Activistas consultados por SinEmbargo coinciden en que la política de Gobierno de Peña Nieto se enfocó en favorecer los intereses económicos e hizo a un lado los derechos humanos y el bien común, por lo que desató una violencia nunca antes vista hacia quienes levantaron la voz en la lucha por la protección del medio ambiente y el territorio.
Informes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) muestran un incremento en los ataques en contra de las personas defensoras del medio ambiente: entre 2013 y 2014 se registraron cuatro homicidios, entre 2014 y 2015 hubo 11 más, entre 2015 y 2016 uno y en su último registro contabilizaron 29.
Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- El sexenio de Enrique Peña Nieto, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), está por llegar a su fin como uno de los más sangrientos para quienes se atrevieron a defender su territorio y los recursos naturales ante el despojo de grandes empresas privadas y públicas.
Activistas consultados por SinEmbargo coinciden en que la política de Gobierno de Peña Nieto se enfocó en favorecer los intereses económicos e hizo a un lado los derechos humanos y el bien común, por lo que desató una violencia nunca antes vista hacia quienes levantaron la voz en la lucha contra los megaproyectos.
«Vemos con mucha preocupación, sobre todo en este sexenio, que aumentó el número de ataques hacia personas defensoras y particularmente de personas defensoras de tierra y territorio y medio ambiente. Vimos un incremento muy preocupante de proyectos extractivos, megaproyectos en donde se pasaron por alto muchos de los derechos de comunidades indígenas y esto trajo como consecuencia la exposición de los defensores a diversos ataques», dijo Chasel Colorado Piña, coordinadora de Incidencia en Políticas Públicas de Amnistía Internacional.
Asimismo, destacó la gravedad de que el asesinato sea una de las formas utilizadas para acallar, pues «se manda un mensaje de que defender la tierra y el territorio y el medio ambiente puede ser una condena de muerte».
La implementación de reformas estructurales y la entrega de los recursos naturales a los intereses económicos despertó el descontento entre la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. Llegaron las protestas y con ellas, diversas formas para silenciarlas: amenazas, hostigamiento, criminalización y ataques que incluso llegaron a ser mortales.
«Las reformas que se han hecho favorecen a inversiones extranjeras, inversiones económicas muy grandes y se desprotege a las comunidades», indicó Hannah Matthews, coordinadora comunicaciones en Peace Brigades International (PBI) México.
En el mismo sentido, Francisco Cerezo Contreras, coordinador de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México, afirmó que «la implementación de las reformas estructurales de todo tipo han generado protestas por parte de defensores de derechos humanos y la política de Peña Nieto ha sido acallar no solamente a la disidencia política social en México, sino inclusive eliminarla físicamente para que las reformas estructurales avancen como ellos quieren, es decir, de la manera más rápida, quitándole los derechos a la población mexicana».
Informes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) han arrojado un incremento en los ataques en contra de las personas defensoras del medio ambiente en México:
–Entre enero de 2013 y abril de 2014 se registraron 82 ataques, de ellos, cuatro llegaron al homicidio.
–Entre mayo de 2014 y junio de 2015 hubo 109 ataques, de ellos, 11 derivaron en asesinato.
–Entre julio de 2015 y junio de 2016 se presentaron 63 ataques, de ellos, uno acabó en homicidio.
–Entre julio de 2016 y diciembre de 2017 se produjeron 88 casos, de ellos, 29 resultaron en asesinato.
«Estamos notando un incremento en las agresiones físicas y sobre todo en los homicidios. Nos alarma muchísimo […] Nos parece muy grave el aumento de ese tipo de violencia que ya es mucho más directa hacia la persona, como es un asesinato; ha escalado de agresiones que son más comunes como las amenazas, el hostigamiento y la criminalización», manifestó Alejandra Leyva Hernández, abogaba junior del área de derechos humanos de Cemda.
El crecimiento en las cifras de agresiones y asesinatos de las y los defensores, señalan los miembros de organizaciones civiles consultados por este medio de comunicación, ha sido alimentado por la impunidad que favorece la repetición de los crímenes, pues al ver que las víctimas carecen de acceso a la justicia, los victimarios continúan ejerciendo violencia en el gremio.
«La tasa de impunidad en México es alarmante y esa impunidad facilita la violación de derechos humanos, sobre todo con los defensores, pues los agresores ven que no les va a pasar nada. Es un factor en la situación tan difícil que están viviendo», apuntaló Matthews.
Dado lo anterior, afirmaron que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrentará el reto de establecer políticas integrales para proteger a quienes defienden el medio ambiente, la tierra, el territorio y en general los derechos humanos. Amnistía Internacional y el Comité Cerezo subrayaron que además tendrá el desafío de impartir justicia para los defensores agredidos y asesinados.
Para muestra, SinEmbargo hace un recuento de algunas de las personas defensoras que –durante este sexenio– fueron privadas de la vida tras oponerse a distintos megaproyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos, entre otros.
-Abraham Hernández González, 2018
El 17 de julio pasado, el coordinador regional del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) fue secuestrado y asesinado por un grupo de personas armadas en Oaxaca.
De acuerdo con el colectivo Nodo Solidale- México, el CODEDI ha defendido los territorios indígenas del despojo de miles de hectáreas de playa y selva, además de fuentes de agua destinada al uso de grandes hoteles. Asimismo, dentro de la zona de influencia del comité existen al menos nueve concesiones mineras y cinco proyectos hidroeléctricos.
-Manuel Gaspar Rodríguez, 2018
El integrante del Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular, organización perteneciente a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala–Movimiento Nacional (MIOCUP-CNPA-MN) fue torturado y asesinado el pasado 14 de mayo.
Se opuso al proyecto minero «El Aretón», de la empresa minera Autlán, que actualmente tiene el permiso de explotación denegado. En su momento, el activista denunció que el proyecto que buscaba extraer oro provocaría impactos en recursos naturales, medio ambiente y salud en el municipio de Tlatlauquitepec, en Puebla.
Además, trabajó por detener la construcción de una subestación eléctrica en Cuetzalan del Progreso, incluido en el Programa Pueblos Mágicos de México, desarrollado por la Secretaría de Turismo. Derivado de esa lucha, Manuel fue citado a comparecer ante la Procuraduría General de la República (PGR), ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo denunció.
-Adrián Tilihuit, 2018
Página Negra dio a conocer el asesinato del activista, quien luchaba en contra de los «proyectos de muerte» en la Sierra Nororiental de Puebla. Su cuerpo fue hallado con un disparo en la cabeza, a diez metros de un automóvil Chevy, ambos fueron arrojados al fondo de un barranco en el municipio de Zacapoaxtla.
El defensor trabajó con los indígenas de San Juan Tahití para oponerse a la instalación de la empresa Gaya S.A. de C.V. en la zona del río Apulco para comenzar con la construcción de plantas hidroeléctricas. En 2013, la comunidad expulsó a trabajadores enviados por la empresa que buscaban comenzar con trabajos, aún sin permiso.
-Hiram Yusset Tejeda Salas, 2017
El compositor de canciones de protesta tenía 26 años de edad cuando fue secuestrado el 12 de marzo y posteriormente asesinado en Amatlán, Veracruz, seis días después. De acuerdo con Plumas Libres, el joven licenciado en Educación Física apoyaba a las luchas de movimientos sociales de la región, entre ellos, la defensa de ríos ante proyectos hidroeléctricos.
-José Alberto Toledo Villalobos, 2017
Era miembro de la Red Nacional de Resistencia Civil. Fue hallado el 8 de abril golpeado y semi inconsciente, en el tramo carretero entre la colonia San José y la gasolinera de Tapanatepec, en Oaxaca.
Toledo Villalobos era defensor de los derechos humanos, de la tierra y territorio contra la minería y las altas tarifas de la energía eléctrica.
-Juan Ontiveros Ramos, 2017
El defensor del territorio y los bienes naturales fue encontrado sin vida el 1 de febrero en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, un día después de ser privado de la libertad. El asesinato se registró a dos semanas del homicidio del premiado líder indígena Isidro Baldenegro López, en el mismo ayuntamiento.
Tras un año del crimen, la organización civil Alianza Sierra Madre (ASMAC) exigió justicia, pues denunció que los responsables continúan libres y ha existido «gran dificultad» para ejecutar las órdenes de aprehensión contra los dos perpetradores pese a los operativos de seguridad realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
-René Hernández Hernández, 2016
El subdelegado de Chipoco II, del municipio de Tlanchinol, Hidalgo fue asesinado el 13 de agosto.
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos denunció que desde 2013, habitantes de la comunidad eran hostigados y amenazados por reclamar a la Empresa Minera Autlán que terminó por dividir a Chipoco y Chipoco II, donde fianalmente Hernández fue asesinado.
-Antonio Esteban Cruz, 2014
El 4 de junio fue asesinado. Se oponía a la construcción de una hidroeléctrica en el río Apulco y a la minería en la región. En su momento, integrantes del MIOCUP, liderado por él, advirtieron que la hidroeléctrica Cuamono-Cuetzalan podría incluso desaparecer dos comunidades cercanas y lograron suspender las obras.
-Héctor Regalado Jiménez, 2013
Fue opositor a los proyectos eólicos y miembro de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ). El 21 de julio fue atacado con seis impactos de bala y a consecuencia de las heridas, murió el 1 de agosto en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
Según denunció la APPJ en su momento, Regalado Jiménez y otros miembros de la organización fueron agredidos por sicarios de la empresa multinacional de energía «Gas Natural Fenosa» que iban acompañados por elementos policiacos, de acuerdo con información de el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ).
