Uno de los problemas más graves que enfrentan en Tamaulipas es la actuación del Fiscal Anticorrupción, qué se ha convertido en un defensor de oficio del Gobernador corrupto Cabeza de Vaca y persecutor de los presidentes municipales de Morena.

En el estado de Chihuahua preparan el mismo escenario  para cuando deje el Gobierno la actual administración y estar protegidos de cualquier investigación por actos que deban ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción.

Les cuento;

El 30 de agosto de 2017 se estructura el Sistema Estatal Anticorrupción incluyendo como una institución toral a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (SIC). dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para la investigación y persecución de hechos que la Ley considere como delitos de corrupción. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo lo facultaba a nombrar un encargado del despacho en ausencia de la titular.

El 27 de diciembre de 2020, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, dependiente del Fiscal General, desaparece mediante una reforma constitucional y nueva ley orgánica y se termina  la facultad del Poder Ejecutivo para nombrar al encargado del despacho en ausencia de la Fiscal.

En su lugar se crea un órgano constitucional autónomo denominado Fiscalía Anticorrupción con una nueva ley orgánica.  Y a partir de esa fecha la ley establece que, en ausencias de la Fiscal Anticorrupción, como es el caso, quedará como encargado del despacho el Vicefiscal Anticorrupción, que actualmente es el Lic. Ulises Soteno Torres. La ley es muy clara y en automático ese funcionario debe hacerse cargo de la Fiscalía Anticorrupción cuando falte la Fiscal, hasta que se nombre una nueva titular.

Paralelamente, a los cambios legales corre la vida. Y es interesante lo que le pasó a la Lic. Gema Chávez.

El 30 de agosto de 2018 se le nombra por el Congreso del estado Fiscal Especializada en Materia de Anticorrupción, después se le ratifica como Fiscal Anticorrupción con total autonomía del Fiscal General y de la Gobernadora. Duraría en su encargo hasta 2025.

En verano de 2020, está Fiscal inicia un procedimiento penal en contra de María Eugenia Campos Galván, investigando el destino de cantidades de dinero que pagaban contratistas a la Presidencia Municipal, que ocupaba Maru Campos, equivalente al 10 por ciento del monto de las facturas, depositando dichos recursos en una tarjeta de crédito, La Fiscal investigó y consigna el caso ante el Poder Judicial.

El siguiente verano, María Eugenia Campos Galván gana las elecciones convirtiéndose en Gobernadora del Estado y seis meses después de que asume el Gobierno, inexplicablemente, Gema Chávez presenta su renuncia al puesto de Fiscal Anticorrupción, despreciando cuatro años de un empleo seguro, bien pagado y muy importante profesionalmente para ella.

Hasta ahí, todo parece ser un proceso burocrático, con actos políticos sucedidos a las sombras por el poder superior, sin embargo, con motivo de la renuncia de la Fiscal Anticorrupción, los actos de autoridad por parte del Poder Ejecutivo han entrado en una franca violación al Estado de derecho.

El 24 de junio pasado, la Gobernadora Maru Campos y el Secretario General C. Gustavo Jáuregui Moreno nombraron encargada del despacho de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, dependiente del Fiscal General, a la Licenciada Nidia Aidin Orpinel Pizarro, y con ese nombramiento, la mencionada profesionista llega a las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción Autónoma, toma posesión de la dirección sienta en su silla al Lic. Ulises Soteno y empieza a manejar expedientes, a dar órdenes y a girar instrucciones, a enterarse de todos los asuntos en trámite y controlar desde un puesto inexistente en la ley, desde una supuesta Fiscalía que ha desaparecido, en abierta usurpación de funciones la lucha en contra de la corrupción en el estado de Chihuahua.

Es evidente que la Licenciada Orpinel es de toda la confianza de la Gobernadora y del Secretario General de Gobierno C. Gustavo Jáuregui, por eso la nombran encargada del despacho, aunque no tengan facultades para hacerlo y por eso aplican una Ley derogada en diciembre del 2020.

No les interesa en lo más mínimo, respetar la ley, respetar la institución, respetar al Sistema Estatal Anticorrupción, en donde, por cierto, han sucedido una serie de actos de maltrato contra los profesionistas, qué forman el comité de participación ciudadana como parte del sistema anticorrupción.

Ellos, igual que Cabeza de Vaca, van por todo, por todos los puestos bajo su más estricto control y lealtad, ni más ni menos la misma forma de Gobierno que aplicó César Duarte al estado de Chihuahua.

Gustavo De la Rosa

https://dev.sinembargo.mx/author/delarosa/

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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