Sugeyry Romina Gándara
Profesores de asignatura entrevistados por SinEmbargo indicaron que el personal docente de la Universidad que ha alzado la voz, ha exigido transparencia en la asignación de materias o se ha quejado de arbitrariedades en procesos o concursos, se enfrentan a una serie de tratos diferenciados.
Margarita López González busca a su hijo José Ángel Sánchez López desde marzo de 2018. Ha recorrido miles de calles, centros penitenciarios y servicios forenses; ha rasgado la tierra en campos y cerros. Se dice agotada, pero sentencia que no parará hasta encontrarlo «así rasguñe toda la tierra del país».
Un kilo y medio de cenizas son extraídos diariamente del campo de exterminio La Bartolina, cuenta Delia Quiroga, líder del colectivo 10 de marzo, que desde el 12 de agosto pasado ingresa al crematorio clandestino, cuando se reactivaron las actividades de búsqueda después de que familias de personas desaparecidas tuvieron que “pedir permiso” al crimen organizado para poder acceder al lugar.
El 99 por ciento de los asesinatos de defensores humanos cometidos durante el actual sexenio así como el 89 por ciento de los homicidios a periodistas se encuentran en impunidad, de acuerdo con las cifras reportadas por el propio Gobierno federal.
La plantilla docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no sólo enfrenta una marcada desigualdad salarial, sino que también tiene que lidiar con una serie de trabas y vicios que obstaculizan que los profesores de asignatura, el 70 por ciento de quienes imparten clases en esta institución, puedan acceder una plaza o subir en el escalafón que tiene copado la élite de la máxima casa de estudios del país, denunciaron catedráticos.
Son más del 70 por ciento de personal de cátedra de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Son quienes sostienen la mayor carga docente de la Máxima Casa de Estudios. Son los llamados “la base del precariato”: Los profesores de asignatura.
Se cumplen siete años de búsqueda de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero. Dos mil 556 días en que las madres y los padres de los 43 caminan con el corazón roto, la incansable exigencia de la presentación con vida y las mismas interrogantes: ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? No obstante, al paso de los años se añade otra duda y a la vez reclamo: ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más podemos nosotros soportar?”.
Lluvia Karina Martínez Anduaga, de 42 años, cumplió un año de ser desaparecida en Tijuana, Baja California. Un año en que la familia, lejos de obtener ayuda por parte de las autoridades, ha padecido la revictimización, la omisión y negligencia.
Lo ocurrido en el municipio Salamanca forma parte de una estrategia del crimen organizado para enfrentar al Estado y como una expresión pedagógica de la violencia que pueden ejercer sobre las personas.
José Leonardo Araujo Araque, víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote, solo exige a la Iglesia que deje de proteger al párroco Juan Huerta Ibarra, que castigue los abusos y evite que la pederastia clerical se mantenga como una practica impune.
El Gobierno mexicano otorgará el día de mañana la libertad al menos a 681 internos sin sentencia, torturados, adultos mayores y enfermos graves.
El siguiente paso para la lucha feminista por los derechos sexuales y reproductivos será buscar la despenalización del aborto en el país y que los servicios de salud brinden la atención adecuada y sin estereotipos de género a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.
El caso más reciente de criminalización a mujeres por abortos involuntarios, comentó la activista, es el de tres adolescentes en Yucatán que en este año están bajo un proceso por homicidio por tener un aborto espontáneo
En México se han registrado al menos 4 mil 39 denuncias por el “delito de aborto” a nivel nacional desde el año 2015 a julio de 2021, de acuerdo con cifras oficiales.
Las denuncias de trata de personas menores de edad crecieron un 46.45 por ciento de enero a julio de 2021; el rapto un 24.56 por ciento y la corrupción de menores un 22.5 por ciento.
Tan sólo en lo que va del año se han registrado seis ataques de ácido en México —dos en Coahuila, uno de Puebla, uno en Michoacán, uno en Estado de México y otro en Veracruz—, un 50 por ciento más que los registrados en todo el 2020.