El lamentable asesinato de Roberto Toledo, colaborador del medio Monitor Michoacán, revela problemas sistémicos en el abordaje de la violencia contra la prensa. Nos centraremos en dos: la falta de respuesta adecuada a las denuncias públicas de amenazas y el discurso desde el poder público.

Roberto fue asesinado el 31 de enero en Zitácuaro, Michoacán. Con él se suman cuatro personas periodistas asesinadas en un mes. Este fatídico enero solamente es comparable con los meses de mayo de 2006 y noviembre de 2012, cuando también se asesinó a cuatro periodistas. Como los otros asesinatos, el crimen de Roberto no debió tomar por sorpresa a las autoridades. Cuatro días antes del asesinato, Armando Linares, director de Monitor Michoacán, medio para el que colaboraba Toledo como editor y camarógrafo, denunció en redes sociales que las autoridades locales habían manipulado información sobre la detención de personas que supuestamente poseían narcóticos.

Momentos después, el medio denunció en Facebook amenazas y que perfiles anónimos pretendían vincular a Linares con la delincuencia organizada. Las autoridades no acusaron recibo a sabiendas que eso podía acabar muy mal, es inaceptable que a estas alturas no sean conscientes que su inacción podría tener consecuencias fatales. Y así fue. Roberto fue asesinado a las afueras del despacho jurídico de otro colaborador del medio de comunicación. Ninguna autoridad les había ofrecido medidas de seguridad, demostrando que la protección del gobierno federal se opera de manera reactiva y a petición de parte. En cuanto a las autoridades locales, el hecho de ser criticadas por el medio en peligro pareciera que las exime de cumplir su obligación de garantizarles seguridad.

El segundo elemento de preocupación es la comunicación oficial en torno a los asesinatos. Mucho se ha hablado del desafortunado tuit del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, mediante el cual pretendió restar importancia al asesinato, afirmando que las “investigaciones judiciales” arrojaban que Roberto no era periodista. Además fue totalmente innecesario este mensaje después de condenar el asesinato en un primer tuit en el cual lo reivindicaba como periodista.

Esta narrativa es peligrosa porque pretende llegar a conclusiones a unas horas del crimen y con investigaciones apenas iniciadas. Adelantar hipótesis ajenas al ejercicio periodístico de las víctimas es una manera de viciar las investigaciones bajo motivaciones políticas y condenarlas a la impunidad.  Pero en este caso no quedó ahí. Después del homicidio y ante los publicaciones de Linares que apuntaban  a la implicación del gobierno municipal de Zitácuaro, el alcalde amenazó con entablar acciones legales. A la muerte  de un colega le seguirá el acoso judicial contra los sobrevivientes.

Este guión ya lo conocemos y lo hemos denunciado de sobra. En tiempos de Javier Duarte, sexenio en el que asesinaron a 17 periodistas en Veracruz, las autoridades policiales y de investigación emitían  juicios sumarios en cuestión de horas. La misma estrategia comunicativa la adoptó Yunes Linares y su fiscal Jorge Winckler, bienio en el que asesinaron a cinco más. Para dichas autoridades el asesinato de Miguel Angel López Velasco (2011) se debió a “un ajuste de cuentas”, el de Regina Martínez (2012) a un “crimen pasional”, el de Gregorio Jimenez (2014) “a un pleito entre vecinos” y el de Anabel Flores (2016) a “sus vínculos con un jefe de plaza”. Por su parte, para las autoridades, Moisés Sánchez “era taxista” (2015) y Leobardo Vázquez  (2018) “era taquero”.

En esta “guía de la impunidad”, la víctima no era periodista porque, o se dedicaba a otras cosas , o “en algo andaba”. La característica de esta narrativa es la revictimización y la justificación del crimen. De hecho esa es la narrativa de la impunidad en agravio de todas las víctimas y sobrevivientes y constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante.  Pero el elemento adicional en los crímenes letales contra periodistas -negarles tal carácter- es el soslayo de su actividad como una forma de “reducir” los costos políticos.

Los estándares internacionales señalan que la consideración de la actividad periodística no está supeditada a certificación oficial, pertenencia a colegios de profesionistas, título profesional, permanencia en el desarrollo de la actividad, pertenencia a un medio convencional o incluso remuneración. Dicho estándar ya fue incorporado  a nuestro sistema jurídico por la Primera Sala de la Suprema Corte (AR 1422/2105) y por la propia Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reconociendo las múltiples, cambiantes y variadas formas de hacer periodismo. Aun así, vemos que de forma recurrente las autoridades, con celeridad inusitada, buscan por todos los medios y formas descartar que la víctima era periodista, o bien, posicionar públicamente otros móviles para descalificarla.

Un aspecto más. Parece que en el sexenio donde la comunicación política tiene una centralidad nunca antes vista, el Presidente nos quedará a deber condenas enérgicas y solidaridad con las víctimas.  La semana pasada, con el asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana (tercero en 2022), el Presidente tuvo una reacción poco enérgica para condenar la violencia pero vehemente para señalar que el crimen se usaba en su contra y de su amigo Jaime Bonilla, incluso acusando la reacción como  “politiquería”. Al cierre de la semana pasada aderezó dicha indolencia señalando que en realidad había muy pocos periodistas de verdad. En el caso de Roberto, consecuente con el discurso de su vocero, AMLO simplemente no se pronunció.

Esta semana desoyó la petición expresa de suspender el “Quién es quién en las mentiras de la semana” por parte de Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El experto internacional, en entrevista con Proceso, fue contundente: “ante la escalada de violencia me corresponde pedir la suspensión de este espacio, porque enrarece los mensajes firmes que se deben escuchar de respaldo a la labor periodística y de rechazo a la violencia contra periodistas (…) envía mensajes confusos sobre la intención gubernamental de garantizar la libertad de prensa”.

Desde las organizaciones de sociedad civil y el gremio de periodistas hemos señalado desde el inicio del sexenio cómo desprestigiar a periodistas es un cheque en blanco para que los crímenes contra ellos y ellas  sigan sucediendo. El día de ayer, el Presidente afirmó que no hay impunidad en los crímenes contra la prensa y que de manera diaria se trata el tema del Mecanismo de Protección el cual está “siendo revisado”.

Una vez más la realidad choca contra el discurso, la impunidad en los crímenes contra la prensa es del 98 por ciento. De la misma manera, se ha insistido en la importancia del Mecanismo como UNA de las acciones, no la única acción para atender un problema que requiere prevención, protección, acceso a la justicia y reparación del daño. Para ello se necesita una política  integral de Estado que convoque y movilice recursos de diversas instituciones, poderes y órdenes de gobierno. No sobra decir que “la revisión” del Mecanismo no trasluce el sentido de urgencia que requiere acciones inmediatas para atender la crisis. Discutir sobre cambios de este programa de protección es necesario pero puede llevar meses y los cambios acordados pueden tardar años en implementarse y dar resultados.

La condena enérgica desde la máxima autoridad del país es lo mínimo que se espera ante una crisis como la que vive la prensa mexicana. Puede no gustarle la prensa crítica al Presidente, pero su investidura le obliga a comprometerse con la erradicación del asedio en el que sobrevive el periodismo en vastas regiones del país. Las promesas ya no son suficientes. Mucho menos es aceptable decir que “ya no hay impunidad” cuando ese es precisamente el problema que persiste y potencia las agresiones contra periodistas.  Si el tono en torno a la violencia generalizada, y en particular contra la prensa, será éste; el gobierno repetirá las mismas prácticas condenables de gobiernos anteriores. Los resultados ya los conocemos y son atroces.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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