Pese a que desde la semana pasada se anunció el reinicio del polémico programa «Quédate en México», este lunes hubo desconcierto por la falta de información oficial, ya que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza aseguraron que aún no se había reactivado el programa dirigido a migrantes.
Por Manuel Ocaño
San Ysidro, Estados Unidos, 6 de diciembre (EFE).- La garita de San Ysidro, que separa San Diego, California, Estados Unidos, y Tijuana, México, y donde se inició en 2019 el polémico programa «Quédate en México», vive este lunes una jornada de desconcierto por la falta de información oficial sobre cuándo empezará a aplicarse esta medida.
«Hasta esta mañana el programa no se ha reiniciado. Todavía no tenemos ninguna información», decía un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a las familias de migrantes que comenzaban a reunirse en el paso peatonal de San Ysidro a primera hora de este lunes.
Este cruce fronterizo, el de mayor tránsito del mundo, es uno de los siete designados por el Gobierno federal desde la semana pasada para retomar desde este lunes el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) y conocido popularmente como «Quédate en México».
Pero oficiales fronterizos de la garita de San Ysidro, en California, impedían el paso al amanecer de este lunes a los desconcertados migrantes del cercano campamento La Esperanza de Tijuana que se acercaban para inscribirse en este MPP que el Gobierno de los Estados Unidos quiere hacer más humano.
Los oficiales «les dijeron (a los migrantes) que la información que tenían es que no tenían información», dijo a Efe el mexicano con visa Alejandro García, una vez que cruzó a California.
Preguntada el respecto en rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, hizo hincapié hoy en que se han aprobado cambios para «mejorar los componentes humanitarios» de un programa que, sin embargo, aún sienten que es «ineficiente e inhumano».
ACTIVISTAS RECHAZAN AYUDAR AL GOBIERNO
Mientras en la frontera reinaba el desconcierto, las organizaciones se negaron a aceptar el reinicio del plan que impuso en 2019 el Gobierno de Donald Trump para obligar a cerca de 70 mil solicitantes de asilo a aguardar en México a que se resolvieran sus pedidos en Estados Unidos.
«Nosotros no vamos a apoyar porque no vamos a legitimar un programa que es ilegal», dijo a Efe la directora de la organización de asistencia legal a migrantes Al Otro Lado, Nicole Ramos. «Vamos a exigir el restablecimiento del derecho al asilo».
Ramos cuestionó los argumentos en los que desde su origen se basa este polémico programa que, según reportes de grupos de derechos civiles, ha puesto en peligro la vida de los solicitantes de asilo en México.
«Cómo es que la agencia más grande del Gobierno de Estados Unidos (CBP), con más de 60 mil oficiales, diga que no tiene capacidad para atender solicitudes de asilo y tenga que hacer esperar en claro peligro en México a miles de familias migrantes», dijo la abogada.
«Cómo es que el país más poderoso en el mundo, que gasta miles de millones de dólares en ir a una guerra por petróleo, no pueda destinar recursos para proteger a familias pobres que buscan su refugio al huir de la violencia», cuestionó.
Ramos dijo que otras organizaciones similares en la frontera en Texas confirmaron que no apoyarán en el reinicio de MPP.
En San Diego, mientras tanto, por lo menos 60 organizaciones de la coalición Grupo de Trabajo de Bienvenida a California también expresaron su rechazo.
«Exigimos terminar inmediatamente todas las políticas que obstruyan el acceso al asilo en la frontera», dijo a Efe el vocero de la coalición, Alex Mensing, sobre este programa que fue restaurado por orden judicial después de la Casa Blanca lo cerrase a principios de año.
La negativa a colaborar de las organizaciones podría afectar los planes del Gobierno mientras busca la forma de suspender el programa de manera definitiva, dado que en estos grupos recae en buena medida el del peso del día a día del programa en el lado mexicano de la frontera.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que los procedimientos “generalmente” concluirán dentro de los seis meses posteriores al regreso inicial de una persona a México, un plazo que también ha sido cuestionado por los defensores de los migrantes.
En opinión de la directora de protección de refugiados de Human Rights First, Eleanor Acer, MPP fue un «desastre humanitario cuando se implementó por primera vez, y está condenada a volver a serlo».
Esa organización documentó por lo menos mil 500 casos de secuestros, violaciones sexuales, asaltos y homicidios de migrantes que esperaban en la frontera mexicana procesos de solicitudes de asilo bajo MPP cuando se implementó la primera vez en el 2019.
