Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– Al menos 20 organizaciones de la sociedad civil acudieron la semana pasada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar, a través de cinco audiencias, casos de impunidad, violaciones a derechos humanos, así como la represión en protestas sociales que se viven hoy en día, y desde tiempo atrás, en el país.
La primera audiencia, que fue solicitada por el gobierno de México desde agosto pasado, pretendía explicar los avances normativos en derechos humanos, específicamente la presentación del Programa Nacional en la materia. Sin embargo, Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), mencionó en su primera intervención que esto fue “antes de que sucedieran los lamentables hechos recientes de Tlatlaya e Iguala que han cimbrado a la sociedad mexicana”.
La funcionaria federal resaltó que México vive un momento que pone a prueba los avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos. Aseguró que el Estado tiene la determinación de enfrentar estos hechos y asumir los retos con el fin de brindar seguridad y justicia.
Luego de esto, habló de la creación del Programa Nacional en Derechos Humanos, y el proceso que conllevó su desarrollo. Resaltó que la audiencia no pretendía minimizar la gravedad de los ocurrido recientemente, sino que se asume “con toda responsabilidad el derecho a la verdad y a la justicia que al Estado mexicano le impone tanto su marco jurídico como su convicción”.
En contraparte, los peticionarios representantes de 13 organizaciones, entre ellas, Artículo 19, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación y Sin Fronteras, comenzaron su participación con un acto de protesta en contra de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa e hicieron un pase de lista, de igual manera pidieron un minuto de silencio por los tres jóvenes asesinados el pasado 26 de septiembre.
Durante su intervención denunciaron la crisis seria en materia de derechos humanos que el país atraviesa desde hace varios años y que ésta no ha sido atendida por el Estado, por el contrario, “los esfuerzos del gobierno se concentran en mostrar el “momento mexicano” de supuesto progreso y bienestar”.
También acusaron que el Estado “es responsable de la perpetración y perpetuación de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos”, pues la “crisis humanitaria que enfrenta el país a partir de los testimonios y denuncias de personas desaparecidas, asesinadas, desplazadas, torturadas, lesionadas, ha sido ignorada, maquillada, escondida, simulada, reducida a estadísticas manejadas por el propio gobierno”.
Retomando el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, dijeron que ésta acción es “producto de la omisión, la indolencia, la sordera y la ceguera del Estado mexicano”.
Dijeron que el Programa presentado por las autoridades no dice que en México te matan por ser estudiante, por ser mujer, “por defender la tierra, por alzar la voz, por ser periodista o defensora de derechos humanos; te matan o te desaparecen porque quieren, porque pueden, porque hay impunidad”, incluso resaltaron que en el 98 o 99 por ciento de las denuncias, existen injusticias.
PAÍS DE CONTRADICCIONES Y DESIGUALDADES
Las organizaciones mencionaron que México es un país de contradicciones, mientras que ante autoridades internacionales muestran avances normativos, la reforma en materia de derechos humanos, hay una incapacidad del Estado en empatarlos ante la realidad marcada por la violencia y pobreza.
Respecto a las desigualdades, denunciaron que las garantías de los derechos humanos no se agotaban con las reformas; por el contrario, sólo se puede entender mirando la crisis permanente que enfrentan los estados más violentos y pobres, como Guerrero.
La respuesta de las autoridades mexicanas fue decir que los hechos actuales” reflejan los enormes retos que tenemos, también estamos claros en que si no caminamos juntos difícilmente podremos, como estado, enfrentar estos retos”.
Lía Limón dijo: «A nadie le hubiera gustado que ocurriera lo que ocurrió recientemente en dos municipios de nuestro país. Nadie hubiera querido estar en la situación que hoy nos encontramos con 43 normalistas que aun no han sido localizados y eso por supuesto nos obliga a una profunda reflexión como Estado mexicano y como Estado mexicano, que nos incluye a todas las autoridades de gobierno y de todos los poderes de la Unión”.
En otra audiencia se denunciaron las restricciones y violaciones a los derechos previas a la protesta; es decir, los marcos normativos, como las leyes que limitan directa e indirectamente las manifestaciones, así como los actos de represión a estas.
Se mencionaron 10 iniciativas tanto federales como locales que regulan las manifestaciones y resaltó que en tan solo tres meses se publicaron cuatro de ellas, en el estado de Quintana Roo, Puebla, Distrito Federal y en Chiapas, abrogada al mes de su publicación.
Respecto a las normas que tienen impacto en los derechos de la protesta social, mencionaron la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual establece la geolocalización en tiempo real, retención de datos y la suspensión de la telefonía sin orden judicial, medidas que pueden ser utilizadas en contra de quienes se manifiestan.
Resaltaron algunos actos de represión en protestas, tales como los del 1 de diciembre de 2012, cuando tomó posesión la administración federal actual, también hicieron mención del caso de Chalchihuapan, en Puebla, donde un menor murió tras recibir un impacto de una lata de gas, además de que las autoridades falsearon al versión de los hechos para responsabilizar a las personas manifestantes.
Otro ejemplo fue la manifestación del 2 de octubre de 2013, en donde periodistas y representante de organizaciones trataron de documentar las agresiones contra manifestaciones y también fueron golpeados.
En respuesta, Lía Limón dijo que el Estado asume su responsabilidad para garantizar las manifestaciones con el único limite que es el respeto al derecho de terceros.
“Existe un enorme reto de evitar la impunidad en casos donde han habido denuncias de agresiones y amenazas. muchas de las denuncias en el fuero común son denuncias que no solo se deben investigar, sino también sancionar y ahí tenemos un enorme reto que hemos reconocido a nivel nacional y hoy lo reconoceos ante la Comisión Interamericana”, dijo.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, aseguró que hay un “contexto de grave crisis de lo que esta pasando y es lamentable no sólo los hechos de Ayotzinapa, Tlatlaya o Puebla; lo lamentable es que son patrones que venían sucediendo antes. Ésa es una de las señales que preocupa”.
En respuesta, José Montiel, encargado de Despacho de la Subsecretaría Jurídica del estado de Puebla aseguró que la llamada «Ley Bala» es una ley que se refiere al uso de la fuerza en diversos casos, no sólo en manifestaciones. También se aplica en las detenciones de personas en flagrancia o en cumplimiento de órdenes judiciales. “Tangencialmente tiene un capítulo que se refiere a manifestaciones públicas”, dijo.
Ha habido, añadió, una especie de satanización en contra de la ley, y que el gobierno está abierto a que se ajuste en los términos que el Congreso estatal vaya procesando la propia abrogación, «pero la idea original de la creación de esa ley fue tener un control de la autoridad». “En el estado de Puebla no son la regla, nosotros esperamos que estos hechos de ninguna manera se vuelvan a repetir”, concluyó.
