Cuatro hijos tiene el Chapo y cada uno vale cinco millones de dólares para la justicia estadounidense. Todos, dicen los vecinos del norte, son parte del grupo criminal llamado cartel de Sinaloa y son los responsable de introducir drogas a Estados Unidos, particularmente fentanilo, una droga sintética hoy considerada una epidemia.

A los “Chapitos” los busca el gobierno estadunidense, pero en México nadie los persigue, no hay ningún interés particular por detenerlos ni una persecución en su contra. Si es cierto que son responsables de lo que dice la justicia del país vecino podemos estar seguros de que en México no han pasado sin dejar huella, pero, lo dejó claro el presidente, aquí nadie los persigue porque la lucha en México es contra la violencia y contra el consumo de drogas, no contra el tráfico de sustancias.

Los juniors ya no son los de antes. El Cartel Jalisco Nueva Generación los detuvo, en realidad los secuestró, hace cinco años (el 15 de agosto de 2015) en Puerto Vallarta, cuando había caído por tercera vez “El Chapo”. Quedó la imagen de que eran débiles e ingenuos. No es así. De entonces para acá su poder es mayor y su organización más grande. La tercera generación del cartel de Sinaloa es más sofisticada financiera y operativamente, pero no menos violenta.

El gobierno federal tiene claro que perseguir capos no resuelve los problemas con grupos criminales ni reduce la violencia, pues solo genera fragmentación y luchas internas. Una parte importante del fracaso de gobiernos anteriores en materia del combate al crimen organizado estuvo justamente en aferrarse a la lógica de que detener a las cabezas visibles reduciría a las organizaciones. Claramente no fue así: la violencia no ha dejado de crecer y las organizaciones tampoco. La tendencia desde el 2004 es claramente al alza, con un pequeños periodo de reducción de los homicidios en los años 2012 y 2013 pero con una línea ascendente hasta el 2018 en que se estabilizó. Tres años después podemos decir que la política de no persecución de capos no ha reducido la violencia, pues seguimos exactamente igual. Está claro, pues, que perseguir capos genera violencia, pero igual lo está que no perseguirlos no es suficiente para reducirla.

Al poner en la mira a los “Chapitos”, Estados Unidos genera un problema a la actual administración. No hay manera de que el gobierno mexicanos se niegue a perseguirlos sin que ello signifique una afrenta diplomática. La detención de uno o varios de ellos generará violencia, como lo vimos con las amenazas cuando se detuvo, de manera descoordinada y errática, a Ovidio hace un par de años.

No hay duda de que las instituciones del Gobierno Federal tienen la capacidad para detener a los “Chapitos”, la duda es si antepondrá la relación con la relación con Estados Unidos a su política, hasta hoy poco efectiva, de pacificación.

Diego Petersen Farah

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