La SCT y el Gobierno del Estado de México firmaron un convenio que tomó por sorpresa a muchos, incluido a legisladores mexiquenses, pues reconoce la validez y legalidad de los actos relacionados con la polémica concesión del Viaducto Bicentenario, otorgada a la empresa Aleatica. El abogado Paulo Díez lo calificó como un presunto acto de corrupción, mientras que desde el Congreso mexiquense pedirán un informe puntual y claro a la dependencia federal.
Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– El convenio de colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno del Estado de México, en el que se reconoce la validez y legalidad de los actos relacionados con la polémica concesión del Viaducto Bicentenario, es un «acto de corrupción para tratar de beneficiar indebidamente a Aleatica y a su accionista de control IFM Investors», acusó el abogado Paulo Díez Gargari, quien presentó el lunes una denuncia penal en contra de Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la dependencia federal.
Este acuerdo entre ambas partes –publicado el pasado viernes en la Gaceta del Gobierno del Estado de México– tomó por sorpresa a los legisladores del Congreso mexiquense, quienes pedirán a la SCT federal información sobre el tema, pues señalaron que las concesiones otorgadas a Aleatica cuando Enrique Peña Nieto era Gobernador fueron «en contra del interés público» de la entidad.
«Es un tema muy controvertido. Vamos a revisarlo y vamos a pedir que la SCT federal nos informe del asunto, toda vez de que hay muchas dudas en el sentido de que el Gobierno del Estado de México con Enrique Peña siempre actuó en contra del interés público y acomodaron las cosas para poder justificar los negocios o inversiones en el estado», dijo en entrevista el Diputado local Faustino de la Cruz Pérez. «Desde luego no hay una total claridad en el tema de las concesiones y nosotros estaremos revisando para que quede claro y haya transparencia en la concesión del Viaducto Bicentenario».
El convenio entre la SCT federal y el Gobierno del Estado de México, donde se reconoce «la validez y legalidad de los actos relacionados con la conservación, reconstrucción y ampliación, en específico el otorgamiento del Título de Concesión para la Construcción, Explotación, Operación, Conservación y Mantenimiento del Viaducto Bicentenario», fue publicado el viernes 23 de octubre en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.
«Lo que hace el Secretario de Comunicaciones es un acto de corrupción con el cual se pretende beneficiar a Aleatica y a IFM», dijo a SinEmbargo Paulo Díez Gargari, quien mantiene un litio en contra de Aleatica. «Lo que ha hecho (Jorge Arganis) con la firma de ese supuesto Convenio de Colaboración es un escándalo vergonzoso e ilegal; es un delito cometido en perjuicio de la República que genera un quebranto multimillonario a la hacienda pública federal».
La concesión del Viaducto Bicentenario, que une varios municipios de la zona conurbada del Estado de México con la Ciudad de México, fue otorgada a Aleatica en mayo de 2008 por el Gobierno mexiquense, en ese entonces encabezado por Enrique Peña Nieto.
El Viaducto está estructurado en tres fases: la primera (ya construida) consiste en un viaducto con carácter reversible de 22 kilómetros, entre el ex-Toreo y Tepalcapa; en la segunda fase (en construcción) se ejecutará un segundo viaducto en paralelo una vez alcanzado el máximo aforo vehicular, y en la tercera (en construcción) se prolongarán 10 kilómetros ambos viaductos.
Al 31 de diciembre de 2017, la supuesta inversión pendiente de recuperar con cargo a esta autopista alcanzaba los 26 mil 176.4 millones de pesos. Lo anterior, a pesar de que falta por construir la otra mitad del proyecto.
El Viaducto Bicentenario cobra peajes que van de los 5.33 a los 99.60 pesos dependiendo los tramos transitados, de acuerdo con las tarifas vigentes desde 2019. Tanto el Viaducto como el Circuito Exterior Mexiquense son dos de las obras que mayores ganancias dejan a la empresa Aleatica.
LA JUSTIFICACIÓN DE LA SCT
«El tema es gravísimo», consideró Gargari al referirse al convenio que ratifica la concesión de la vía. El abogado explicó que lo que hizo la SCT fue firmar un acuerdo en el que en primer lugar reconoce que una parte de la autopista está construida sobre una vía federal. Segundo, habla de un procedimiento de sanción que fue iniciado por la SCT a partir de una denuncia sobre la concesión, y tercero, refiere que esta sanción no puede aplicarse porque hay un tramo de la México-Querétaro –sobre la que está construida el Viaducto Bicentenario– que le fue otorgado al Estado de México en 1983.
Sin embargo, esta supuesta entrega que hizo el Gobierno federal al Estado de México en 1983 no incluye la explotación de la vía.
«Hay dos artículos de la ley que regulan estas operaciones de donación que son comunes porque el Gobierno federal hace entrega de vías a todos los estados y municipios, pero éstas se hacen no para explotarlas, sino se refiere a los tramos carreteros que quedan incluidas en las poblaciones. Entonces, el artículo 25 de la Ley de Caminos y el 149 de la Ley de Vías, que estaba vigente en 1983, le permite al Gobierno federal convenir en que los estados se hagan cargo de la policía en esos tramos carreteros, pero en ningún momento en esos artículos se habla de explotación», aseguró Díez Gargari.
Además, el abogado explicó que ese documento de 1983 tiene varias irregularidades, empezando porque es un acta de tres hojas que no la firma la SCT, sino Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).
«Dicen que no sancionaron porque la tregua de 1983 les da derecho a esto (concesión), pero el problema es que esa entrega no incluye todo el tramo del Viaducto Bicentenario», mencionó el abogado. «El tramo Toreo-Tepalcapa va de los kilómetros 11.280 al 33, pero el Viaducto Bicentenario abarca hasta el kilómetro 44 de la autopista México-Querétaro, o sea, hay 11 kilómetros del Viaducto que no están incluidos en ese tramo donado y se deben recuperar».
Para Díez Gargari, el Secretario Jorge Arganis «no parece apto para el puesto» y por ello presentó una denuncia en su contra.
«El día de hoy (lunes) voy a presentar una denuncia penal contra Arganis y él debe estar consciente que se trata de bienes de la Nación. Me parece que lo que él hace es en contra del discurso del Presidente López Obrador. Aquí hay un acto de corrupción con el cual se pretende beneficiar a Aleatica y a IFM», señaló.
SinEmbargo solicitó a la SCT una postura sobre esta denuncia y el convenio firmado con el Estado de México, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.
En 2019, la SCT informó al abogado que no había una concesión ni acto jurídico alguno por el que se haya dado al Estado de México el derecho de otorgar en concesión el Viaducto Bicentenario, un hecho que va en contra del acuerdo publicado el pasado viernes.
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En septiembre pasado, Paulo Díez encabezó la toma de la vía porque aseguró que Aleatica carecía de una concesión del Gobierno. Sin embargo, un vocero de la empresa dijo a la agencia Efe que consideraba «desafortunada» la toma de vialidad y señaló al abogado como representante de Infraiber, una empresa a la que en 2015 el Gobierno del Estado de México le rescindió un contrato para instalar un sistema de verificación vehicular en carreteras.
Dijo que mediante esa estrategia el abogado buscaba presionar al Gobierno de México para «imponer una agenda privada, haciéndola parecer de interés público». Estas declaraciones fueron rechazadas por Díez Gargari.
Desde el año 2015 se han hecho señalamientos públicos respecto de presuntas ilegalidades, actos de corrupción y de manipulación contable de Aleatica y sus subsidiarias, en relación con el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto. Algunas de esas presuntas ilegalidades han sido investigadas, confirmadas y sancionadas por la autoridad competente.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador también ha señalado públicamente a OHL, hoy Aleatica, como una de las empresas que se beneficiaron con contratos ventajosos en el anterior sexenio.
