Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– “En Puebla no existen personas perseguidas por sus ideas o posturas políticas o ideológicas”, aseveró Jorge Benito Cruz Bermúdez, encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla, ante legisladores de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados.
Cruz Bermúdez fue nombrado el pasado 9 de marzo como encargado de despacho, tras la salida del Secretario de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, quien es candidato a una diputación federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y ayer dijo que en Puebla «existe un marco legal e institucional que permite procesar a presuntos responsables de delitos del fuero común quienes quieren que sean».
«Sí es cierto, hay libre manifestación de ideas. Hay libre expresión de ideología, pero cuando la libertad de ideología y la libertad de ideas y la expresión misma de ellas lleva a la comisión de delitos, como incendiar patrullas, como arrojar tipos de elementos explosivos a maquinaria diferente por el simple hecho de defender alguna postura consideramos que eso transgrede el orden social y es menester y necesidad del estado que haya actuación de derecho», afirmó.
Sin embargo, legisladores opositores al gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas, opinaron lo contrario.
Roxana Porquillo Luna, Diputada del PRD, dijo que por cada proyecto de presunta modernización en el estado salen grupos sociales opositores y muchos de ellos están detenidos.
De acuerdo con información del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, la lista suma 134 perseguidos políticos.
“Hubo tres procesados por convocar a través de Facebook una manifestación en contra de Peña Nieto; 17 compañeros de Atzizihuacan fueron procesados por oponerse al gasoducto y elegir elecciones limpias para la Presidencia Municipal; otros dos compañeros fueron detenidos por oponerse al gasoducto del Proyecto Integral Morelos”, dijo la Diputada originaria de Cholula.
La perredista también recordó el caso del activista Delfino Flores Melga, de 89 años de edad, detenido junto a su esposa Porfiria Flores por defender su predio; ya en la cárcel Delfino perdió la vida.
La legisladora no fue la única en reclamar por los presos políticos. El representante perredista por el estado de Zacatecas, Roberto López Suárez dijo:
“Quisiera saber con qué fundamento han detenido y procesado a cuatro personas en Cholula por luchar contra la apropiación de tierras de valor histórico y cultural; a los ediles de las Juntas Auxiliares de las comunidades de Resurrección y de Canoa por el caso de los registros civiles”.
Y concluyó su participación preguntando: «¿Cómo puede decirnos que el gobierno privilegia el diálogo y la concertación, si su único contacto con la población es a través policías antimotines y ministerios públicos?».
El ex Secretario de Educación Pública del Gobierno del estado de Puebla fue acompañado por el Procurador General de Justicia estatal, Victor Carrancá Bourguet. Ambos llevaban un equipo de al menos 10 personas que durante toda la comparecencia del funcionario le dieron documentos, expedientes y archivos diversos sobre los temas que fue interrogado.
En la comparecencia también se observaron poco más de 150 personas que nadie identificaba. Eran “invitados”, aunque nunca se supo de quién. Incluso el presidente de la Comisión, el priista Heriberto Manuel Galindo Quiñones negó que fueran gente de él. “De ninguna manera”, dijo.
También se observaron en San Lázaro tres camiones foráneos Atah que cubren la ruta Puebla-Tlaxcala y uno más de Heme.
En los cuatro años que lleva al frente de la gubernatura, el mandatario de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, ha estado bajo la lupa mediática: ya sea por acciones que han sido catalogadas por algunos sectores como culto a la personalidad, por haberse quedado en la orfandad política tras la detención de la lideresa del magisterio, Elba Esther Gordillo Morales, por gastos superfluos o por desmentir la existencia de grupos de autodefensa en la entidad.
Desde hace meses pesan sobre su gestión acusaciones de “represión y persecución” en contra de campesinos, ambientalistas y universitarios relacionados con la lucha en contra del llamado Proyecto Integral Morelos y otros megaproyectos emprendidos por la gestión del panista.
RECOMENDACIONES CNDH
El 11 de septiembre del año pasado, Raúl Plascencia Villanueva, en ese entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió 11 recomendaciones dirigidas al Gobernador Rafael Moreno Valle por la investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos en el caso Chalchihuapan.
El 9 de julio pobladores de la Junta Auxiliar San Bernardino Chalchihuapan salieron a manifestarse en la carretera de Atlixo-Puebla. El Gobierno de Puebla reprimió la manifestación con un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia a cargo de Facundo Rosas Rosas. Un menor perdió la vida tras recibir un impacto de un proyectil disparado por los uniformados. Cuatro personas fueron detenidas.
El martes pasado, también en comparecencia, el Ombudsman actual Luis Raúl González Pérez dijo que las recomendaciones estaban cumplidas “parcialmente”. Ayer, Cruz Bermúdez dijo que la mayoría están «prácticamente concluidas y satisfechas en su mayoría”.
Especificó que la única recomendación que no se ha cumplido es la de la capacitación, porque es una recomendación de tracto sucesivo. Va sucediendo en el tiempo».
A pesar de ello, el Diputado Roberto López Suárez lo refutó y preguntó: «¿Cuándo iniciará el proceso de investigación en contra del Procurador Carrancá quien admitió ante la CNDH que ni siquiera acudió a Chalchihuapan a investigar el asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo?»
También cuestionó: «¿Con qué fundamento legal se liberó el 24 de diciembre de 2014 de los policías que dispararon los cartuchos de gas contra la población de Chalchihuapan?».
Sobre la sexta recomendación que se trataba de una disculpa pública a víctimas y familiares, dijo: «¿Por qué no han hecho público el video del acto? ¿Consideran que una disculpa sin las víctimas presentes puede considerarse como un punto cumplido, si muchas fueron notificadas apenas unas horas antes del acto?».
El encargado de despacho no respondió ninguna de estas preguntas. Sólo dijo que los policías que se desempeñan en desalojos jamás van armados. Y citó el artículo 44 de la ley.
“Queda prohibido el uso de armas de fuego para la dispersión de manifestaciones; sin embargo, se contemplará su uso (…) para repeler agresiones (…), para preservar la vida o para evitar afectaciones a la integridad física graves de los elementos policiales o de terceros”.
Durante esta última intervención, los pobladores que tuvieron acceso al término de la comparecencia ingresaron en un acto de protesta pacífica. Con tres lonas pedían libertad a los defensores de Cholula, así como del líder de la 28 de octubre, Rubén Sarabia Sánchez,”Simitrio”.
Al término de la comparecencia, los representantes del Gobierno de Puebla salieron sin aceptar preguntas de la prensa.
