El lunes (17), la niña tuvo que esconderse para ingresar al hospital mientras el médico, Olimpio Moraes, atrajo a la puerta principal a fanáticos religiosos y políticos que se dividieron y bloquearon todas las entradas para impedir que la niña realizara el procedimiento.
Ciudad de México, 20 de agosto (OpenDemocracy).- En Brasil, una niña de 10 años tuvo que entrar al hospital en el maletero de un coche para protegerse de grupos religiosos. Después de sufrir violaciones durante años por parte de un tío suyo, la niña, embarazada, necesitaba que le practicasen un aborto legal.
En Colombia, nueve jóvenes, incluidos cinco menores, cayeron asesinados cuando un grupo de desconocidos disparó en su contra. Fue la segunda masacre juvenil en el país en menos de una semana, totalizando 18 víctimas.
En México, un agente del estado fue sorprendido con una niña de 10 años desnuda en su coche. Una serie de irregularidades legales en su caso ha desatado una ola de indignación en el país.
Éstas son apenas algunas noticias de los últimos días. América Latina está fallando a sus niños y niñas.
BRASIL: DOBLE VICTIMIZACIÓN
La niña de 10 años fue al médico la semana pasada debido a dolores abdominales. No sabía que estaba embarazada. Conocida la noticia de su embarazo, contó a las autoridades que sufría abuso desde los 6 años por parte de su tío, compañero de su tía biológica. Agregó que nunca denunció el crimen porque recibía amenazas.
El caso llegó a los titulares inmediatamente, pero este fue solo el comienzo del proceso de doble victimización que sufriría esa niña.
La interrupción del embarazo está permitida en la legislación brasileña en casos de riesgo para la vida, embarazo resultante de violación y cuando hay anencefalia fetal. El viernes (14), la Justicia del estado de Espírito Santo autorizó el procedimiento en el caso. Pese a ello, el Hospital Universitario Cassiano Antônio Moraes, vinculado a la Universidad Federal de Espírito Santo, denegó la solicitud para interrumpir el embarazo de la niña.
ABSURDO! O movimento que se diz pró vida, mas são pró estupro e pró pedofilia, tentaram invadir o hospital onde a menina de 10 anos q engravidou após ter sido estuprada pelo tio está internada. A justiça autorizou o interrompimento da gravidez, que é um direito! #GravidaAos10Mata pic.twitter.com/Lm3cY6g58c
— Instituto Marielle Franco (@inst_marielle) August 16, 2020
La niña tuvo que viajar a otro estado, Pernambuco -a más de mil 600 kilómetro de São Mateus, o 24 horas en coche- para acceder a un derecho legal.
Y los fallos del Estado y de la sociedad brasileños no se quedarían ahí. La militante bolsonarista Sara Giromini, también conocida como Sara Winter en Brasil, filtró el nombre de la víctima – cuya identidad está protegida por ley – y el nombre del hospital donde se iba a llevar a cabo el procedimiento en un video publicado en sus redes el domingo (16) para incentivar protestas.
El lunes (17), la niña tuvo que esconderse para ingresar al hospital mientras el médico, Olimpio Moraes, atrajo a la puerta principal a fanáticos religiosos y políticos que se dividieron y bloquearon todas las entradas para impedir que la niña realizara el procedimiento.
¿Qué tipo de trauma sufrirá la niña después de 1) ser violada por una persona de confianza durante cuatro años; 2) quedar embaraza; 3) tener que pasar por un aborto; 4) verse obligada a esconderse en el maletero de un coche mientras escuchaba gritos de “asesino” y “demonio” dirigidos a su médico?
COLOMBIA: EN UNA SEMANA, DOS MASACRES JUVENILES
La violencia que asoló a Colombia por más de medio siglo está de regreso, y ha explotado durante la pandemia.
El sábado (16) a la noche, un grupo de jóvenes universitarios que, según las primeras informaciones, estaban de regreso a su pueblo por la cuarentena del coronavirus, fueron asesinados durante un asado en una casa en las afueras de Samaniego, en el departamento de Nariño. Según testigos, un grupo de encapuchados llegó al local en una camioneta y disparó con fusiles automáticos de manera indiscriminada.
El crimen llama la atención porque ocurre solo días después de otra masacre en Cali, capital del Valle del Cauca. El martes (11), cinco adolescentes de 14 y 15 años fueron encontrados muertos a tiros en un cultivo de caña de azúcar en el barrio Llano Verde. Los cuerpos tenían marcas de tortura.
Estos escenarios de violencia, que habían disminuido después del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno y las FARC en el 2016, están regresando con toda su crudeza. En un escenario de creciente incumplimiento del acuerdo y una sensación de impunidad agravada por los confinamientos en medio a la pandemia de Covid-19, las matanzas vuelven a escandalizar.
“Hay rebrotes de violencia en los territorios. Los asesinos no están confinados, mientras el país se desgarra y crece la polarización. ¿Quién responde? El Estado tiene que salir del confinamiento y capturar a los asesinos, copando territorios y devolviéndole confianza a la gente”, dijo el procurador general Fernando Carrillo.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reportado 33 masacres en lo que va de 2020, con siete todavía por documentar.
“¿Dónde está el Gobierno nacional? ¿Contemplando impávido cómo se expande peor que el coronavirus la pandemia de la matanza de jóvenes humildes? ¿Dónde está un plan para ofrecerles educación, empleo y oportunidades? ¿Dónde está el presidente más joven que haya tenido Colombia?”, tuiteó Claudia López, alcaldesa de Bogotá.
MÉXICO: ABUSO SEXUAL INFANTIL Y EL MIEDO A LA IMPUNIDAD
El 26 de julio, Luis Alonso “N”, director de recursos humanos de la policía de Puerto Vallarta, estado de Jalisco, fue detenido después de ser sorprendido con una niña de 10 años desnuda, retenida en su vehículo.
Estos son casos de violencia y revictimización de niños y niñas por parte del Estado, lo que apunta a deficiencias proyectadas para proteger a los culpables
El juez Jorge Luis Solís Aranda del Centro de Justicia para las mujeres de Puerto Vallarta, tomó la decisión de procesar a Luis Alonso solo el delito de “abuso sexual infantil” sin la agravante de “corrupción de menores”, que había sido solicitado por el Ministerio Público.
La ausencia de la agravante significa que, además de una sentencia de cómo máximo cinco años, el acusado tiene el derecho a pedir la suspensión condicional del proceso, lo que le permitiría quedar libre con medidas cautelares como vigilancia, resguardo domiciliario, el compromiso de no acercarse a su víctima o recibir tratamiento psicológico.
El juez Solís Aranda tomó la decisión de imputar al agente estatal por “corrupción de menores” basado en el hecho de que la víctima “no sintió placer”.
“El juez desconoce lo que implica el principio del interés superior del menor, y desconoce lo que significa juzgar con perspectiva de género. No solo es una menor, es una niña, entonces el protocolo obliga que en esta situación de doble vulnerabilidad se debe utilizar tanto el protocolo que protege el interés superior del menor como el de perspectiva de género”, dijo en entrevista a Animal Político Sandra Quiñones, coordinadora de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
“Nos preocupa, porque entonces sabemos que el resto de los juicios que él tenga van a seguir con la misma tónica, revictimizando a las niñas o mujeres, negando el acceso a la justicia, dejando libres a agresores”, continuó.
Estos tres casos casi simultáneos evidencian una serie de fallas dentro del aparato gubernamental que no solo permitieron que los crímenes ocurrieran, sino que permitieron también que las víctimas sufrieran consecuencias desmedidas.
Estos son casos de violencia y revictimización de niños y niñas por parte del Estado, lo que apunta a deficiencias proyectadas para proteger a los culpables.
La violencia en América Latina es estructural. Por eso combatirla es urgente y no es tolerable que los estados no tomen cartas en el asunto de una vez. ¿Cómo mejorar las estadísticas insoportables en una región donde la violencia empieza a ser vivida antes de los 10 años de edad?
