ciento más dinero (977 millones 750 mil 777 pesos) de lo planeado, de acuerdo con datos de la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante los 560 días de obras de construcción (2014-2016) del hangar 787, la Cuenta Pública 2016 refiere que el Gobierno federal dispuso de 1.18 mil millones de pesos (proyecto con clave 1409KDN0001). Pero las cifras establecidas en los contratos indican que, con todo e IVA, habría erogado 1 mil 214 millones 154 mil 930 pesos (una diferencia de 2.70 por ciento).
“Nada más para guardar el avión hicieron una galera. ¿Saben cuánto cobraron por esa galera? Mil millones de pesos. [Pero] cuando mucho costó 500 millones. Ahí se robaron 500 millones. […] Pero claro, este proyecto no se licitó, no hubo concurso. Fue lo que se llama asignación directa y se eligió a una de las empresas predilectas de Enrique Peña Nieto [Grupo Higa]”, dijo AMLO sobre la construcción del hangar 787, en mayo de 2018.
La construcción quedó a cargo de la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico, propiedad de Grupo Higa, que venía operando con el ex Presidente Enrique Peña Nieto desde que fue Gobernador del Estado de México (2005-2011) y que se vio involucrada (2014) en el escándalo de la llamada «Casa Blanca» de la ex Primera Dama Angélica Rivera Hurtado.
Para el ejercicio fiscal 2014, Concretos y Obra Civil del Pacífico recibiría 423 millones 296 mil 623 pesos (sin IVA). Y para 2015, 262 millones 048 mil 166 pesos (sin IVA). Es decir, un total de 685 millones 344 mil 789 pesos antes de IVA.
La obra debía iniciar «el día 3 de julio de 2014, con un plazo de 425 días naturales y a concluir el día 31 de agosto de 2015”.
En cada año fiscal, la filial de Grupo Higa recibiría un anticipo del 30 por ciento (238 millones 499 mil 986.57 pesos con IVA) del monto total (794 millones 999 mil 955.24 pesos con IVA) del contrato. O bien, 147 millones 307 mil 224.80 pesos (con IVA) en 2014 y 91 millones 192 mil 761.77 pesos (con IVA) en 2015.
Dicho anticipo contemplaba –además del “inicio de los trabajos”– la construcción de “oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones” para la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico, así como gastos de “traslado de maquinaria y equipo de construcción”, compra de materiales, de insumos y de “equipos que se instalen permanentemente”.
Sin embargo, tres días antes de concluir el plazo pactado de las obras, “mediante [el] escrito no. OF-HP-OB-0504 de fecha 28 de agosto de 2015, la empresa Concretos y Obra Civil del Pacífico S.A. de C.V. solicitó un convenio modificatorio de ampliación de monto y plazo a la empresa supervisora de la obra, [el] Bufete de Control de Calidad S.A. de C.V.”, se lee en el convenio modificatorio número 015-A14-AICMN2-O3.
Derivado del convenio, en 2015 la SCT aceptó incrementar en 25 por ciento (171 millones 267 mil 662.68 pesos) el presupuesto para la filial de Grupo Higa, de modo que el contrato a favor de la constructora Concretos y Obra Civil del Pacífico pasó de 685.34 millones de pesos (sin IVA) a 856 millones 612 mil 451.68 pesos (sin IVA).
Asimismo, el Gobierno federal aprobó un anticipo a favor de la constructora, equivalente al 30 por ciento (con IVA) del monto de incremento (171.3 mdp) del contrato original. Es decir, un anticipo de 59 millones 601 mil 146.61 pesos.
El nuevo plazo de entrega, por su parte, implicó una extensión de «106 días naturales contados a partir del 1 de septiembre de 2015, al 15 de diciembre de 2015”.
Por su parte, la compañía SGS de México, que se ostenta como “líder mundial en inspección, verificación, ensayos y certificación” para el sector industrial, obtuvo un contrato (no. 012-O14-AICMK2-S3) por 60 millones 791 mil 232.80 pesos (antes de IVA).
Dicha compañía, al igual que Grupo Higa, fue contratista del Gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto fue Gobernador. Por esos años, SGS supervisó las obras de construcción de la compañía española OHL, durante la edificación del Viaducto Bicentenario.
Su labor en el hangar consistió en ejecutar el “proyecto ejecutivo arquitectónico, de ingeniería e instalaciones para la ampliación y modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo en el AICM”, a partir del 12 de mayo de 2014, “con un plazo de 65 días naturales a concluir el día 15 de julio de 2014” (dos semanas después del inicio de labores de Concretos y Obra Civil del Pacífico).
Además, el Gobierno federal contrató al Bufete de Control de Calidad para controlar, dirigir y supervisar la ejecución de las obras de Concretos y Obra Civil del Pacífico. Para ello, la administración pasada dispuso –en un principio– de 52 millones 229 mil 500 pesos (sin IVA).
El contrato (no. 014-O14-AICMN2-S3) estipulaba que el Bufete operaría por 472 días naturales, a partir del 1 de junio de 2014 y hasta el 15 de septiembre de 2015. Sin embargo, en su el último día de operación, el Bufete firmó un convenio modificatorio “de ampliación del monto y del plazo” por 13 millones 052 mil 100 pesos (para un total de 65 millones 281 mil 600 pesos) y 106 días naturales (hasta el 30 de diciembre de 2015) adicionales.
LAS IRREGULARIDADES
El hangar presidencial de la AICM no sólo tuvo un costo 25.03 por ciento superior al costo estimado inicial (945.6 mdp). Entre 2015 y 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 213 millones 121 mil 005.22 pesos en pagos indebidos y daños probables a la Hacienda Pública Federal.
Discrepancias «entre el volumen pagado» y el «volumen obtenido» en obras y servicios del AICM; “duplicidad del personal técnico y administrativo en oficinas de campo”; “incorrecta» integración de costos y precios de obras y servicios; pagos a precios “excesivos”; pagos y obras «no previstas» y/o “injustificadas”, así como penalizaciones “no solventadas” y sobrecostos, fueron parte de las inconsistencias que la ASF halló en los procesos de construcción del hangar 787.
En 2015, la ASF detectó irregularidades por al menos 67.8 millones de pesos y solicitó la “promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria” en ocho ocasiones. En 2016, encontró discrepancias adicionales por 139.3 millones y pidió dos sanciones contra funcionarios públicos. Y en 2017, la ASF detectó 5.9 millones de pesos en irregularidades y añadió dos promociones de sanción a su lista.
Como consecuencia de las tres revisiones –del 60 por ciento (en promedio) de los montos erogados (2014-2016) para la construcción del hangar– de la ASF, el órgano fiscalizador determinó, entre otras cosas, que en los contratos 015-O14-AICMN2-O3 (Grupo Higa), 012-O14-AICMK2-S3 (SGS de México), 014-O14-AICMN2-S3 (Bufete de Control de Calidad) y 046-O14-AICMK2-S3 (AICM) «no se halló evidencia documental que acreditara los criterios de economía, eficacia, honradez y transparencia en que se sustentó su adjudicación directa, ni tampoco de las investigaciones de mercado que hubieran realizado”.
Las compañías involucradas en el diseño, construcción, supervisión y manejo de recursos públicos federales, asimismo, fueron señaladas por cometer “errores” e incurrir en “retrasos” que aumentaron los costos de la obra de infraestructura.
Ejemplo de ello es la determinación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en su revisión a 13 estimaciones ordinarias y seis de trabajos adicionales del contrato 015-O14-AICMN-O3. La dependencia “constató” la presencia de «correcciones y tachaduras” en las ordenes de trabajo, mismas que originaron «confusión y falta de confiabilidad de los datos contenidos”.
La SFP también detectó “estimaciones que “no fueron autorizadas por el residente de obra” –que es el AICM– y que, «sin embargo, fueron pagadas”.
A pesar de las irregularidades documentadas por la ASF y la SFP a lo largo de los años, hasta la fecha se desconoce si las 12 solicitudes de “promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria” en contra de funcionarios públicos fueron ejecutadas.
