El comercio ilícito de madera es la principal preocupación de muchas de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, según una encuesta realizada por la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI) en febrero de 2018. Las mayores causas de la deforestación, según señalaron los encuestados, son la corrupción, el crimen organizado, la sobreexplotación de los bosques y las licencias legales de tala, además de la falta de supervisión legal de las autoridades responsables.
Por Deborah Bonello*
Chihuahua, 20 de septiembre (InSightCrime).– Chihuahua es el estado más extenso de México, y más de una quinta parte de sus 25 mil hectáreas está cubierta de bosques, compuestos en su mayor parte por el tipo de pino que se cosecha en grandes cantidades en el país. La mitad de esas zonas boscosas se encuentra en la Sierra Tarahumara, cadena montañosa en el suroeste del estado, donde habita una gran comunidad indígena, conocida como los Tarahumara, que es además un apetecido corredor para el narcotráfico.
A finales de 2018, InSight Crime viajó a Delicias, un pueblito a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Chihuahua, para visitar a Cruz Soto y su esposa María. La pareja vive en una humilde casa en las afueras de la ciudad, pero esta no es su casa. A punta de pistola fueron obligados a salir de su finca, que se encuentra unos 500 kilómetros más al oeste en el estado de Chihuahua.
En esta zona es común la tala ilegal, y muchas veces se traslapa con el narcotráfico, como se pudo determinar en la investigación y el trabajo de campo realizados por InSight Crime. El comercio ilícito de madera es la principal preocupación de muchas de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, según una encuesta realizada por la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI) en febrero de 2018. Las mayores causas de la deforestación, según señalaron los encuestados, son la corrupción, el crimen organizado, la sobreexplotación de los bosques y las licencias legales de tala, además de la falta de supervisión legal de las autoridades responsables.
“Los criminales han entrado al negocio de la madera”, declaró Refugio Luna García, director de desarrollo forestal de Chihuahua, a medios locales en septiembre de 2019.
Chihuahua ha sido por largo tiempo un territorio fundamental para el narcotráfico en el país. El extremo suroeste del estado hace parte de lo que se conoce como el Triángulo Dorado, la mayor área de cultivo de narcóticos. El clima y las condiciones allí son propicias para el cultivo a gran escala de la amapola de opio y la mariguana. Chihuahua también es muy preciado por los grupos narcotraficantes por su gran extensión, terreno inhóspito, multitud de caminos y su frontera con Estados Unidos. Ciudad Juárez, asentada en el extremo norte del estado, es una importante plaza de drogas y ha sido escenario de sangrientos brotes de violencia a lo largo de la última década debido a las disputas entre grupos criminales por este importante corredor.
Cruz es un hombre alto y apuesto, de contextura gruesa, piel morena y mirada despejada. Cuando nos conocimos, usaba una gorra, un abrigo de invierno grueso color crema y pantalones de mezclilla. Se quedó parado, incómodo, recostado contra la nevera, mientras hablábamos en la pequeña cocina de la casa en la que él y su esposa María se estaban quedando temporalmente desde que tuvieron que salir huyendo de su municipio de Guazapares, parte del Triángulo Dorado. María, de estatura baja, piel morena y ceño fruncido, estaba sentada en el sofá.
La pareja había vivido en su finca, que se extendía por unas 40 hectáreas de tierra, donde criaban vacas, cerdos y gallinas, y tenían varios sembrados. La familia de Cruz también tenía influencia en la comunidad. Su hermano era lo que se conoce como un ejidatario, un residente de las tradicionales cooperativas territoriales conocidas como ejidos, que aún manejan gran parte de la tierra en México.
La preeminencia de la familia los ha puesto en medio de muchos conflictos de intereses. México tiene cerca de 65 millones de hectáreas de bosques, 70 por ciento de las cuales son controladas por los ejidos; ocho de cada diez árboles talados vienen de un ejido. Los ejidos son también los jueces de facto de disputas intrafamiliares que muchas veces se centran en si la cooperativa debería permitir que su tierra se use para la tala de madera y otras actividades. En ocasiones, en lo que respecta a los intereses de actividades ilícitas, no les queda opción.
Había indicios de que este conflicto se avecinaba. En mayo de 2008, hombres armados en camionetas invadieron Creel, la capital extraoficial de los Tarahumara, popular destino turístico y una ciudad asentada en uno de los corredores de drogas más lucrativos del planeta. Los pistoleros mataron al jefe de policía, a dos agentes y a tres pobladores; se llevaron a otras diez personas en sus vehículos; de ellos sólo uno fue encontrado después. Luego siguieron pequeñas oleadas de asesinatos.
“Ellos están metidos en todo: tala ilegal, minería, ganadería…”, comentó Cruz, y añadió que tumbaron los árboles para abrirles paso a las plantaciones de amapola, la materia prima usada para la fabricación de heroína.
El grupo criminal se estableció en la zona, contó Cruz. Los describió como hombres de diferentes edades, que llevaban chalecos antibalas y portaban armas automáticas y pistolas.
“Están muy bien armados y equipados”, señaló Cruz. “Si alguien se interpone en su camino simplemente lo eliminan”.
Cruz dijo que después de eso el grupo criminal local mató a más de una docena de personas y finalmente los sacó a él y a su familia de su hacienda luego de una serie de amenazas de muerte. Otros también huyeron.
“Han matado a familias enteras”, anotó su esposa María.
Era parte de un plan, afirma Cruz, para expropiar la tierra de los ejidos para sus propios fines. Dice que funcionarios de Gobierno corruptos les abrieron la puerta a los grupos criminales y también están ganando dinero con su negocio. Esas acusaciones son comunes, pero difíciles de corroborar.
Casi un año después de que InSight Crime entrevistó a Cruz y a María, él regresó a un pueblo llamado Témoris, cerca de donde vivía. Su esposa le contó a InSight Crime que volvió a cobrar un subsidio que el Gobierno entregaba a familias como la de Cruz por sus actividades agrícolas. Después de que recibió el dinero, el jefe de la policía local, un hombre identificado en documentos públicos como Paulino M.R., le preguntó a Cruz si podía quedarse un día más; María nunca supo por qué.
Pero Cruz se quedó, y mientras estuvo ahí, se reunió con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), que se encarga de regular el uso de la tierra en la zona. Uno de los temas que discutieron fue el desplazamiento de su familia y la tierra que Cruz decía que le habían robado.
Luego de las reuniones, Cruz, su sobrina y el esposo de otra pariente iban conduciendo cuando dos vehículos, que más adelante fueron identificados como un Hummer y un Jeep, los alcanzaron y los detuvieron. De ellos se bajaron dos hombres armados y se acercaron al vehículo buscándolo por su nombre. Cruz salió del carro y los pistoleros lo llevaron a uno de los vehículos. Luego se fueron. Cinco días después, se encontró el cuerpo de Cruz tirado al lado de la carretera en una parte diferente de la misma zona.
CHIHUAHUA, UN ESTADO CONSTANTE DE CONFLICTO
La violencia en Chihuahua no es nueva; se desbordó desde que el expresidente Felipe Calderón anunció una ofensiva contra los poderosos cárteles del país, al posesionarse en diciembre de 2006. Los homicidios casi se triplicaron de 593 en 2006 a 1578 en 2017, y eran más de mil 700 para 2018. Hacia mayo de 2020, la tasa de homicidios del estado era una de las más altas del país, de 71 por cada 100 mil habitantes, una situación que se volvió normal en Chihuahua.
La violencia perpetrada por facciones criminales en guerra no sólo es alta, sino además implacable. Ciudad Juárez, que concentra casi una quinta parte de los homicidios en el estado, se lleva casi toda la atención. Pero hay otros lugares de Chihuahua igual de violentos. En noviembre de 2019, un grupo criminal emboscó a varios miembros de una reconocida familia mormona con importantes nexos comerciales en México y conexiones con Estados Unidos. El ataque ocurrió en la confluencia de los estados de Chihuahua y Sonora y dejó un saldo de tres mujeres y seis menores de la familia LeBarón muertos.
El Gobierno federal salió a decir que la emboscada fue un caso de confusión de identidades, y parte de una guerra entre facciones de dos de los cárteles de la droga más conocidos, los cárteles de Juárez y Sinaloa. Algunas notas de prensa local apoyaron la versión del Gobierno, pero Julian LeBarón tenía sus dudas.
“Hasta el momento lo que los estadounidenses nos han dicho y lo que el Gobierno mexicano adujo es que había una ruta de narcotráfico hacia Estados Unidos que se estaban disputando dos cárteles y mis sobrinos casualmente pasaron en medio del enfrentamiento”, comentó LeBarón. “Si sabían o no a quién estaban atacando es una pregunta que aún tenemos, y nos parece incomprensible que el cártel cometiera un error tan grande”.
Las explicaciones oficiales sobre gran parte de la violencia en el estado y en todo México son como la masacre de los LeBarón: tienden a generar más preguntas que respuestas.
Los municipios más violentos de Chihuahua se encuentran al oeste y al sur, pero el carácter de la violencia en estas dos zonas varía. La violencia en los municipios del oeste tiende a darse entre grupos criminales rivales, mientras que la violencia al sur de Chihuahua tiende a ser causada por el Cártel de Sinaloa contra la población civil, como lo muestra el caso de Cruz y su familia, según la Agencia Estatal de Investigación Criminal, que es la división investigativa de la Fiscalía del estado de Chihuahua.
La convergencia de la madera y el narcotráfico ha añadido otra capa al conflicto. Los municipios más afectados por la tala ilegal en Chihuahua se encuentran al sur y al oeste del estado: Maguarichi, Guerrero, Uruachi, Ocampo y Madera, al igual que Guadalupe y Calvo y Bocoyna, según la Agencia de Investigación Criminal. Esas zonas son también algunas de las más violentas.
Bocoyna, por ejemplo, es donde se encuentra Creel, y marca una línea entre el territorio de las dos principales organizaciones criminales que se disputan ese corredor de narcotráfico: La Línea, que trabaja con el Cártel de Juárez, y Gente Nueva, que trabaja con el Cártel de Sinaloa. El conflicto entre estos dos grupos se ha asociado al control sobre la industria maderera ilegal, así como a las rutas de narcotráfico que atraviesan el estado.
InSight Crime captó una imagen de esos enfrentamientos una mañana de finales de octubre de 2018, cuando seis cuerpos fueron dejados tirados justo antes del amanecer frente a una estación de gasolina en las afueras de Creel. Envueltos en bolsas negras de basura cerradas con cinta de empaque café que envolvían el cuello, la cintura y los tobillos de cada cuerpo, la escena era común para la violencia que se ha desarrollado durante más de una década de guerra antinarcóticos en México. El mensaje pegado en uno de los cuerpos hacía referencia al control y al tráfico del mercado maderero ilegal local, no al narcotráfico, como cuenta Hugo Mendoza, agente de la Agencia de Investigación Criminal.
La lucha que se desató luego de que Calderón emprendiera su ofensiva en 2006 siguió recrudeciéndose durante la siguiente administración de Enrique Peña Nieto y se mantiene bajo el actual mandato de Andrés Manuel López Obrador (también conocido por sus iniciales: AMLO). Años de estas luchas han atomizado a organizaciones como Juárez y Sinaloa, cuyas facciones han creado otros grupos que ahora buscan crear sus propias fuentes de ingresos, y la madera ilegal es una de ellas.
“El narco siempre ha estado ahí, y todo el mundo aprendió a vivir con ellos. Pero la guerra antinarcóticos los llevó a proteger más sus territorios”, observa Isela González, directora de la Alianza Sierra Madre. Ella habló con InSight Crime en la ciudad de Chihuahua, donde se encontraba bajo protección del Gobierno luego de recibir amenazas de muerte por su trabajo sobre problemas ambientales, como la tala ilegal.
Más aún, los precios de la mariguana y la amapola han presentado caídas sostenidas, lo que ha obligado a los grupos a diversificar sus portafolios o a ampliar los existentes para compensar el déficit. Algunas facciones del Cártel de Sinaloa, por ejemplo, han expandido sus sembrados de amapola y mariguana en la zona, talando indiscriminadamente los bosques y desplazando a familias como la de Cruz en el proceso. La madera no es tanto el objetivo primario, sino más bien una consecuencia de esta expansión.
SAN JUANITO: EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE MADERA
A unos 30 kilómetros en auto hacia el norte de Creel se encuentra San Juanito, el centro de tráfico de madera de esta parte del estado. Allí se encuentran unos 25 aserraderos, que generan directa e indirectamente cientos de empleos en la zona. Ahí se procesa la madera de los bosques de pinos que cubren las colinas. Luego, la madera se transporta en su mayoría a la Ciudad de Chihuahua, pero también a Cuauhtémoc y al sur del estado. El pino se usa casi exclusivamente en el país, en construcción, muebles y productos de papel.
Por largo tiempo, el pino se ha extraído y blanqueado en San Juanito. Esa ciudad concentra tantos, o más, aserraderos clandestinos como legales. Pero la llegada de los narcos trajo consigo un nuevo momento y, según se dice, más agitación en los dueños de los aserraderos.
Fue alrededor de 2015 cuando comenzaron a llegar estos grupos narcotraficantes, según Citlali Quintana, abogada que trabaja para el Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, organización sin ánimo de lucro de la región. Quintana describió su ingreso como brusco, literalmente cortando y quemando.
“Toda el área alrededor de San Juanito fue talada ilegal e indiscriminadamente”, comentó a InSight Crime. “Y luego prendieron fuego al bosque y no dejaron que la gente apagara los incendios”.
Otros, como una persona conectada con la industria maderera de la zona y que habló con InSight Crime, señalaron que fue un proceso algo más sutil, que comenzó con la demanda criminal clásica: el pago de piso, como el hampa llama a la extorsión. No fue mucho antes de que los grupos criminales comenzaran a ver el potencial de ganancias en la industria misma y comenzaran a hacer compras agresivas de aserraderos y a obligarlos a procesar madera extraída ilegalmente, como relataron representantes de la industria y organismos no gubernamentales de veeduría.
No hay consenso sobre cuánta parte de la industria procesadora de la zona es controlada por la facción criminal actualmente. Un empresario local dijo a InSight Crime que la mitad de los aserraderos que operan en San Juanito pueden hacer parte de la red del Cártel de Juárez. La otra mitad, declaró la fuente, tiene que pagar piso.
Otra fuente dio una declaración aún más cruda: “Nadie tiene permitido manejar la madera a menos que trabajen con el cártel”, le aseguró a InSight Crime un representante de un grupo de vigilancia que pidió que se mantuviera su anonimato.
En cualquier caso, según más de una docena de grupos de veeduría y expertos de la industria entrevistados por InSight Crime, el proceso se desarrolla de manera similar. Los grupos madereros conectados con los grupos narcotraficantes llegan a los aserraderos con camiones cargados de pino sin procesar. Los aserraderos compran y procesan la madera extraída ilegalmente y luego blanquean el producto para hacerlo pasar como madera de fuentes legales que luego venden a constructoras y plantas de procesamiento secundarias.
A pesar de su prevalencia, no hay casos judiciales ni estudios de la industria o estimativos no gubernamentales, ni ninguna otra información que indique qué tan extendido está el negocio ilícito en la zona. En el ámbito nacional, sin embargo, fuentes gubernamentales y no gubernamentales estiman que entre el 30 y el 50 por ciento de la madera extraída en México es ilegal. Esta madera de origen ilegal genera entre 106 dólares y 175 millones de dólares anuales, según cálculos de InSight Crime.
Los grupos criminales también han arrastrado a empresas transportadoras y a conductores de camiones individuales al negocio ilegal, haciendo que mezclen la madera ilegal con sus propios insumos. Negarse a participar puede ser fatal. Sólo un mes antes de que InSight Crime visitara la zona, un conductor había sido asesinado, y habían quemado su camión y su carga.
NUEVO JEFE, MISMA HISTORIA
En octubre de 2018, la abogada Quintana nos llevó de la pequeña ciudad de Creel al caserío indígena de Bahuinacachi, justo en las afueras de San Juanito, en su carro 4×4. Pasamos por bosques de pinos que habían sido arrasados por taladores no autorizados. El trabajo estaba mal hecho: los árboles habían sido dejados pudriéndose donde habían caído, y algunas extensiones de tierra habían sido quemadas, con el fin de ocultar la evidencia.
Cuando llegamos a Bahuinacachi, los residentes nos narraron que unos meses antes habían llegado unos 40 hombres armados con motosierras en grandes camiones. Cortaron los árboles de los bosques de pinos en las laderas del pueblo. Los hombres —todos los cuales parecían menores de 20 años, según testigos— sacaron docenas de camiones cargados de madera cada día durante semanas enteras. Los pobladores dijeron que desde sus casas podían oír las motosierras trabajando toda la noche.
Manjarrez y sus hermanos habían aprovechado las capturas de sus jefes, y llenaron el vacío con sangre nueva y nombre nuevo. Se llamaron el Nuevo Cártel de Juárez. Además de liderar el voraz saqueo de madera en Bahuinacachi, Manjarrez presuntamente había sido el autor intelectual de un ataque a una escolta de la policía estatal en San Juanito apenas un mes antes de nuestra visita. El ataque, que dejó cuatro policías muertos, era una supuesta venganza por el arresto de sus antiguos jefes de La Línea, como informó la prensa local.
Manjarrez también fue el responsable de los asesinatos que habían ocurrido mientras estuvimos en Creel, según la Agencia de Investigación Criminal y noticias locales. La prensa mostró un video de los seis cuerpos en la vía que conduce a San Juanito y atribuyó los homicidios a “ajustes de cuentas entre grupos criminales”. Posteriormente, la Fiscalía del estado expidió un comunicado. “El hecho tiene relación con el crimen organizado y la tala de madera ilegal entre La Línea y el Cártel de Sinaloa”, escribió la Fiscalía.
La presencia de los taladores ha profundizado las divisiones en la comunidad. Algunos se han ido a trabajar para ellos en la tala de árboles. Otros les cocinan y en ocasiones les alquilan habitaciones. Pero otros residentes se oponen a su presencia y a la participación de los miembros del ejido. Según un residente, que no quiso que se mencionara su nombre, hubo una disputa en la que se vio implicado un ejidatario que había ofrecido al grupo criminal la oportunidad de talar en la tierra de la comunidad sin autorización de la cooperativa. El grupo criminal posteriormente usurpó toda la tierra.
Los residentes también denunciaron que la policía local estaba ayudando e incitando la tala ilegal de los bosques de pinos en Bahuinacachi. Como prueba de su denuncia, dijeron que habían presentado una demanda detallada a la policía estatal en el momento en que los taladores ilegales habían invadido la tierra unos meses antes y derribaron árboles durante toda la noche. Los residentes manifestaron su deseo de que la denuncia fuera anónima, en especial por los antecedentes de conexiones de La Línea con la policía, pero los agentes insistieron en que la denuncia llevara los nombres de al menos tres de las personas que presentaron el reclamo. Sin embargo, cuando los residentes preguntaron unas semanas después, les dijeron que no había registro de denuncia alguna. Poco después de eso, dijeron que dos de las tres personas que presentaron la denuncia fueron amenazadas por algunos de los taladores.
MIEDO Y DESPLAZAMIENTO
En el mes de agosto, antes de ser asesinado, Cruz Soto y otras personas más que habían sido desplazadas por la fuerza de Guazapares regresaron a la zona a ver cómo estaban sus tierras. El grupo había sido reconocido como refugiados internos por las autoridades de Chihuahua y fueron allí con escolta policial. Cruz también se había convertido en miembro activo de la organización local de derechos humanos que pedía la restitución para los desplazados de toda la región.
Varias familias de otra zona conocida como Coloradas de la Virgen, que también habían denunciado tala ilegal por años, fueron también desplazadas luego del asesinato de por lo menos siete miembros de su comunidad entre 2013 y 2016, según un informe de Global Witness. Esta era, en otras palabras, una situación común en la región.
La violencia estaba surtiendo el efecto buscado. El director de una organización local de derechos humanos declaró a InSight Crime que las comunidades afectadas viven con miedo por los homicidios, las desapariciones y la violencia.
“[Estas comunidades] tienden a no denunciar estas cosas, y cuando lo hacen hay muy poca reacción del estado”, señaló el líder.
Más aún, cuando los residentes presentan una denuncia oficial, con frecuencia no refieren hechos suficientes, o no saben o no quieren revelar los nombres y las identidades de los implicados, agregó el líder. La consecuencia es que hay pocas investigaciones oficiales sobre estos casos.
“Tratamos de animar a la gente a que denuncie, en grupo, con otros. Tratamos de hacer que la comunidad denuncie y que el estado responda”, concluyó.
Con escolta policial ese mes de agosto, Soto visitó su casa sin contratiempos. Al día siguiente, sin embargo, cuando volvió, halló un cuerpo. Era la prima de su esposa María. Clavado en su cuello había un mensaje dirigido a Cruz personalmente por haber denunciado las actividades del crimen organizado en la zona.
La investigación del estado de Chihuahua sobre el asesinato de Soto llevó finalmente al arresto de dos personas que presuntamente participaron en su secuestro y muerte. Uno de ellos era el jefe de policía, Paulino M.R.
*Este artículo fue escrito con información de Jesús Alarcón.
* Este es uno de los cuatro capítulos de una investigación sobre tala ilegal en igual número de países de América Latina, realizada durante dos años por InSight Crime en colaboración con el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University. La investigación involucró varias visitas de campo a Colombia, Honduras, México y Perú, así como decenas de entrevistas con funcionarios, miembros de las fuerzas públicas, contrabandistas, académicos, comunidades, terratenientes, entre otros. Lea la serie completa aquí.
