Sumado a que los funcionarios públicos son los que más agreden a la prensa, los mecanismos de protección a periodistas aún son una simulación, consideró Artículo 19. En su informe la organización internacional refiere que a pesar de que en México se cuenta con recursos suficientes, los resultados no son los esperados.
Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).– La respuestas del Estado ante los ataques a la prensa sigue siendo una «simulación», a pesar de que México cuenta con uno de los más robustos mecanismos de protección, denunció este día Artículo 19.
La organización internacional dijo que a esto se suman las pocas acciones en la procuración de justicia. Sólo se ha emitido una sentencia a seis años de la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR), dijo la organización.
Darío Ramírez, director ejecutivo de Artículo 19, consideró hoy, durante de la presentación del Informe 2015 de la organización, titulado “M.I.E.D.O (Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad), que la FEADLE «hace política y no investigación ministerial», pues desde su creación en 2010, y hasta noviembre de 2015, el 64 por ciento de todas las denuncias siguen en trámite. De las 751 averiguaciones previas iniciadas en seis años, 386 se declararon de incompetencia, en 93 casos hubo consignación, y en ese periodo sólo ha habido una sentencia.
«Si hablamos de impunidad, si hablamos de miedo, el centro del trabajo para organizaciones como Artículo 19 y la prensa es que esta Fiscalía deje de ser simulación y tenga resultados completos. El miedo seguirá existiendo mientras la justicia no llegue a los casos», dijo Ramírez.
La organización detalló que «a pesar de registrar un total de 46 asesinatos desde su creación, en la FEADLE sólo atendieron un total de 31 indagatorias vinculadas con homicidios de periodistas hasta el 30 de noviembre de 2015».
El documento de Artículo 19 especifica que el año pasado se registraron un total de 397 casos de agresión a trabajadores de medios de comunicación, principalmente en el Distrito Federal [67 casos], Veracruz [67 casos], Guerrero [56 casos], Puebla [38 casos] y Oaxaca [35 casos].
Siete periodistas fueron asesinados en el mismo periodo: Moisés Sánchez, Abel Martínez Raymundo, Armando Saldaña, Gerardo Nieto, Juan Mendoza, Filadelfo Sánchez y Rubén Espinosa.
Asimismo, se contaron cinco desplazamientos forzados, una desaparición forzada, la cual derivó en un asesinato, siete allanamientos a domicilios de periodistas, 37 casos de privación ilegal de la libertad, 109 ataques físicos/materiales, 84 amenazas, y 5 ataques a instalaciones de medios de comunicación con explosivos y armas de fuego, entre otras agresiones.
Sobre el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), creado en 2012, Darío Ramírez expuso que también impera la falta de resultados. En 2015 recibió 122 solicitudes, pero atendió 107 casos. En total hay 288 casos admitidos desde la creación del mecanismo y 486 personas beneficiadas·.
La FEADLE, actualmente cuenta con una planta laboral de 37 personas, con dos trabajadores de base y 35 de confianza, y salarios que oscilan entre los 8 mil y 161 mil pesos. El presupuesto para la Fiscalía en 2015 fue de más de 30 millones de pesos, casi nueve millones menos que en 2014.
«Las cifras anteriores demuestran que laFEADLE es un órgano de investigación especializado que está lejos de ser eficiente en las tareas que le han sido encomendadas a través de la Constitución y las letes secundarias», dice el informe.
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El documento de Artículo 19 revela que las agresiones contra la prensa aumentaron 21. 8 por ciento con relación al 2014 –una cada 22 horas– y por primera vez los medios digitales fueron los más amenazados, principalmente, por servidores públicos, particulares y el crimen organizado.
Agrega que el año pasado se registraron un total de 397 casos de agresión a trabajadores de medios de comunicación, principalmente en el Distrito Federal [67 casos], Veracruz [67 casos], Guerrero [56 casos], Puebla [38 casos] y Oaxaca [35 casos].
Sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), también instancia encargada de velar por la libertad de expresión y la protección a periodistas, la organización refiere en su informe que: «existe falta de respuestas y ausencia de medidas y recomendaciones claras y concisas».
«La CNDH no reconoce que el mayor número de agresiones viene de servidores públicos. Es decir: la CNDH tiene que ser más productiva y dejar de dar recomendaciones generales para pasar a las recomendaciones individuales que lleven justicia a las víctimas y sus familiares», dijo Ramírez.
