La desaparición masiva de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, significó uno de los golpes de conciencia más crudos y traumáticos que ha tenido la sociedad mexicana. La mayoría de la población tomó conciencia de que vivimos en un país donde cualquiera puede desaparecer de un momento a otro y que este delito criminal y terribles muchas veces es cometido por las propias fuerzas del Estado.

El enorme impacto social que causó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, provocó una oleada de movilizaciones que además de arropar a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, presionó social y políticamente al Gobierno para dar con el paradero de los jóvenes normalistas.

Fue debido a este presión que el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto aceptó la participación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participó en la investigación del Caso Ayotzinapa. El GIEI presentó un primer informe en septiembre de 2015, el segundo informe fue difundido en abril de 2016.

Pasaron seis años más y el pasado 28 de marzo, el GIEI presentó un tercer informe que tiene hallazgos muy relevante y a la vez muy preocupantes. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó varios de ellos. Aquí resumo los principales:

1.-Video tomado por un dron de la Secretaría de Marina que registra actividad irregular en el basurero de Cocula, seis horas antes del aseguramiento del sitio y donde se aprecio a marinos iniciando un incendio intencionado en el lugar. Como se recuerda, el basurero de Cocula fue escenario central de la llamada “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República que encabezó Jesús Murillo Karam: los normalistas fueron detenidos por policías municipales de Iguala, entregados a grupos del crimen organizado (Guerreros Unidos) quienes los asesinaron e incineraron en dicho basurero. Las nuevas evidencias encontradas por el GIEI terminan por sepultar la mal llamada “verdad histórica”.

2.-El Ejército visitó el basurero de Cocula el 12 de octubre de 2014 y no reportó ninguna información que indicara que se había cometido un crimen en el lugar.

3.-El Estado mantenía un monitoreo permanente sobre las actividades de los normalistas. Los integrantes del GIEI tuvieron acceso a más de 50 informes de seguimiento de parte de inteligencia militar. Este aspecto es de la mayor relevancia, pues se confirma que diversas entidades del Estado mexicano tuvieron conocimiento de lo que ocurría en Iguala en la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014, por lo que pudieran haber impedido la desaparición masiva de los normalistas. Así lo señalan los integrantes del GIEI: “Todas las corporaciones, Ejército, CISEN y Policía Federal y Estatal, hacían seguimiento y reporte en tiempo real de todas las actividades de los normalistas de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y otras, o de sus actividades, desde años atrás a los hechos del 2014”.

4.- La Sedena tenía infiltrados en la normal de Ayotzinapa llamados “fachada”; la Sedena matriculaba soldados a la escuela, quienes reportaban las principales actividades que se llevaban a cabo en la normal. De hecho, uno de los 43 normalistas desaparecidos, es uno de estos militares infiltrados por el Ejército, según encontró el GIEI.

5.- El Gobierno federal sabía que desde Iguala se enviaba droga a Estados Unidos en autobuses de pasajeros y se ocultó esta información tan importante para el contexto de la investigación.

6.- La tortura contra los detenidos por el caso se empleo de manera generalizada en la investigación. Existen más de 60 videos de interrogatorios con tratos que el GIEI califica de tortura.

7.- El GIEI confirmó la práctica del espionaje por militares a actores que intervinieron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dando cuenta del uso de herramientas ilegales de espionaje y que no han sido entregadas a la Fiscalía ni al GIEI, por lo que incumplen el decreto presidencial de diciembre de 2018 que ordenaba la entrega de toda la información disponible para esclarecer el caso.

8.- Las redes macrocriminales siguen actuando. Han sido asesinadas al menos 20 personas que podrían aportar información sobre el caso.

Como se puede apreciar, los hallazgos encontrados por los integrantes del GIEI tienen enorme relevancia porque confirman que la “verdad histórica” fue un invento montada en declaraciones obtenidas bajo tortura y mediante la manipulación o siembra de evidencias. Y la construcción de esa supuesta “verdad histórica” contó con la participación de distintas agencias estatales.

“Hasta el momento las investigaciones dan cuenta de que una serie de autoridades participaron en la construcción de la llamada ‘Verdad Histórica’. Desde la policía estatal que custodió el lugar desde el 4 de octubre; los integrantes del 27 Batallón de Infantería, que se constituyeron en Cocula el 12 de octubre indagando sobre el basurero y sobrenombres de los luego detenidos; la Secretaría de Marina que estuvo en el Basurero de Cocula, sin presencia de ninguna autoridad ministerial el 27 de octubre de 2014; la Secretaría de Marina y la Secretaria de Defensa y la Policía Federal que participaron en diversas detenciones de personas que sufrieron torturas y que se ‘autoinculparon’ sobre la versión incluida en la llamada ‘Verdad histórica’, hasta la Procuraduría General de la República a través de la Agencia de Investigación Criminal y de la SEIDO responsables de la investigación y custodia de los detenidos”, indica el GIEI.

Pero esto implica que se recibieron órdenes de altos mandos del Estado, reportan los integrantes del GIEI: “La coordinación de todas estas instituciones no podía ocurrir sin la dirección de una autoridad superior que se tiene que investigar si se quiere tener claridad de cómo y por qué se llevó a cabo toda esta operación, como parte de la verdad que puede ayudar a tener claridad sobre los hechos, las circunstancias de la desaparición y el paradero de los normalistas desaparecidos”.

Por lo tanto, el informe del GIEI confirma la responsabilidad del Estado en la desaparición masiva de los 43 normalistas. En todo momento hubo agentes del Estado en las horas que duró este operativo. Es altamente preocupante que aún bajo la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los mandos militares han incumplido la orden de entregar toda la información sobre el caso Ayotzinapa a la fiscalía especial que indaga el caso y a los mismos integrantes del GIEI. Esto sería un grave indicio de que los militares se asumen como un poder que puede desacatar al poder civil.

Si bien el informe del GIEI es un avance en la investigación, también es preocupante porque demuestra la responsabilidad de las fuerzas armadas en este operativo y el enorme poder que siguen teniendo en la presente Administración federal.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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