Familiares de desaparecidos acusan incomprensión de autoridades federales por los actos criminales de los militares durante la «guerra sucia».
Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- Integrantes del colectivo Eureka reclamaron la «clara incomprensión» de las autoridades federales ante la magnitud del daño causado por los militares responsables durante el periodo conocido como “guerra sucia“, a quienes «se pretende excusar» de los actos criminales «aduciendo la obediencia debida» y homenajearlos en un muro de honor.
Luego de la apertura de instalaciones y archivos militares a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico por Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990, los familiares de desaparecidos cuestionaron las acciones del Gobierno de México.
«Con este acto nos quedó clara la incomprensión del Subsecretario Alejandro Encinas y el director de Estrategias Félix Santana, de la magnitud del daño causado por la represión de todos estos años, pues con toda infamia, omitieron decirnos que quienes asistieran estarían sentados al lado de algunos verdugos y perpetradores y de sus familias», reclamó el colectivo en un comunicado.
Asimismo, rechazaron que el General Luis Cresencio Sandoval justifique los actos criminales cometidos en cumplimiento de las labores para “garantizar la seguridad, el orden constitucional y el restablecer el estado de derecho”.
Ante el discurso del titular de las Fuerzas Armadas y del Presidente López Obrador, el colectivo afirmó: «Los agravios recibidos de los gobiernos pasados volvieron a caer sobre nosotros, estrepitosamente y con toda la fuerza con que los recibimos la primera vez».
«Nos dejó estupefactos y ofendidos la falta de sensibilidad por el daño causado en la sociedad y en las familias y víctimas en todas estas décadas de represión, azorados de la ceguera que les ha nublado también la mente y no los deja ver que esa herida sigue sangrando y que los está salpicando», agregó.
En su pronunciamiento, el colectivo señaló como responsables de este «abominable crimen de lesa humanidad» que es la desaparición forzada, que inició desde entonces, a los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas como Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; así como «sus cómplices» los Secretarios de Gobernación, Procuradores Generales de Justicia, Secretarios de la Defensa Nacional y todos los que en escala descendente les siguen en la cadena de mando.
«Por actuación directa, encubrimiento u omisión, eligieron permanecer callados solapando esta terrorífica actividad criminal junto con las nefastas policías ilegales como la Dirección Federal de Seguridad, la Brigada Blanca, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional», escribieron en su mensaje.
Para ellos, las Fuerzas Armadas aceptaron involucrarse en estas tareas delictivas al obedecer órdenes contrarias a lo establecido por la Constitución y violatorias de los Derechos Humanos como recluir a los detenidos civiles en campos militares y bases navales, sin las garantías que las leyes otorgan y someterlos a tratos crueles, inhumanos y degradantes nada tiene que ver con el establecimiento del Estado de derecho.
Asimismo, indicaron ante la invitación de la Secretaría de Gobernación al acto protocoloario en el Campo Militar Número 1 que daría inicio a la apertura de campos militares y bases aéreas para la investigación, «muchos familiares abrigaron la esperanza de que con el Gobierno actual sería distinto, que pronto habría justicia y se sabría de sus seres queridos».
Sin embargo, a casi cuatro años, la respuesta fue «efímero y limitado» Decreto Presidencial que caduca en el 2024 y sólo abarca hasta el año 1990, «permitiendo con ello la persistencia de la impunidad y el que se siga cometiendo».
Aún así, el colectivo consideró que en las Fuerzas Armadas hay buenas personas, honestos e incapaces de ejecutar órdenes para cometer abusos contra el pueblo como el teniente Miguel Orlando Muñoz, quien fue desaparecido.
A diferencia de los que transgredieron todas la leyes, los que dieron las órdenes y los que las obedecieron cometiendo desapariciones forzadas, asesinatos y torturas, escudándose en un uniforme y en la institución a la que representan no deben ser honrados y ni siquiera ser comparados con todos nuestros jóvenes revolucionarios que revestidos de dignidad arriesgaron sus vidas y su libertad por una patria mejor”.
Por último, aseguraron que el Gobierno está obligado por las leyes, a dar las respuestas que exigen desde hace casi 50 años.
