El caso Ayotzinapa tomó nuevamente vuelo tras el informe final de la llamada Comisión de la Verdad que derivó en la captura del exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado de tortura y delitos contra la administración de la justicia que lo sumieron en prisión formal sin derecho, por ahora, a llevar su juicio en prisión domiciliaria.

Hay, además, una veintena de personajes –exfuncionarios, militares, entre otros –que, de acuerdo con la teoría de la Fiscalía General de la República (FGR), participaron en una suerte de “complot” para armar la llamada verdad histórica que, por cierto, no ha sido derrumbada por las nuevas investigaciones efectuadas por la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero.

En pocas palabras, la verdad histórica, construida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, sigue intacta.

Sin embargo, la Fiscalía ya juzgó que hubo falsedad en la “verdad histórica”, torturas de testigos (lo que es cierto) para ocultar la verdad, pero la Fiscalía no aclara a qué verdad se refiere, pues a ocho años de la noche trágica de Iguala nada se sabe respecto de las causas por las que fueron secuestrados y asesinados los estudiantes ni quienes directamente participaron en ese exterminio.

Es decir, el caso sigue sin aclararse en su parte medular: el móvil de ese múltiple homicidio y los responsables. ¿Fue el crimen organizado? ¿Fueron los militares y policías ligados al cártel de Guerreros Unidos u otros que operan en Guerrero? ¿Fue un crimen de Estado?

Si fue un crimen de Estado, como parecen sugerir los hechos, lo que no se entiende es por qué el informe de la Secretaría de Gobernación elaborado por la Comisión de la verdad (para abreviar le llamamos así porque el nombre es muy largo) sostiene que debe excluirse de responsabilidad al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos.

Si en el exterminio de estudiantes normalistas participaron militares, en confabulación con criminales, es de considerarse que los militares no actuaron por su cuenta; en el Ejército Mexicano hay una cadena de mando que parte del Secretario de la Defensa Nacional y éste, a su vez, obedece órdenes del presidente de la República por ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

El hecho sugiere que tanto Peña Nieto como Cienfuegos debieron estar debidamente informados del caso paso a paso en tiempo real, dado la magnitud del hecho; y en el peor de los casos cabe inferir que, si en realidad se trató de un crimen de Estado, fue Peña Nieto –a través de Cienfuegos — quien ordenó la desaparición y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa.

Peor aún resulta el hecho de que Gobernación y la FGR evadan ejercer acción penal contra el expresidente y el exsecretario de la Defensa en forma a priori, es decir, sin que medie una investigación seria que determine si tuvieron o no responsabilidad en la desaparición de los normalistas. De un plumazo se determinó que ellos nada tienen que ver. ¿Esa fue la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Es acaso esta decisión parte del llamado pacto de impunidad que, se afirma, existe entre López Obrador y Peña Nieto?

Por ahora el único detenido es Jesús Murillo Karam, exgobernador de Hidalgo, exdiputado federal, exsubsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Ernesto Zedillo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus recientes conferencias mañaneras, sugirió al exprocurador que se acoja al programa de oportunidad –el de testigo protegido –para que suelte la sopa respecto de quien le pidió construir la verdad histórica.

En su comparecencia ante el juez de la causa, Murillo Karam negó haberse prestado a esa patraña; aceptó que pudo haberse equivocado, pero defendió su trabajo como procurador durante la investigación del caso y la verdad histórica porque, dijo, no ha sido derrumbada. En otros momentos, Murillo Karam dijo desde la prisión que el caso ya dio un giro político a conveniencia del gobierno. Y, si, así parece.

Y en ese sentido Murillo Karam tiene razón: La FGR planteó meses atrás que, con nuevas evidencias, iban a derrumbar la verdad o versión histórica, pero resulta que emprendieron la cacería de funcionarios y militares sin que el caso esté resuelto en lo esencial: por qué mataron a los estudiantes y quiénes fueron los responsables. Sin que esta parte medular esté resuelta es muy difícil sostener las acusaciones en contra de los exservidores públicos que, según la teoría del fiscal Gertz Manero, planearon armar una mentira para presentarla como verdad. El asunto está plagado de rutas, rendijas y oquedades legales por donde pueden escurrirse los acusados.

El caso, por desgracia, ya tiene evidentes tintes políticos y electorales, por desgracia. La ruta político-“legal” que ha tomado no parece llevar este asunto hacia el esclarecimiento sino a l terreno de la confusión. Voces dentro y fuera del país sostienen que el de Ayotzinapa es un “crimen de Estado” y, como la historia lo demuestra con otros asuntos relevantes, los crímenes de Estado nunca se resuelven. Para muestra ahí están los asesinados de Jhon F. Kennedy y Luis Donaldo Colosio.

Así, con un caso que más bien ya se volvió un margallate, la FGR busca hacer “justicia” enjuiciando a los inventores de lo que llaman la verdad histórica en vez de aclarar los hechos trágicos de la noche de iguala. Siguen sin respuesta dos preguntas: Quién o quienes los mataron y por qué. Y sigue latente el doloroso lamento de los padres de los estudiantes, quienes exigen saber qué pasó con sus hijos y dónde están.

APUNTES DEL SUBSUELO

EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, y buena parte de la región petrolera de esa entidad priva una crisis económica y de seguridad pública desde hace más de veinte años. Al desmantelamiento de algunas áreas de Petróleos Mexicanos, como la petroquímica, se sumó el cierre de empresas y una evolución sin precedentes del crimen organizado: primero llegaron Los Zetas, que tomaron la región y particularmente el municipio de Coatzacoalcos como bastión; luego arribaron los miembros del cártel de Jalisco que, con la complicidad policiaca, impusieron su ley: narcomenudeo, secuestros, cobro de piso (incluso a empresarios en lo particular), venta de protección, extorsiones, tráfico humano, por citar sólo algunas de las actividades más perniciosas.

La situación se agravó aún más en los últimos diez años. El municipio de Coatzacoalcos llegó a estar entre las demarcaciones más violentas del país, casi comparado con el municipio mexiquense de Ecatepec, el más peligroso de México.

Pese a este complejo escenario criminal y económico ninguna autoridad se ocupó de atender las urgencias de ese municipio ni de la región. Los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes se desentendieron del asunto; Cuitláhuac García Jiménez brilla por su ausencia, características de un gobierno gris y no menos mediocre. Nadie ha atendido la desgracia de Coatzacoalcos, una zona que llegó a ser considerada la más politizada del país y una de las más ricas por sus recursos naturales. La Federación también abandonó la región, pues las políticas de seguridad pública, sin excepción, han resultado fallidas.

Quien visite la ciudad de Coatzacoalcos se percatará que, a diferencia de otros tiempos, parece una ciudad fantasma. Habitantes del municipio resumen así la situación de crisis: “Aquí parece que acaba de pasar una guerra”.

Y, en efecto, así se ve: calles destruidas y sin alumbrado; casas y edificios en ruinas que parecen abandonadas en el tiempo; avenidas plagadas de basura, trozos de la ciudad se observan insalubres y existen múltiples colonias donde incluso falta el agua. A esto se suma la inseguridad pública, la cual sigue teniendo índices preocupantes, a grado tal, que tan pronto cae la noche las calles empiezan a vaciarse debido al miedo a ser asaltados o secuestrado. La vida nocturna del antiguo Puerto México está apagada. De eso sólo hay recuerdos, historias que se cuentan con añoranza en bares y cafés.

Todo esto es completamente real. Lo que resulta injusto es que de esta situación se responsabilice al actual presidente municipal, Amado Cruz Malpica, quien asumió el cargo hace poco más de siete meses. El abogado laborista y exdiputado federal recibió una herencia que viene de por lo menos cinco periodos gubernamentales atrás, donde la mayoría de los alcaldes incumplieron con su tarea de gobierno: se robaron el presupuesto, hicieron negocios al amparo del poder mediante contratos de obra amañados y otros vicios que dañaron las finanzas del municipio, uno de los más importantes del estado.

Amado Cruz Malpica asumió el compromiso de revertir el rezago de la ciudad durante su gobierno, pero es claro que esta tarea, nada fácil, no se logrará en unos cuantos meses. Existe el empeño y el compromiso de resolver temas elementales como la seguridad (que en estricto sentido depende de la Federación), los servicios básicos e imprimir un dinamismo económico con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para ello, el gobierno federal impulsa varios proyectos importantes, como el Canal Inter-Oceánico, entre otros, que muy pronto van a detonar la economía, según parece. Es cierto que urgen inversiones, pero también urge resolver de fondo el tema de la inseguridad en el municipio. De todo esto está consciente Cruz Malpica, quien sólo necesita tiempo para dar los pasos en la dirección correcta. Se afirma que el alcalde tiene todo en sus manos para ser el mejor del estado. Pero, como es claro, todo dependerá de sus alcances, de los apoyos y de las circunstancias. De él depende cómo quiere pasar a la historia.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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