Sugeyry Romina Gándara

Hoy, el padre de Itzeel informó que la universitaria ya fue localizada sana y salva.

Itzeel Ariadne Pichardo Galindo, de 19 años, estudiante de Medicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Autónoma de México (UNAM), desapareció desde el pasado 21 de octubre, cuando salió de la universidad y ya no regresó a casa. Familiares de la chica emprendieron una intensa búsqueda y solicitaron apoyo a la ciudadanía.

“Una medalla no vale la vida de un ser humano, y no es la justicia para ese ser humano. De parte nuestra no se cerrará un ciclo hasta encontrar la justicia. Lo que dice mi madre y nosotros avalamos, es que no hay nada a cambio. Para resarcir el daño, ¿Con que se puede resarcir? nada más que con la justicia, y esa demanda la mantenemos firme”, señala Rosario Piedra Ibarra.

Han pasado ya nueve años del rapto de Lisset Soto Salinas, en La Paz, Baja California Sur.

“Todos los días sale , aparece rotunda, frente a la opinión pública, una historia de corrupción y que bueno porque nos da la razón histórica y nos indica cuál es el camino”, opinó en entrevista el legislador federal por la renuncia de Romero Deschamps en el STPRM.

La ola de sangre en aquel estado, considerado para algunos como "la puerta del pacífico", creció durante los primeros ocho meses del año un 17. 43 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2018.

El agravio a la dignidad de la persona fallecida, al incurrir en un mal manejo del cadáver y filtrar las fotografías del mismo a medios de nota roja, es una de las formas más recurrentes en que también se revictimiza a las personas asesinadas y a sus familiares. Diana Elizabeth Villafañez Santín es uno de los casos en que se incurrió en este tipo de prácticas violatorias a los derechos humanos, denunció su familia.

Daniela Mabel Sánchez Curiel, de 20 años de edad, desapareció un 11 de marzo de 2015 en Tlalnepantla, Estado de México. Desde entonces, Laura Curiel Armenta, su madre, no ha parado de buscarla en todo el país.

Rosario de la Piedra narró que su familia siempre estuvo comprometida con la causa social, incluso antes de 1968.

No es la primera vez la ex senadora es señalada por actos o expresiones contra grupos en condición de vulnerabilidad. Cuando fue senadora, en 2009, se refirió a niños con discapacidad para criticar un presupuesto federal. “La aprobación del Paquete Fiscal [....]. No fue lo mejor. Es como un niño que nos nació con discapacidad y bastante feíto” escribió en su página, lo cual, después fue retirado y ella ofreció una disculpa.

El rapto y posterior asesinato de la joven Daniela Ramírez Ortiz será investigado como “secuestro agravado”, pues la carpeta de investigación fue turnada a la Fiscalía Central para la Atención de Delito de Secuestro (FAS) de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el pasado viernes, informó Héctor Alberto Pérez Rivera, abogado de la familia de la víctima.

De 4 mil 425 expedientes de denuncias de hechos por personas no localizadas (hombres y mujeres) en el Estado de México, sólo un caso había sido caracterizado o catalogado como desaparición cometida por particulares, según datos que dio la Fiscalía General de Justicia a organizaciones civiles en febrero pasado. Posteriormente, en junio pasado, se modificó la cifra y la FGE indicó que hasta la fecha llevaban al menos once casos judicializados por desaparición.

Estudiantes de escuelas normales, universidades, activistas se sumaron a la movilización que aglomeró a miles. A este movimiento se suman nuevas demandas: justicia para el caso Ayotzinapa; alto a la ola de desaparecidos y a la violencia.

Activistas y organizaciones de la sociedad civil celebraron la aprobación para la regulación de etiquetados frontales, pero advirtieron que la industria de la chatarra no se quedará de manos cruzadas y emprenderá una intensa y multimillonaria campaña contra la medida.

Un estudio publicado por el ITESO y la consultora Creatura, Critical Thinking Advocates, arrojó que existe una clara correlación estadística entre la impunidad, la desaparición de personas y el desplazamiento forzado en México.

Dependencias de seguridad y procuración de justicia capitalinas violaron derechos humanos de las víctimas, al incurrir en la falta de investigación y filtración de información en al menos 20 casos de feminicidio en la CdMx.