Durante 12 años se ha venido documentando, a través de diversas fuentes, como funcionarios de la Comisión Federal de Protección para Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), durante la administración de Enrique Peña Nieto, sirvieron a los intereses de la empresa Coca Cola, actuando en contra de la salud de la población mexicana.

El primer grupo de documentos fue obtenido por acceso a la información cuando se solicitó a la COFEPRIS de Mikel Arriola información sobre quiénes habían conformado el grupo de trabajo que elaboró el etiquetado frontal para alimentos y bebidas establecido como obligatorio por esa institución en 2014 para los alimentos y bebidas empaquetados. La respuesta de COFEPRIS fue clara: no hubo grupo de trabajo, el diseño y criterios del etiquetado había sido responsabilidad de tres funcionarios de esa institución, dos abogados y una maestra en ciencias ambientales.

Destaca la diferencia con el proceso de elaboración del actual etiquetado frontal de advertencia para el cual se realizaron decenas de sesiones de trabajo con una amplia representación de la industria, de la academia, de organismos de Naciones Unidas, de instituciones públicas y organizaciones civiles. Se levantó y firmó un acta de cada reunión y se recopiló una larga lista de evidencia científica para sustentar su diseño y criterios. En la COFEPRIS de Arriola no fue así, no hubo grupo de trabajo, no hubo actas, no se presentó evidencia. El etiquetado lo elaboraron tres funcionarios de la institución.

Lo que veremos es que no fue así. El etiquetado fue diseñado y defendido por COFEPRIS con la asesoría directa de Coca Cola. Pero a eso llegaremos más adelante.

Cuando COFEPRIS anunció que establecería el etiquetado GDA, promovido por la industria e introducido, primero, por Coca Cola y, después por todas las trasnacionales de la comida chatarra y las bebidas endulzadas agrupadas en ConMéxico, se levantó una fuerte oposición. Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, que venían trabajando en la evaluación de diversos etiquetados en alimentos, habían probado la comprensión del GDA entre estudiantes de primer año de nutrición para encontrar que no lo comprendían. Estos investigadores declararon que sería mejor que no hubiera etiquetado a poner el GDA. La oposición también vino de las organizaciones civiles que teníamos ya años trabajando en el tema.

Con el tiempo se filtraría el segundo grupo de documentos, cartas de la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud dirigidas a la secretaria de Salud, Mercedes Juan, al subsecretario de prevención de esa secretaría, Pablo Kuri, y al comisionado federal de COFEPRIS Mikel Arriola. En esas cartas se evidencia que la OMS/OPS había llamado la atención de la SS y COFEPRIS sobre el GDA y lo inapropiado que era este etiquetado como una política de salud pública. En estas cartas se da constancia que las autoridades mexicanas habían tenido teleconferencias con los expertos de estos organismos de Ginebra y Washington. OMS/OPS reiteraba el ofrecimiento de enviar a México una comisión de expertos para trabajar con las autoridades en el diseño del nuevo etiquetado. La posición de estos organismos de Naciones Unidas fue clara contra el GDA.

A los primer grupo de documentos obtenidos por acceso a la información en los que COFEPRIS señalaba que no crearon un grupo de trabajo y el etiquetado había sido elaborado por tres funcionarios de la dependencia que no tenían ningún conocimiento al respeto, se sumó el segundo grupo de documentos con las cartas dirigidas a la SS y COFEPRIS por la OMS/OPS que advertían el riesgo de implementar ese etiquetado. Es importante mencionar que ante las protestas públicas contra el GDA señalando que sus criterios iban en contra de los recomendados por la OMS, COFEPRIS dirigió a los medios de comunicación un boletín de prensa en que afirmaba que el etiquetado cumplía con esos criterios. COFEPRIS sabía que los organismos de Naciones Unidas nunca confrontan las políticas de una nación de manera pública. Nunca les pasó por la cabeza que estas cartas pudieran llegar a la prensa.

COFEPRIS impuso de esta forma el GDA. Entre otras cosas, este etiquetado tenía un criterio de consumo diario de azúcar de 90 gramos frente a 50 gramos que era la recomendación de consumo máximo para todo un día por parte de la OMS. Era muy claro el beneficio para Coca Cola: una botella de 600 mililitros de Coca Cola con el etiquetado GDA “informaba” que tenía 66 por ciento del azúcar requerido para todo un día con el etiquetado. Con el criterio de la OMS tendría que haber dicho que esa botella contenía 120% del máximo tolerable de azúcar para un día, es decir, que rebasaba el máximo recomendado por la OMS. Con el GDA se podría uno tomar un poco más de una botella de 600 mililitros de Coca Cola, con el criterio de la OMS, con el consumo de esa botella ya se había rebasado el máximo de azúcar.

Hay que recordar que los mexicanos ya veníamos sufriendo una de las mayores incidencias de sobrepeso, obesidad y diabetes en el mundo y que las bebidas azucaradas representan el 70% del azúcar añadida en nuestra dieta. En este contexto, somos los mayores consumidores de productos Coca Cola por persona en el mundo. Un gran negocio, por un lado, un grave daño a la salud, por el otro. El GDA y COFEPRIS actuaban a favor de quienes se beneficiaban de este negocio, actuando en sentido totalmente contrario a la misión de esa institución que es la protección de la salud.

Organizaciones de la sociedad civil nos amparamos contra el etiquetado. En respuesta a uno de estos amparos, el juez Fernando Silva, en base a la evidencia científica, resolvió que el GDA representaba una violación al derecho a la salud y al derecho a la información. Confirmaba lo que el estudio del INSP había demostrado, el etiquetado no era entendible; y las afirmaciones de la OMS/OPS: el etiquetado representaba un riesgo a la salud. La sentencia fue impugnada por COFEPRIS. Este amparo llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue desechado por el fuerte cabildeo de la industria representada por los más poderosos bufetes de abogados del país que echaron para atrás el primer proyecto de sentencia del ministro Fernando Franco a favor del amparo y de la resolución del juez de primera instancia.

Un amparo contra el etiquetado GDA se mantuvo en proceso y nos llevó al tercer grupo de documentos que se sumaba a los obtenidos por acceso a la información y a las cartas filtradas de OMS/OPS, en un proceso que ya lleva 12 años. En base a ese amparo, en 2020 iniciamos un proceso legal en los Estados Unidos llamado Foreign Legal Assistance (FLA), a través del cual se puede obtener información de empresas estadounidenses que sean relevantes para un juicio en el extranjero. A partir del ejercicio de este instrumento obtuvimos que un Juez en Atlanta, Estados Unidos, resolviera a favor nuestra petición y, mediante negociaciones con abogados de la empresa Coca-Cola Company, se obtuvieron diversos documentos, entre los cuales se encontraban comunicaciones que habían tenido altos funcionarios de la COFEPRIS con directivos de la empresa.

En estos correos se demuestra que entre 2013 y 2016, funcionarios de la COFEPRIS se reunieron e intercambiaron información de manera frecuente con personal de Coca Cola para dos temas centrales. El primero, elaborar en conjunto el etiquetado GDA. El segundo, colaborar en La estrategia de defensa contra los litigios presentados por nuestra asociación y otras organizaciones contra la COFEPRIS y Coca-Cola. En las comunicaciones obtenidas por el FLA, se refieren documentos con información para las pruebas periciales de los juicios y propuestas de reuniones entre funcionarios y personal de la refresquera.

En base a esta información se presentaron denuncias ante el órgano interno de la COFEPRIS contra funcionarios que no proporcionaron la información solicitada por medio del INAI referente a los comunicados realizados desde cuentas oficiales de esa institución, correos que deben estar resguardados por, al menos, 8 años. A la par, se presentaron denuncias ante la Secretaría de la Función Pública contra exfuncionarios de la COFEPRIS por actuar en beneficio de intereses privados y en contra de la ética de los servidores públicos y de la misión de esa institución, atentando contra la salud de la población. Algunos de los denunciados son Patricio Caso, Álvaro Péres Vega y Mikel Arriola. Actualmente, Patricio Caso se desempeña como Senior Director of Government Affairs de Coca Cola.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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