Con urgencia, el mandatario saliente de Baja California, Jaime Bonilla, pretende adueñarse del Club Campestre de Tijuan. Analistas califican esta acción como una artimaña electorera y un distractor para no atender los graves problemas de inseguridad y economía que afectan a la entidad.
Por Julieta Aragón
Tijuana, 21 de abril (Zeta).- El 14 de abril de 2021, un grupo de funcionarios estatales acudió al Club Campestre a notificar el decreto de “utilidad pública” con el que formalmente el Gobierno de Jaime Bonilla Valdez inició el proceso de expropiación del icónico club social y deportivo, que antaño uniera a Tijuana y del que han emergido deportistas que han puesto en alto el nombre de la ciudad a nivel nacional y en el extranjero.
Según el relato de uno de los socios, el citatorio fue entregado en hojas escritas a mano, sin estar membretadas o tener un sello oficial del Gobierno de Baja California a Abel González Paniagua, gerente del Club Campestre, el cual, con 834 socios, se ubica sobre el número 11311 del Bulevar Agua Caliente, Fraccionamiento Agua Caliente.
Más tarde, el Consejo Directivo se reunió con su defensa legal y emitió un comunicado a sus socios, asegurando que existe “la certeza de que el Club Campestre es el propietario del inmueble que ocupa y siempre hemos cumplido con nuestras obligaciones legales, incluyendo servicios e impuestos determinados por la autoridad”.
En el documento al que Zeta tuvo acceso, se afirma también que “se seguirán ejerciendo todas las acciones legales a fin de hacer que prevalezca el Estado de Derecho”.
A casi un año (11 de mayo de 2020) de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la llamada Ley Bonilla, con la que el Gobernador de Baja California pretendía en “gran fraude a la Constitución” extender su periodo de dos a cinco años, no están claras las razones de fondo por las que Bonilla Valdez emprendió el ataque contra la propiedad privada en plena época electoral.
Versiones extraoficiales al interior del Gobierno, acusan que se está tratando de manipular en favor de la autoridad el Registro Público de la Propiedad (RPP), en el que está asentado el título de propiedad del Club Campestre de Tijuana a favor del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil.
Cabe señalar que modificar alguna partida del RPP es ilegal si no se hace mediante un procedimiento sustentado en un juicio civil para determinar que un título de propiedad no es válido, y del que la parte afectada tendría que ser notificada para defenderse.
El abogado Jorge de Hoyos Walther consideró que iniciar el proceso de expropiación podría tener un fin “meramente electoral”, al prometer la creación de un parque público que supuestamente dará servicio a 1.5 millones de habitantes, utilizando “un lenguaje de que ese terreno es público o se hubiera robado a la comunidad, pese a que siempre ha sido propiedad privada”.
Y advirtió:
“Es un terreno como la casa de cualquier persona, que siempre ha estado bajo un régimen de propiedad privada. Entonces no fue, ni es un terreno público”.
Según el abogado, las razones que el Gobierno argumenta como utilidad pública “no son reales, concretas”, y previó un nuevo fracaso judicial para Bonilla y el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
Otros ven en la acción gubernamental un distractor para desviar la atención en temas que afectan el día a día de los tijuanenses, como el encarecimiento de combustibles y canasta básica que la ubican como la segunda localidad con la mayor inflación en México, la deplorable condición de las calles y el abandono en el que se encuentran 206 parques en las nueve delegaciones de la ciudad, siendo los más emblemáticos el Teniente Guerrero -habitado por indigentes- y el de la Amistad.
Así como los recientes disturbios en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tijuana y la ola de violencia que aqueja a la localidad fronteriza, donde hasta el cierre de edición -15 de abril- se han registrado 562 homicidios, entre otros hechos inéditos como la amenaza en video que el Cártel Jalisco Nueva Generación hizo contra el propio Bonilla Valdez y al Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, acusando al titular del Ejecutivo estatal de “estar peleando como malandro” y a elementos de las corporaciones policiacas de recibir dinero de grupos criminales antagónicos.
Juan Manuel Hernández Niebla, quien concedió una entrevista a Zeta en calidad de ciudadano e integrante del Club Campestre, manifestó su preocupación por el ataque a la propiedad privada que está haciendo el Gobierno estatal con el proceso de expropiación.
Sobre la falta de áreas verdes, dijo que el Campestre es un área verde porque les cuesta a los asociados mantenerlo verde, en alrededor de 80 y 100 millones de pesos. Consideró que existen mejores opciones, “más baratas si lo que verdaderamente se quiere es dar un área de esparcimiento y un pulmón verde a los habitantes de Tijuana”.
Pero en materia de seguridad, “antes de pensar en áreas verdes como programas de prevención y fortalecimiento del tejido social, se le tendría que poner atención al problema de las adicciones, que crece día con día y donde prácticamente ni siquiera existe un diagnóstico por parte de las autoridades al respecto. Creo que son ideas sesgadas, sin una estrategia y sin una coordinación correcta”, agregó.
PROCESO DE EXPROPIACIÓN VIOLENTA LA LEY
Para el abogado Juan Marcos Gutiérrez, el inicio del proceso de expropiación contra el Club Campestre incumple la Ley y violenta las facultades del municipio. En ese sentido, lamentó que “el Gobierno municipal a estas alturas no haya salido a decir ‘no estoy pintado’”
En entrevista con Zeta, indicó que antes de haberse publicado la declaratoria de Utilidad Pública (13 de abril de 2021) debió hacerse emitido la Declaratoria de Uso y Destino de ese inmueble, acción que solo compete a la autoridad municipal.
“No existe, y por tanto no hay manera, y lo sabe el Gobierno del Estado, en que puedan declarar la Utilidad Pública. Son causa de utilidad pública los parques, las calles, las escuelas. ¿Es causa genérica para que la escuela la pongan encima de tu casa?, No. Oye, tienes una casa bien bonita, con un jardín bien padre, en la colonia no hay, se ocupan jardines. ¿Eso es causa de utilidad para que alguien diga ‘ahí’? No. Sin embargo, si a través del proceso de planeación urbana se determina que ahí debe ser, hay todo un procedimiento similar al de expropiación, pero que es previo, tiene su etapa terminal y concluye con algo que se llama Declaratoria de Uso y Destino; y eso es lo que puede darle nacimiento a una Declaratoria de Utilidad Pública para efectos urbanos”, ejemplificó Gutiérrez.
No tener la Declaratoria de Uso y Destino contraviene al Artículo 115 Constitucional y podría ser motivo de un amparo, señaló el exsenador y exencargado de despacho de la Secretaría de Gobernación.
La Ley de Expropiación de Baja California establece que debe haber notificación, un análisis de un expediente técnico, pruebas, alegatos y una resolución que deriva en un proyecto de acuerdo expropiatorio. Si bien, en un inicio se dan 15 días para que se presenten pruebas, lleva un tiempo desahogarlas y seguir con el proceso que en total lleva meses.
“El proyecto expropiatorio se publica y debe durar un tiempo, y posteriormente, se puede eventualmente producir un acuerdo expropiatorio. De modo que ahorita se está lejos de ese momento, si las cosas se llevan legalmente”, subrayó.
El 14 de abril, Amador Rodríguez Lozano, Secretario General de Gobierno, aseguró que convertir el Club Campestre de Tijuana en Parque Interactivo Campestre será a corto plazo y casi de forma “inmediata” En opinión de Gutiérrez, “hacerlo de forma fast track está condenando al fracaso al procedimiento y se confirmará que no es más que otra de las arbitrariedades de este Gobierno.
“Hay aquí un móvil preocupante de ejercicio de autoritarismo. Para nadie es sorpresa ni secreto las pugnas personales que tiene Bonilla con algún miembro del Campestre y el Estado de Derecho está verdaderamente sobajado por estas actitudes pendencieras y arbitrarias del Gobernador”, advirtió.
El 20 de marzo se dio a conocer la resolución del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California a favor del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil, en la que determinó la suspensión de cualquier orden del Gobierno del Estado que pretenda la privación, desposesión o toma de instalaciones con carácter confiscatorio del bien inmueble
Al respecto, Jorge de Hoyos Walther explicó que la resolución del Juez fue previa a que el Gobierno publicara la Declaratoria de Utilidad Pública en el Periódico Oficial. “A la luz de ese documento oficial, que ya es un acto de autoridad real y actual, todos los interesados, llámese el Club como tal o los miembros, tendrán derecho de promover nuevos amparos o ampliar los existentes”.
A nivel nacional, destacó el pronunciamiento de la Secretaria de Economía federal, Tatiana Clouthier, quien tuiteó: “En relación a la expropiación de un terreno de propiedad colectiva en Tijuana, rechazamos medidas de esta naturaleza, recordando que deudas tributarias no ameritan expropiación”, debido a los señalamientos mediáticos que semanas atrás hicieran Bonilla Valdez y Rodríguez Lozano respecto que el Club Campestre no pagaba impuestos y servicios como Predial y el agua, sin que dichas acusaciones quedaran asentadas en la Declaratoria de Utilidad Pública del 14 de abril.
Los abogados consultados por este Semanario confirmaron que la posición de Clouthier es acorde con la Ley.
DISCURSO OFICIAL CONFUSO PARA EVITAR INDEMNIZAR
La Declaratoria de Utilidad Pública emitida por el propio Gobierno señala que “es hecho notorio que el Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil, es el actual poseedor del terreno cuya utilidad pública nos ocupa”, para luego poner en duda la legalidad del título de propiedad, además de convocar a las sucesiones a bienes de Abelardo L. Rodríguez y de Alfonso García González.
“Es necesario aclarar que no existe nadie, de esos 834 socios que compraron membresías a una sociedad civil (Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, AC) con derechos de propiedad; los que aparentemente son verdaderos propietarios, son el general Abelardo L. Rodríguez y su sucesor, o herederos del último Gobernador (del territorio del Norte de Baja California), Alfonso García González”, señaló Rodríguez Lozano, quien en una de las entrevistas que concedió a dos televisoras, juzgó el juicio de prescripción de 1969 como “acción fraudulenta”.
El mensaje contradictorio pareciera tener como fin crear un conflicto entre la Asociación y otros, en aras de evitar pagar la indemnización que por Ley correspondería en caso de que procediera la expropiación, y que algunos especialistas han considerado podría ascender a 970 millones de pesos (equivalente al 52 por ciento del presupuesto de la Universidad Autónoma de Baja California en 2021).
Para el abogado De Hoyos Walther, el mensaje que están tratando de mandar es que el título que tiene la Asociación sobre el Club Campestre “estaría afectado de alguna manera y tendría un antecedente turbio; sin embargo, es importante recalcar que en cuestiones de derecho civil de propiedad, aun los terrenos que tuvieron alguna irregularidad en su origen ya son totalmente legítimos, porque el derecho civil prevé la manera en que se van purgando esos vicios con el paso del tiempo”.
LA HISTORIA JURÍDICA
El historiador José Gabriel Rivero Delgado -integrante de la Sociedad de Historia de Tijuana y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística- relató a Zeta los hechos históricos jurídicos sobre el Club Campestre, que a continuación se enlistan:
1926. Alejandro Argüello, uno de los hijos de la familia propietaria en el Siglo XIX de lo que había sido el Rancho de la Tía Juana, después conocido como Rancho Tijuana, vendió 243 hectáreas a Abelardo L. Rodríguez.
El Club Campestre de Tijuana surgió promovido por el General Abelardo L. Rodríguez, quien, con otro grupo de personas de la ciudad, entre ellos empresarios y comerciantes, formaron una asociación civil legalmente constituida y cuyo objetivo era la práctica del golf y otras actividades.
En la Capital mexicana se creó la compañía Inmuebles Californianos, SA (ICSA), constituida por funcionarios “de primer orden nacional” y abogados, con el objetivo de apropiarse de los terrenos de Tijuana.
1963-1967. ICSA se enfrenta contra la ciudad tratando de cobrarle los predios o a personas que tenían los títulos. Inmediatamente se conforma un comité Pro Patrimonio de Tijuana, constituido por personas de la localidad que fue apoyado por instituciones sindicales, culturales, sociales y políticas de todo tipo.
En agosto de 1963, cuando se presenta ICSA en Tijuana, 10 mil personas protestaron contra las pretensiones de la empresa que quería apoderarse de los terrenos, según los periódicos de la época.
En un evento público, Abelardo L. Rodríguez anunció que donaba al Club Campestre los terrenos, siempre y cuando se respetara el objetivo para el que fue creado. Empero, “él nunca lo hizo” y se los entregó a los socios en una especie de comodato.
Tras el deceso del General Abelardo L. Rodríguez, su viuda – Aída Sullivan- cede a las amenazas de ICSA y vende los derechos que tenía del Club Campestre de Tijuana a la empresa.
1967-1971. ICSA mantiene una lucha jurídica con el Club Campestre por los terrenos, que va a los tribunales de Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Guadalajara, y la ahora Ciudad de México.
1970. En noviembre, el gobernador del Estado de Baja California, Raúl Sánchez Díaz, hizo un decreto expropiatorio por utilidad pública, con el objetivo de impedir que las instalaciones del Campestre se entregaran a ICSA; sin embargo, no tuvo ningún efecto.
Un Juez federal entrega físicamente las instalaciones de Club Campestre a ICSA. Los socios tienen que salir, sin embargo, tras varios días regresan y se apropian de las instalaciones. En ese contexto, un grupo de estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad invaden el campo de golf del Campestre en demanda de que en ese terreno se construyan las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California. Sánchez Díaz logró que se donaran 20 hectáreas para edificar el campus universitario, asentado en Otay. “Entonces su razón de ser ya no estaba justificada” e inician clases en septiembre, en el primer edificio que se construyó, la Facultad de Medicina.
Al salir los jóvenes, los socios se quedan con él, aunque persiste la pugna jurídica entre Club Campestre e ICSA.
El Gobernador Milton Castellanos Everardo logra sentar en la mesa de negociación a las partes, quienes lograron un acuerdo para que se paguen 42 millones de pesos.
El 15 de agosto, en una ceremonia pública atestiguada por el Presidente Luis Echeverría Álvarez, se entregan los cheques que avalaron el pago de 30 millones de pesos a los socios de ICSA, 6 millones de pesos a los descendientes de Abelardo L. Rodríguez y 6 millones de pesos a los de Alfonso García González, quien había sido copropietario de alguna parte del predio con Rodríguez.
“¿De dónde se sacaron los 42 millones de pesos? Alguien del Club Campestre sugirió que se recortara un fragmento del predio del Campestre que no afectara el desarrollo de la actividad deportiva (lo que hoy forman la ‘L’ del Bulevar Agua Caliente y Avenida Sonora)” y se vendieron 48 predios, los cuales fueron adquiridos por los socios del Campestre, dado que “apremiaba entregar el dinero a ICSA”, asentó el autor de la tesis “La concertación de 1972 en el problema generado por Inmuebles Californianos, S.A. en Tijuana: sus antecedentes desde 1829”.
Sobre la importancia social del Club Campestre, el especialista concluyó: “Es una institución que forma parte del imaginario de la ciudad, especialmente de las familias más antiguas”, de donde han salido deportistas tijuanenses reconocidos a nivel nacional e internacional.
