Hay una mala lectura de las elecciones de 2021 en la capital de la República que permitió que Omar García Harfuch, un policía de los tiempos de Enrique Peña Nieto, compitiera en las encuestas para definir lo que, a la larga, se convertirá en la candidatura de Morena para la Ciudad de México. La mala lectura es esta: en 2021 se perdieron alcaldías ganadas en 2018 porque la “clase media” salió a votar por el PRIAN. La lectura es equívoca por muchas razones. La primera es que no existe en México una correlación válida entre clase social y partido por el que se vota, y la capital del país no es la excepción. Todo lo contrario: mientras los partidos tradicionales, como el PRD y el PRI se desplomaron en identidad de los votantes, Morena en la Ciudad de México creció y creció: de 2015 en que tenía 15 por ciento, a inicios del 2018 a 33 por ciento y a 42.6 por ciento para julio de ese mismo año. Acción Nacional es el mismo desde 2015: el 16 por ciento de los votantes de la capital. El PRI pasó del 20 por ciento a ocho por ciento y el PRD de 40 por ciento al 10 por ciento y bajando. Es es el desplome de la oposición, no de Morena. No hay un cambio relevante y significativo de los votantes en la Ciudad de México. Así, en el 2021, Morena ganó la mayoría en el Congreso local con 31 de los 33 distritos y 11 de las 16 alcaldías en disputa. Pero hubo toda una campaña de la oposición y sus medios de comunicación para decir que la ciudad se había dividido por clase social y, entonces, se dividía en oriente pobre y morenista y poniente rico y PRIANista. No fue cierto. Lo que realmente sucedió es que determinados distritos salieron a votar en contra de Morena, por el PRIAN, y los distritos morenistas se confiaron en que la ciudad siempre ha sido de izquierda. Estaba la pandemia todavía y el miedo a reunirse, junto con la certeza un poco vanidosa de que la ciudad está siepre ganada por la izquierda, pero todo con una abstención de la izquierda. Pero la izquierda sigue ahí y no necesita de un policía priista para combatir a un PRIAN que sigue sin existir realmente. De qué tamaño fue la confianza o el panico al COVID para no salir a votar en 2021. Veamos. En 2018, tratándose de una elección presidencial, votaron cinco millones 392 mil de chilangos, 70 por ciento de participación. Dos millones 600 mil votos fueron para Claudia Sheinbaum y ganó por la mitad de la votación efectiva. En 2021, votaron tres millones 960 mil de chilangos, casi un millón y medio menos que en el 2018. Sólo 51 por ciento de participación. Morena tuvo un millón menos, pero Acción Nacional medio millón también menos. No es que creciera alguno de los partidos, sino que creció la abstención. 

Analizado distrito por distrito, resultó que la Ciudad de México no se dividió en oriente y poniente, sino que en lugares de anti-obradoristas como Polanco y las Lomas de Chapultepec, la participación fue hasta de 80 por ciento, con rangos de “zapato” para Morena. Esos tiempos del “zapato” del PRI volvieron a las zonas que creen en que México es una dictadura castro-chavista-trumpista dominada por algo llamado el Foro de Sao Paulo y que tiene nexos ocultos con los masones, los comunistas de Corea del Norte, y hasta los templarios. Eso fue lo que sucedió: que las zonas panistas fueron muy panistas y las morenistas se quedaron en sus casas. No hubo movilización política en la Ciudad de México y, para colmo, hubo una línea de Ricardo Monreal para apoyar a personajes como Sandra Cuevas en la Alcaldía Cuauhtémoc. 

El segundo argumento de por qué es un total disparate que la “clase media” vota por el PRIAN es el estudio que realizó Parametría y que citaré extensamente, con disculpas anticipadas. La encuestadora Parametría ha medido votantes desde hace más de 30 años y jamás ha encontrado una correlación entre clase social, escolaridad, nivel de ingreso y preferencia partidaria en México. Pero para volver a demostrarlo, analizó sus encuestas de salida en 2021 en la Ciudad de México y, por supuesto, volvió a encontrar lo mismo. No existe una identidad de clase y una preferencia partidista. Son tan clase media los votantes de Acción Nacional como los de Morena. Tienen tanta escolaridad los del Acción Nacional como los de Morena. Tienen iguales niveles de ingreso. El asunto es otro y será mi tercer argumento contra una candidatura como la de Harfuch. 

Pero veamos lo que concluye Parametría en 2021. Dice: “De los votantes en las elecciones federales del pasado 6 de junio de 2021, tres de cada cuatro votantes se consideran de clase media: sea media-media (37 por ciento) o media-baja (37 por ciento), además de otro cinco por ciento que se considera de clase media alta.” Lo que dice Parametría es que la definición de si el votante es de clase media y sus variantes ---baja, media, y alta--- se les deja a los propios encuestados, no se les impone por nivel de ingreso o escolaridad. Y sigue diciendo Parametría: “Podemos observar que si bien pareciera que hay un ligero aumento en la probabilidad de voto por el PAN en la clase media-alta (30 por ciento-50 por ciento), este valor es estadísticamente indistinguible dentro de la misma clase social para la coalición de Morena (22 por ciento-42 por ciento), más importante aún, la clase alta presenta los efectos opuestos”. Es decir si del 30 al 50 por ciento que votan PRIAN se autodefinen de “clase media”, también un 22 a 42 por ciento de los que votan por Morena se definen igual. Pero en la clase alta, los valores se invierten y es Morena el que tiene de 30 a 50 por ciento. Es interesante este dato porque nos habla del mito de que las clases altas votan ofendidas porque les dijeron “fifí” en una conferencia mañanera o que los empresarios no están con la 4T que les ha dado ingresos superiores a ningún otro sexenio, incluido el de Salinas. Pero continúa el texto de Parametría: “También es importante remarcar, que si bien la clase media-alta pudiera tener un 10 por ciento más de probabilidad de votar por el PAN, este sector representa sólo el 4.7 por ciento de los votantes”. Así que, como digo, Acción Nacional es el 16 por ciento de la identidad partidaria de la Ciudad de México y puede ganar si el otro 50 por ciento se queda a ver la televisión en domingo de elecciones. 

Concluye el estudio sobre 2021 de Parametría. Leo: “Los datos en general parecen mostrar que una mayor escolaridad y un más alto ingreso se traducía en menor voto por Morena, empero al evaluar estadísticamente la significancia de esta tendencia fue posible observar que es espuria. De hecho, los modelos permitieron comprobar que independientemente de la variable utilizada para medir la clase social, objetivo o subjetiva, su efecto sobre el voto por la oposición era nulo”. 

Ahora, la pregunta es de: ¿dónde sacan que Omar García Harfuch, jefe de la seguridad en la ciudad, apela al votante prianista de la ciudad o a la que ellos aseguran es “la clase media”? Aquí hay un rosario de estereotipos y lugares comunes que no se corresponden con la realidad. El primer argumento es que, como bajó la inseguridad extraordinariamente en la Ciudad de México, la ciudadanía premiaría a Harfuch por ello. Pero, consistentemente con el discurso del Presidente López Obrador de atender las causas de la inseguridad y no sólo el tema policiaco-judicial, sino en la atención a la desigualdad, a la iluminación, al Sendero Seguro, entonces los capitalinos deberían premiar, también, al Secretario de Bienestar o a los programas sociales únicos en la capital como las becas universales a niños de primaria, el asentamiento en la capital del empleo para los jóvenes, y la captación que hizo la ciudad de las inversiones extranjeras directas, por encima de Guadalajara y Monterrey. Todo eso contribuyó a la baja espectacular de los delitos, pero no es atribuible a Harfuch. Luego viene un ninguneo de las capacidades políticas de la llamada “clase media” cuando se dice ---como hizo, por ejemplo, José Cárdenas en su programa de radio--- que votarían por él las mujeres, porque es sexi; que lo comparan con Batman; que tiene una simpatía casi tan desbordante como la de Xóchitl Gálvez. 

Aquí me detengo en otro capítulo de las encuestas, que es el de qué consideran los chilangos que son los problemas más severos de la Ciudad de México. Y no es, obvio, el narcotráfico ni el ambulantaje, sino el transporte público y el agua. La pobreza y la desigualdad son temas sentidos, al lado del empleo y la inflación. Se necesita, por lo tanto, un proyecto de izquierda que ataque estos problemas que son los de la equidad en la movilidad, en el suministro de servicios públicos, y en el empleo. Hay que decir, que Claudia Sheinbaum se despidió como Jefa de Gobierno con una aprobación de seis de cada 10 habitantes de la ciudad. No fue producto sólo de la baja en la inseguridad ni mucho menos de las labores de la policía y sus detenciones, sino de la estrategia completa de bienestar. Cuando Morena puso en el debate público la pobreza y la desigualdad en la ciudad, entre 2015 y 2018, creció 230 por ciento en identificación de sus votantes. 230 por ciento. No es Batman el que soluciona la desigualdad, es la política pública de López Obrador. Al respecto de su posición de “izquierda” el propio Harfuch ha dicho la ambigüedad más grande en toda la precampaña para la encuesta de Morena en la Ciudad de México. Dijo: “Parte de sumar y de apoyar a la próxima Presidenta de México, considero que es desde la ciudad, la ciudad es muy importante para todo el país, la estabilidad, conservar y aumentar la estabilidad en la ciudad es sumamente importante y por eso decidí participar, creo que puedo aportar muchísimo a la Ciudad de México”. 

El petate de la llamada “clase media” es mi último argumento. ¿Qué es la clase media, sino una autodefinición, como la considera Parametría? Mucha gente responde que es de clase media si tiene estabilidad laboral y de ingresos, pero, en cuanto la pierde, ya no se considera así. Hay dos maneras de definirla: el ingreso y lo subjetivo. Por el ingreso, sólo el 12 por ciento del país y la ciudad lo es. Si es por autodefinición, el número ronda el 61 por ciento. Pero ya no estamos hablando de ingreso, sino de confianza en que uno puede consumir lo necesario y un poco más. La definición de no-pobre, sería la que aplica, o pobreza moderada. Pero si vamos a hablar de ingresos, necesitarías ganar 64 mil pesos mensuales para una familia de cuatro integrantes, un salario que gana sólo el 10 por ciento de los mexicanos. No se puede medir una clase social sólo por el nivel de ingreso, sino por todas las condiciones adicionales como la movilidad, los servicios públicos, las horas de ocio y, sobre todo, eso: el tiempo. Si de verdad hacerse prianista para ganar la ciudad tiene un correlato en la realidad, sería ese: estarías apostando por el 10% de los votantes. Eso es asustar con el petate de la “clase media” y descobijar a un movimiento como el obradorista que ha sido claramente de izquierda, preocupado por la desigualdad y la inequidad, desde que López Obrador fue Jefe de Gobierno.

Hay que recordarlo para quienes no vivieron la irradiación que se dejó sentir en todo el país de la izquierda de la Ciudad de México. Hay unas fechas centrales el 26 de abril; el 6 de mayo de 2007; y el 21 de diciembre de 2009 , cuando se aprobó el aborto en la ciudad, se desnudaron 20 mil personas en el Zócalo para ser fotografiadas por Spencer Tunic; y se logró el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Esas tres acciones se irradiaron desde la Ciudad de México y constituyen parte de su izquierda humanista, empática, y solidaria. Sin esos rasgos, ni la ciudad ni el país tendría hoy una transformación de lo político. Es la ciudad de las libertades civiles y de género, pero también la de los plebiscitos, las consultas, los presupuestos participativos. Es la del millón de ciudadanos defendiendo a su Jefe de Gobierno electo, Andrés Manuel, contra el Presidente Vicente Fox y sus abogánsters como Macedo de la Concha y Vega Memije, contra la Cámara de Diputados de Beltrones, contra la Suprema Corte de Arturo Azuela, contra Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos. Es por todo lo que hemos pasado, que hoy podemos elegir alcaldes y jefes, jefas, de Gobierno. Porque la sociedad presionó a ello durante décadas de ejercicios democráticos que la autoridad electoral no reconocía. Es la ciudad del terremoto de 1985 y 2017 con sus brigadas de jóvenes y sus albergues. Es la ciudad de las huelgas estudiantiles de 1987 y 1999. La del poderoso movimiento urbano-popular. La del Zócalo de libros y música. Así fue que llegamos a hoy. Dudo mucho que un policía de la Federal Preventiva de García Luna o a nombre de la Gendarmería en las juntas de autoridades para mentirle a la población sobre la desaparición de los 43 normalistas, puedan aplicar como elegible en esta sociedad urbana caótica, festiva, y progresista igualitaria. El o la que llegue a la candidatura tiene que representar a ese movimiento que es obradorista, pero también solidario, estudiantil y urbano-popular. No puede ser que alguien a quien los medios anti-obradoristas llaman “sexi”, “Batman”, o “Guapo”, nos represente. Sería como perder todo lo hecho por ganar un simple cargo de autoridad.  

Por fin. Ya está aquí. Que ya nadie se altere. Xóchitl Gálvez ha dado el esperado “manotazo en la mesa” y ya tiene “lista la estrategia” para ganar la Presidencia de la República: Consiste en unir a PRI, PAN y PRD con los ciudadanos y que ella sea conocida en todo el país. Se acabó el pesimismo, les dice a sus prosélitos: “No se preocupen si vamos 30 puntos abajo”.

Pero para ser un auténtico “manotazo”, que sus asesores le recomendaron para evocar el “golpe de timón” de Felipe Calderón previo al fraude de 2006, el anuncio de la candidata de la derecha fue muy raquítico.

El “manotazo” de Xóchitl ocurrió este domingo 8 en medio de todas las encuestas que exhiben el desastre de su proyecto presidencial, con desventajas de por lo menos dos a uno, y con tan mal tino que el anuncio se efectuó en el Salón Olmeca del Word Trade Center, exactamente el mismo lugar donde Claudia Sheinbaum fue declarada ganadora de la contienda interna en Morena, el 5 de septiembre.

Los impulsores y propagandistas de Gálvez, algunos públicamente desilusionados, exigían con frenesí este “manotazo” salvador en la conducción de la candidatura presidencial —¡dónde está el piloto!”—, pero ella trató de infundir entusiasmo y certeza, porque no le gusta hacer las cosas “a lo güey”.

Ante una escuálida asistencia en el Salón Olmeca, cuya principales figuras fueron Margarita Zavala, la esposa del fugitivo Felipe Calderón, y Gustavo Madero, el presidente del PAN que solapó los “moches”, Gálvez trató de tranquilizar a sus prosélitos:

“Yo sé que hay mucha gente que le gusta hacer las cosas a lo güey, pero a mí no, a mí me gusta estudiar, analizar y hacer una estrategia. Eso se llama planeación y estrategia. Y tenemos lista la estrategia. Y es una estrategia ganadora”.

También, después de unas prolongadas vacaciones, el coordinador de la campaña de Gálvez y quien ya perdió cuatro veces la candidatura del PAN, Santiago Creel, por fin estuvo presente.

“Aquí inicia la reconociliación entre partidos políticos y ciudadanos, vamos a buscar una gran reconociliación nacional, porque nos tiene que quedar claro que no podemos entender esto sin los partidos, pero los partidos no pueden lograr esto sin los ciudadanos”, disertó la senadora sobre uno de los principales puntos de su estrategia.

Pero la pretendida “reconciliación” de los partidos políticos con los ciudadanos comenzó mocha: Primero porque Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI asociado a la corrupción, desairó ese encuentro —como todos los fueron rivales de Gálvez, sobre todo Beatriz Paredes—, y segundo porque los convocantes son en realidad panistas, priistas y perredistas embozados que usurpan el nombre y la representación de la sociedad civil.

Estos personajes supuestamente apartidistas, liderados por el magnate Claudio X. González, son los mismos organizadores de dos marchas con atuendo color rosa que defendieron al Instituto Nacional Electoral (INE) de Lorenzo Córdova y la propia Xóchitl los desnudó este domingo: “Hoy la #MareaRosa se convierte en la #FuerzaRosa”.

Y como parte de esta simulación del “manotazo” es la difusión de encuestas fabricadas para hacer creer que la distancia de Gálvez con Sheinbaum no es tan amplia.

Este lunes se difundió la de México Elige, una firma que coloca a Gálvez a sólo diez puntos de Sheinbaum. Es una maniobra embustera: El sondeo tiene una base metodológica muy endeble, porque es por internet, y su creador, Aldo Hiram Campuzano Rivera, es asesor de ella, con el inequívoco conflicto de interés.

Por supuesto que en los ocho meses que faltan para la elección del 2 de junio de 2024 habrán de ocurrir acontecimientos que moverán las preferencias electorales y, así como puede seguir el derrumbe, eventualmente se pude materializar como exitosa la estrategia de la candidata de la derecha.

En una de esas, los políticos que se esconden en España, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas, así como los que están en Estados Unidos, Ricardo Anaya y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, vienen a reforzar la campaña de Gálvez, como parte del plan de unir a los partidos de oposición con los ciudadanos.

Por lo pronto, es positivo que ella desmienta a muchos de sus encendidos seguidores que afirman que México vive en un régimen dictatorial: “Esto no es una dictadura. Esto es una democracia. Y aquí hay elecciones. Y esa decisión la van a tomar los ciudadanos. La van a tomar ustedes. Y esto apenas empieza”.

Pues sí. Es lo obvio.

Una de las razones que se esgrimen para explicar la popularidad de Omar García Harfuch en la disputa por la candidatura es su atractivo físico. Imposible saber a ciencia cierta, al menos por el momento, cuánto afecta ese factor y cuánto obedece a otros motivos menos frívolos. Después de todo, se trata del responsable de la seguridad pública del gobierno de la capital durante los últimos cuatro años. Los buenos números que exhibe su gestión seguramente explican en parte la imagen favorable a ojos de tantos ciudadanos preocupados por la criminalidad. Pero ciertamente el atractivo físico nunca ha estorbado a un candidato en campaña.

Sea cierto o no que las mujeres fortalecen los números de Harfuch, paradójicamente las razones de género podrían provocar su derrota. Recordemos que, siguiendo las pautas de las autoridades electorales y producto de una práctica impulsada por el partido mismo, Morena se ha comprometido a que sean mujeres la mitad de sus candidatos para disputar las nueve entidades federativas que habrán de elegir gobernador el próximo año. Eso significa que los varones no pueden encabezar más allá de cuatro o de cinco candidaturas. Un principio de justicia sí, pero que contradice otro de los criterios para definir a los abanderados: el candidato oficial es aquél o aquella que gane la encuesta interna.

¿Qué pasaría, por ejemplo, si en ocho o siete de las nueve entidades ganan hombres en los sondeos definitivos (o para el caso si ganan solo mujeres)? ¿Cómo se llegará a la elección final con una propuesta que sea paritaria en términos de género? Hace unos días en un video al alimón, Claudia Sheinbaum, líder del movimiento tras la ceremonia del bastón de mando, y Mario Delgado, presidente de Morena, dejan suponer que, al terminar los procesos internos, en caso de existir un conflicto entre los dos criterios, prevalecerá el de la paridad de género. En pocas palabras, si ganan hombres en siete de las nueve entidades, al menos dos de ellos (quizá tres) tendrían que dejar su lugar a la rival interna que hubiese conseguido el mejor segundo lugar.

El tema ha pasado inadvertido para la opinión pública, pero ha sido una descarga eléctrica entre los cuadros y cuartos de guerra vinculados a las precampañas. Y con razón. En este momento solo en Veracruz hay una mujer ampliamente favorita para quedarse con la candidatura, Rocío Nahle, según encuestas externas e internas. En la Ciudad de México y la mayoría de las entidades restantes los políticos que participan gozan de mayor reconocimiento de nombre que sus colegas mujeres. En otros estados aún es demasiado incierto para inclinarse en un sentido u otro. Pero es improbable que la inercia de la contienda arroje un resultado paritario, porque nos encontramos a menos de tres semanas para que inicie el levantamiento definitivo.

Para efectos de la opinión pública el tema podría ser explosivo. Mal manejado provocaría una lectura terrible en la legitimidad del proceso. En principio, supongo, la mayoría de las personas estarían de acuerdo con el criterio de paridad de género, al menos en abstracto. Y aquí un breve paréntesis: en algunos círculos se cuestiona el criterio de paridad de género para reivindicar el de equidad de género en materia de candidaturas. Es decir, las mujeres deben tener el mismo derecho para competir por los puestos, la equidad en la participación es necesaria y, en ese sentido, es correcto que la mitad de los aspirantes sean mujeres. Pero más allá de eso, la decisión, se afirma, debe ser de los ciudadanos. Si en una entidad se prefiere a un determinado hombre y no a una determinada mujer, la decisión de la mayoría tendría que ser respetada. La equidad es imprescindible, no así “la imposición” de una paridad artificial. El tema es complejo y escapa a los límites de este texto, para empezar porque la equidad no se remite exclusivamente a un asunto aritmético (igual número de precandidatos), sino también de piso parejo, o ausencia de éste, en la manera en que hombres y mujeres se disputan los puestos. Y no carece de lógica que en la composición de los cuadros que dirigen los destinos públicos debe reflejar el hecho de que la mitad de los habitantes sean mujeres. Lo dicho, un tema complejo.

Para lo que nos ocupa, sin embargo, todo indica que el criterio ya está definido: habrá paridad en la propuesta final. Pero si se opera de manera confusa puede dar lugar al “sospechosísmo”. ¿En qué entidades sacrificar a quién y por qué? ¿Cómo tumbar a un candidato que efectivamente ganó? ¿Si en la precampaña por la presidencia y en la de Coahuila Morena enfrentó el reclamo de contendientes derrotados (Marcelo Ebrard y Ricardo Mejía, respectivamente) cuál será la actitud de candidatos legítimamente ganadores que habrán de ser sacrificados?

La única vacuna contra esta previsible tormenta es definir de antemano, con mucha claridad y amplia divulgación, los criterios que habrán de aplicarse en caso de tener que recurrir a este procedimiento. Establecer desde ahora bajo qué lógica se intervendría en determinada entidad y no en otra, en caso de necesitarse. Se entiende que se ascendería a los segundos lugares que más se hayan acercado al puntero. Pero también existe el criterio por parte del INE y acordado por los partidos políticos, de que las mujeres no deben ser destinadas solo a las entidades en las que el partido tiene pocas posibilidades de ganar (en el caso de Morena Yucatán, Guanajuato y Jalisco, por ejemplo). También tendrían que incluirse en aquellas en las que el partido arranca como favorito: Tabasco, Chiapas, Morelos o la capital del país.

Lo cual nos regresa a Harfuch y su principal contrincante por la candidatura de la Ciudad de México, Clara Brugada. En algunas encuestas se le da una ventaja de 13 puntos, en otras se reduce a 5. Esto abre una contienda totalmente distinta, aunque sujeta a lo que pase en el conjunto de las nueve. Para el cuarto de guerra de la exdelegada de Iztapalapa el objetivo se hace mucho más asequible. No necesitaría ganar, pero sí mantenerse a un cuerpo o dos de distancia del puntero. Para Harfuch el reto es inverso; lo que parecía un día de campo se ha convertido en una campaña frenética para arrasar en la contienda, de otra manera podría ser una victoria pírrica.

Para Morena se trata de dos candidatos competitivos, ambos con amplia ventaja para triunfar posteriormente en la elección definitiva. Pero tendría que asegurarse de que la aplicación del criterio de la paridad de género, por más bien intencionada que sea, no sea leída como un dedazo político disfrazado.

@jorgezepedap

¿A dónde va la salud de nuestras hijas e hijos? ¿qué pasa en nuestras escuelas donde se consumen cada día alrededor de 550 calorías en productos chatarra? 550 calorías es una tercera parte del total recomendado de calorías para un escolar. Se trata de una condición que los arroja al sobrepeso, la obesidad y a un futuro de diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Durante 13 años hemos escuchado varias veces que se establecen lineamientos para sacar la chatarra de las escuelas, como en un acto que se repite y ya hemos vivido antes, una especie de déjà vu. En 2010, con Felipe Calderón escuchamos que se publicaban los lineamientos para sacar la comida chatarra y las bebidas azucaradas de las escuelas y nada pasó; en 2013, con Peña Nieto, volvimos a escuchar lo mismo, que los alimentos y bebidas no saludables ya no estarían en las escuelas, que se habían establecido unos nuevos lineamientos que serían obligatorios y sancionables y… nada pasó. ¿Cuál fue el secreto para que nada pasara? Nada pasó por la fuerte oposición de las corporaciones que, puede resumirse, con el comentario enviado por Coca-Cola a la consulta pública realizada para los lineamientos en 2010: “violentan la Constitución, son excluyentes, discriminatorios e inequitativos”.

Desde 2010 a la fecha sabemos que niñas y niños en las escuelas, en una sola jornada, consumen alrededor de 550 calorías, calorías vacías, que no generan saciedad, de hecho, inducen a comer demás, calorías provenientes de productos chatarra y bebidas endulzadas, calorías extras que a la mayoría le provocará aumento de varios kilos de peso cada ciclo escolar, que les llevaran a gran parte de ellos al sobrepeso o la obesidad y, muy posiblemente, a desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc.

La culpa se les pone a los padres de familia porque se dice que ellos son los responsables de lo que sus hijos comen y beben y, sin duda, hay cierta responsabilidad. Sin embargo, si los padres dan una alimentación adecuada a sus hijos, bastarán esas más de 550 calorías al día que consumen sus hijos en la jornada escolar para que desarrollen sobrepeso u obesidad. Y esos productos están diseñados justamente para atrapar el paladar, para ser hiperpalatables, a lo que se suma la publicidad multimillonaria que los anuncia en todas partes. Si sus hijos están en las escuelas donde predominan estos productos hiperpalatables, si sus compañeros los consumen, serán irresistibles.

Hoy, volvemos a escuchar de una iniciativa en el Congreso para sacar estos productos de las escuelas. Por primera vez, la propuesta que ahora está en el Legislativo no permitiría la repetición de esta situación, siempre y cuando no entre una mano negra por parte de un grupo parlamentario o algunos legisladores que ya en el pasado han servido a las corporaciones, cambiando unas letras, una coma, para regresarla a la Cámara de Diputados y que muera ahí congelada.

Las regulaciones que se establecieron en el pasado se diseñaron o alteraron de tal manera que no se pudieran cumplir, convirtiéndose en un gran simulacro. Siempre estuvo detrás la industria, una fina mano negra definiendo los detalles, protegiendo los intereses de las grandes empresas. Como pocas veces, el diablo ha estado en los detalles. Y todo un andamiaje elaborado para proteger la salud de la infancia de un ambiente escolar obesogénico, se viene abajo con un ligero cambio en el texto.

Seguir el origen y desarrollo de una sola política se puede convertir en una profunda radiografía de la captura del poder político por intereses privados y explicarnos por qué nos encontramos donde estamos y cuáles son sus costos sociales, económicos y en salud. En este caso, se trata de entender uno de los elementos que contribuyen significativamente al estado de salud de nuestras niñas, niños y adolescentes, y el futuro de enfermedad que se cierne sobre ellos.

Fue la administración de Felipe Calderón la que empezó con Josefina Vázquez Mota al frente de la Secretaría de Educación enfrentando la alerta de que las niñas y niños mexicanos presentaban uno de los mayores índices de sobrepeso y obesidad en el mundo. En tan solamente 6 años, entre 2000 y 2006, el sobrepeso y la obesidad en niñas y niños de 5 a 11 años de edad había aumentado cerca del 40 por ciento. La atención del mundo se puso en lo que estaba pasando en México, en ningún país el sobrepeso y la obesidad habían crecido tan rápidamente.

Ante la demanda de establecer una de las recomendaciones internacionales, de la propia Organización Mundial de Salud, la de sacar la comida chatarra y las bebidas azucaradas de las escuelas, la secretaria de Educación respondía una y otra vez con la negativa, argumentando que se enseñaría a los escolares a “realizar elecciones saludables”. Mientras, la secretaria firmaba un acuerdo con PepsiCo para implementar el programa “Vive Saludable” y con Coca-Cola para desarrollar la campaña “Movimiento Bienestar” al interior de las escuelas, para que fueran estas corporaciones las que orientaran a los estudiantes de las escuelas de educación básica en estilos de vida saludables.

La situación cambió para bien, con la entrada, al relevo, en la Secretaría de Educación de Alonso Lujambio. Los lineamientos se elaboraron con el apoyo de la Secretaría de Salud, en especial del Subsecretario de Prevención, el Dr. Mauricio Hernández, que venía de haber dirigido el Instituto Nacional de Salud Pública donde, durante años, se habían desarrollado las investigaciones de campo sobre el ambiente alimentario escolar, calificándolo de obesogénico. Los datos de entonces y de ahora, no han variado, un consumo promedio al interior de las escuelas por cada alumno de 550 calorías, calorías extras, vacías, añadidas a las consumidas en el desayuno, la comida y la cena. Exceder el consumo diario recomendado en 550 calorías convierte tanto a un menor como a un adulto en un buen candidato a desarrollar diabetes, enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer.

Los lineamientos fueron elaborados con muy buena base técnica, el problema vino cuando entraron en consulta pública en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, organismo descentralizado de la Secretaría de Economía. Ahí todo cambio, el criterio base de densidad calórica, por presión de la industria, cambió al criterio de porción. El criterio de densidad calórica establecía un máximo de calorías por 100 gramos o 100 mililitros del producto. No importaba el tamaño del producto, si en 100 gramos rebasaba el límite de calorías no entraba a las escuelas. Sin importar que el producto empaquetado pesara 15 o 40 gramos, si en 100 gramos rebasaba el límite no podía entrar. La CONAMER, al servicio de la industria en esa administración, argumentó que no tenía bases científicas el criterio de densidad calórica y estableció el criterio de la porción. Gracias a ello entró la “minichatarra” a las escuelas, el minigansito, la mini bebida azucarada y los mini mini de muchos productos que de inmediato desarrollaron las empresas para el mercado multimillonario de las escuelas.

Como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso y Obesidad, anunciada con bombo y platillo en 2013 en un gran acto realizado en el Instituto Nacional de la Nutrición por Peña Nieto, teniendo como invitado de honor al titular de Coca-Cola Company para América Latina, Brian Smith, se refirió a una nueva versión de los lineamientos para alimentos y bebidas en las escuelas que en nada cambiaron la situación, evitando la responsabilidad de la autoridad en ellos.

El otro elemento clave para evitar que los lineamientos funcionaran, tanto los de 2010 como los de 2013, fue poner la responsabilidad de su aplicación, de vigilar que se cumplieran, en el consejo de participación social de las escuelas, que en la mayor parte de ellas no existe y en el que la participación principal es de padres de familia.

De esa manera la autoridad se desentendía de su responsabilidad y la responsabilidad se ponía en ese consejo, lo que significaba dejar la regulación sin posibilidades de operar, es decir, puro maquillaje. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una recomendación señalando que garantizar ambientes saludables en las escuelas es una obligación del Estado, de la autoridad educativa y de salud, que mantener la oferta de productos no saludables en las escuelas es una violación al derecho a la salud de la infancia.

La iniciativa presentada en el Senado, en estos días, reforma la Ley General de Educación, instrumento superior a los lineamientos, poniendo, por fin, después de más de 13 años de simulacro, la responsabilidad de la aplicación y vigilancia en las autoridades educativas y de salud.

Hablamos del ambiente escolar, de un ámbito donde niñas, niños y adolescentes se encuentran cautivos, donde todo lo que la institución escolar regula debe convertirse en un acto educativo y no lo contrario, como ocurre actualmente, convertidas las escuelas en espacios de mercantilización de productos comestibles y bebibles no saludables. Las escuelas generan una influencia importante en las comunidades. Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar el daño generado por la mala alimentación al tiempo que favorecen el combate a la pobreza y fortalecen la cultura alimentaria regional. Esto ocurre en Brasil donde las escuelas están obligadas a comprar a los productores locales un porcentaje importante de los alimentos y ocurre también en experiencias desarrolladas en diversas regiones de México, escuelas en zonas altamente marginadas que demuestran que se puede mejorar la alimentación de niñas y niños con productos de la región y que de esta manera se apoya la economía de las comunidades, se protege la salud y se fortalece la cultura culinaria.

Debe ser terriblemente frustrante y doloroso para los dirigentes de los partidos tradicionales que están en la oposición, descubrir que, día con día, la mayoría del pueblo los ha abandonado. En tiempos de canallas, de chantajes y de traiciones, los partidos de oposición cumplen puntual y fatalmente su destino.

Son los herederos de una historia corrupta, de una revolución traicionada y fracasada, de una ideología extraviada entre las fragilidades de espíritus tibios y medianos, capaces de destruirlo todo, inspirados por sus enloquecidas fobias y sus amargas inquietudes, que no saben convencer a la gente, que abrevan en el fariseísmo de los malvados y que se humillan ante el poder del dinero, para ponerse al servicio del odio y la opresión.

Les resulta imposible entender que la mayoría del pueblo ha emprendido una frenética carrera hacia el porvenir y la esperanza, para restaurar entre las personas sencillas las relaciones generosas, gentiles, honradas, que destierren paso a paso, para siempre, las servidumbres, la explotación, las injusticias, la discriminación y el clasismo. 

La mayoría en nuestro país está integrada por millones de personas, que se consuelan con breves y efímeros momentos de felicidad durante sus azarosas vidas, que siguen adelante con la esperanza de probar, aunque sólo sea una vez más, las esquivas mieles del paraíso.

Todos los estudios demoscópicos publicados entre agosto y octubre establecen una tendencia muy clara que refleja el permanente desgaste de los partidos de oposición que integran el Frente Amplio por México, PRI, PAN y PRD. Una tendencia que difícilmente podría revertirse, porque incluye también el eclipse sistemático de su virtual candidata presidencial, la Senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz. Veamos registros muy puntuales al respecto.

El pasado 15 de agosto del 2023 la consultora De las Heras-Demotecnia publicó, entre otras conclusiones, que mientras el 52 por ciento de las mil 400 personas entrevistadas cara a cara, en todo el país, manifestaron que se identifica con el partido Morena; sólo 11 por ciento expresó simpatía por el PRI; nueve por ciento por el PAN y un pobre dos por ciento mostró inclinación por el PRD.

El 17 de agosto del 2023, en una encuesta realizada por la consultora Enkoll para las empresas de comunicación W Radio y el periódico El País, a mil 214 personas, cara a cara, en todo México, el 54 por ciento expresó que nunca votaría por el PRI en una elección presidencial; el 15 por ciento mostró rechazo por el PAN; 12 por ciento dijo que jamás votaría por Morena, en tanto que el siete por ciento señaló que jamás sufragaría por el PRD. 

En sentido contrario, en esa misma encuesta de Enkoll del 17 de agosto del 2023, el 53 por ciento expresó que sí se identificaba con Morena; 12 por ciento mostró empatía por el PAN; 12 por ciento se dijo proclive al PRI y sólo el uno por ciento expresó inclinación por el PRD.

El 13 de septiembre del 2023 la consultora Enkoll publicó su más reciente encuesta por encargo de W Radio y el periódico El País, con una muestra de mil 250 personas en toda la República, de las cuales el 55 por ciento dijo que jamás votaría por el PRI; 15 por ciento mostró rechazo por el PAN; 12 por ciento expresó que nunca votaría por Morena y siete por ciento rechazó al PRD. Por el contrario, 51 por ciento dijo que se identifica más con Morena; el 12 por ciento expresó afinidad por el PAN; nueve por ciento se dijo proclive al PRI y sólo uno por ciento expresó simpatía por el PRD.

Dos encuestas publicadas en la primera semana de octubre del 2023 tienen un mensaje demoledor para la alianza opositora de PRI-PAN-PRD, aglutinada en el Frente Amplio por México, con Xóchitl Gálvez Ruiz como su abanderada.

El pasado martes 3 de octubre del 2023 la consultora Covarrubias y Asociados publicó una encuesta realizada cara a cara, con una muestra de mil 500 personas en todo el país, en la cual concluye que el 58 por ciento votaría por la coalición Juntos Hacemos Historia, que integran Morena-PT-PVEM y que muy distante quedaría el Frente Amplio por México del que forman parte PAN-PRI-PRD, que sólo captaría la simpatía del 17 por ciento.

Un día después, el miércoles 4 de octubre del 2023, destacada en su primera plana, el periódico El Universal, de la Ciudad de México, publicó una encuesta de la consultora Buendía y Márquez, sobre una muestra de mil 200 entrevistas, cara a cara, en todo el país, en la cual concluye que el 42 por ciento expresó que nunca votaría por Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata del Frente Amplio por México, que integran PAN-PRI-PRD, en tanto que el rechazo para Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante de la coalición Morena-PT-PVEM sería sólo del 12 por ciento.

En la presentación de su encuesta Buendía y Márquez pondera: “Cuando se presenta a los encuestados un simulacro de boleta electoral con nombres de candidato(a)s (también denominado 'careo'), los porcentajes de intención de voto son los siguientes: Claudia Sheinbaum (Morena-PVEM-PT) 50%; Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD) 20%; Samuel García (Movimiento Ciudadano) 7%; y Eduardo Verástegui, quien busca ser candidato por la vía independiente, 4%. El 19% de los encuestados no manifestó preferencia por ningún candidato(a)”. 

“En términos de preferencia electoral -explica la consultora Buendía y Márquez-, usando una boleta genérica (sin nombres de candidato[a]s, solo con emblemas de los partidos), Morena obtiene poco más de la mitad de las simpatías de los encuestados (53%) y sus probables socios de coalición -PVEM y PT- 5 puntos adicionales. Los partidos del Frente Amplio por México, por su parte, suman 21% de las preferencias (PAN 11%; PRI 8%; PRD 2%). Finalmente, Movimiento Ciudadano obtiene 6%”. 

El derrumbe de los partidos de oposición es evidente y consistente, si consideramos que en los comicios de diputados federales del 6 de junio del 2021 el PAN sumó el 18.24 por ciento de los votos; el PRI obtuvo entonces el 17.73 por ciento de los sufragios y con las uñas el PRD mantuvo el registro con apenas el 3.64 por ciento de la votación. Enfrente, Morena registró el 34.09 por ciento, su aliado el Partido Verde Ecologista de México sumó 5.43 por ciento y el Partido del Trabajo, su otro socio electoral, el 3.24 por ciento.

La mayoría del pueblo ya abandonó a los partidos tradicionales de oposición, PAN, PRI y PRD. El repudio es creciente. El tránsito fatal de la oposición rumbo al 2024 será de inexorable agonía.

“¿Qué se odia de nosotras?”

Cecilia Suárez

Sin duda que octubre es un mes con muchas fechas emblemáticas y para mí más pues mi padre murió el día primero del mismo. Sin embargo, por el momento  mencionaré una variedad de fechas a tener en cuenta en este mes: para la Iglesia Católica, es del Rosario u ofrecer flores; para la salud, la prevención de cáncer de mama; para la niñez, el festejo de Día de Brujas; el glorioso 2 de Octubre que no se olvida, y podría seguir, más me detendré y platicaremos del 17 de octubre, día en que se promulga el derecho al voto a a mujer mexicana.

Así es, octubre es importante y emblemático para el país por este motivo. Fue ni más ni menos que un 17 de este mes hace ya setenta años que el Presidente Adolfo Ruiz Cortines otorgó el voto a las mujeres en el país, vía su Artículo 34 constitucional que a la letra dice:

“Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos…”.

Este derecho nos da, finalmente después la posibilidad de que hagamos valer nuestra voz, por la vía del voto, y nuestro sentir, aportar a la construcción de esta bella Patria. Por ello es tan significativo que por primera ocasión en la historia tengamos en el umbral a una mujer Presidenta de este país. 

Paso a hacer un recorrido de la historia y datos que le agregan más significados a este hecho.

Por hoy, representamos el 52 por ciento de los 127 millones de población con la que cuenta nuestro país y cuya edad media en el 2020 era de 29 años.  

Fueron Aurora Jimenez Palacios, de Baja California, y María Lavalle Urbina, de Campeche, las primeras mujeres en ser electas a puestos de elección popular. Una a la Cámara Baja y otra al Senado de la República, ambas abogadas. Por ello no es casualidad que al día de hoy tanto Campeche como Baja California cuenten con mujeres gobernadoras.  

Tenemos mucho que agradecer a toda esa lista visible e invisible de mujeres que nos han abierto camino para que 71 años después este país cuente con una mujer al frente de la responsabilidad máxima.

Sin embargo, la agenda de las mujeres va mucho mas allá del voto y por hoy se suma desde México, al grito mundial de exigir una justicia ante su mayor derecho: el derecho a vivir una vida libre de violencia. Así es, y para ello tomo las palabras de Cecilia Suárez, actriz mexicana, que expuso ante el mundo lo que les sucede a las mujeres en todo el planeta: 

“Abusos, violaciones….. y en 2017, 87 mil mujeres fueron privadas de su vida intencionalmente, y de esas, 50 mil por compañeros íntimos, sentimentales o familia”.

Increíble, inaceptable que la deshumanización esté en estos niveles y que se busque “asesinar nuestras palabras” como dice Cecilia.  

Que el mes de octubre sirva no sólo para recordar ese derecho de hace 70 años, sino para que la rabia y el dolor mundial por estas muertes sin razón, sirvan para que surjan acciones desde lo individual, pasando por lo colectivo y políticas públicas mundiales en favor de que nuestras palabras y vidas no sigan siendo asesinadas.

Hagamos valer nuestro voto en todos los sentidos.

Qué gran institución es el INEGI. Todas las semanas —sin excepción— el Instituto difunde alguna encuesta, indicador, índice o estadística que ayuda a comprender la complejidad nacional. Cada publicación es una evocación de lo enorme de México, de la inmensidad de sus retos.

La semana pasada tocó el turno al Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE), un ejercicio anual que permite mirar (y comparar) el estado que guardan las instituciones encargadas de la seguridad pública en cada estado de la Federación. Es un clavado a las condiciones de las policías estatales del país. Tres datos llamaron poderosamente mi atención.

El primero, que en la última década apenas ha crecido el número de personal adscrito a las policías estatales. Si en 2013 trabajan 214 mil personas en éstas, al cierre de 2021 la cifra apenas era superior a los 221 mil, tan sólo el 3% más. Considerado el crecimiento demográfico, podemos decir que los estados pretenden combatir la delincuencia con el mismo número de policías que hace una década. Un despropósito.

El segundo dato es un hallazgo que permite constatar que hay policías estatales francamente inexistentes. En Baja California la policía estatal tiene 950 funcionarios, incluyendo personal operativo y administrativo. Colima, estado que tiene el peor índice de homicidios por habitante en el país (113 por cada 100 mil habitantes), tiene menos de 700 policías estatales. Sinaloa, con su enorme problema de narcotráfico, no tiene un cuerpo estatal que supere las dos mil personas.

En contraste con las casi nulas capacidades de algunas fuerzas policiales, resalta la Ciudad de México con casi noventa mil personas en su Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eso la convierte en el cuerpo policial más grande de América Latina. Ni duda: no todo mexicano tiene la misma protección. Las estadísticas del INEGI también sirven para echarnos en cara las desigualdades estructurales. Las reflejadas por el último y el tercer punto son tremendas.

El CNSPE nos recuerda que, en promedio, en México hay menos de un policía preventivo (0.9) por cada mil habitantes. En algunos estados, el promedio no llega ni a 0.3 (Sonora, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Querétaro, Baja California y Coahuila). En contraste, la Ciudad de México tiene una tasa de 3.7. ¿Es mucho? ¿Es poco? Veamos: en 2017 el Consejo Nacional de Seguridad Pública fijó que el estado de fuerza mínimo aceptable debía ser de 1.8 policías estatales por cada mil habitantes. Hoy tenemos la mitad de esa métrica.

No se trata solo de un tema de cantidad, sino de calidad. En los últimos dos años ha caído en 34% el número de policías estatales que cuentan con Certificado Único Policial (CUP), el documento que acredita que los policías cuentan con conocimientos, perfil, habilidades y aptitudes para su puesto. En algunos estados como Guerrero, Tlaxcala, Zacatecas o Hidalgo, más del 40% de su fuerza no tiene CUP. Es decir, no están preparados para realizar su trabajo.

La responsabilidad es compartida, pero fácilmente identificable. Por un lado, está la de los estados que no invierten en sus policías y apuestan a que la Federación les resuelva sus problemas de seguridad. Viven en una lógica de incentivos perversos. Por otro lado, no deja de ser menos cierto que parte del rezago estatal es responsabilidad del gobierno federal que en el último lustro ha eliminado subsidios y programas que tenían el objetivo de apuntalar a las policías estatales. El correlato de la decisión de Palacio Nacional de apostar todas las canicas a la Guardia Nacional es el desmantelamiento de las policías estatales.

Duele decirlo, pero, en su conjunto, el Estado mexicano no tiene mejores capacidades y recursos en seguridad de las que tenía hace cinco años. La Guardia Nacional todavía no alcanza el nivel operativo que en su momento tuvo la Policía Federal y son pocas las policías estatales (por no hablar de las municipales) que muestran mejorías evidentes. Si a todo esto sumamos una Fiscalía General de la República (FGR) con un déficit de miles de agentes ministeriales (será tema de otra columna), lo que tenemos frente a nosotros es un panorama desgarrador.

No, no tenemos suficientes policías. Y ahí estará siempre el INEGI para recordárnoslo.