Sugeyry Romina Gándara
Las jornadas de violencia que se vivieron esta semana en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua, sí podrían considerar como “episodios terroristas” porque muestran cómo las organizaciones delictivas emplean la violencia para tener un control territorial, explicaron expertos en seguridad.
Oscar Cruz Tabares, un ciudadano de la colonia Santa Cruz de Atoyac, denunció que funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez lo han hostigado, acosado, e incluso han tratado de extorsionarlo con el pago de 150 mil pesos a cambio de no demoler su casa remodelada durante la pandemia.
Vecinos de la Alcaldía Benito Juárez exigieron a las autoridades que se investigue a fondo la red de corrupción inmobiliaria que ha operado en esa demarcación desde hace años en la que estarían involucrados varios miembros activos del Partido Acción Nacional que ha gobernado esa alcaldía por más de 20 años.
El Gobernador Alfredo del Mazo Maza prometió convertir al Estado de México como el más seguro del país, pero a menos de un año para las elecciones para renovar la gubernatura, esa entidad está lejos de ser la más pacifica, pues ocupa el primer lugar en feminicidios, asaltos en transporte público y en desaparición y trata de mujeres.
Cristina Auerbach, directora de la Organización Pasta de Conchos, explicó en entrevista con Los Periodistas que en Coahuila ha habido un modelo, implementado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ha permitido que los dueños de las minas no asuman las consecuencias por los siniestros en donde han perdido la vida cientos de mineros.
Los legisladores, principalmente de Morena y el PT, destacaron todos los recientes feminicidios de Luz Raquel Padilla y Margarita Ceceña elevaron la indignación por que las víctimas se enfrentaron a la inacción de las autoridades.
Los ataques específicamente con ácido crecieron el año pasado al menos un 125 por ciento, ya que, de cuatro casos que documentó la Fundación Carmen Sánchez en el año 2020, para el 2021 se registraron nueve agresiones de este tipo.
Integrantes del Colectivo Yo Cuido no solo exigieron castigo para los responsables asesinato de Luz Raquel Padilla y sanción para quienes fueron omisos en las denuncias, sino que el Estado garantice protección, cuidado y una vida para Bruno y su abuela, hijo y madre de Luz.
A Debahni y a Luz Raquel les falló el Estado: a una no la buscaron y a la otra no la protegieron, coincidieron especialistas y activistas. Hoy, ambas mujeres están muertas.
Luz Raquel Padilla Gutiérrez, de 35 años de edad, madre de Bruno, un niño con Trastorno del Espectro Autista —lo que la llevó al activismo en el tema— falleció el pasado martes después de permanecer tres días internada en el Hospital Civil de Guadalajara, tras haber sido violentada y quemada viva en un parque en la colonia Arcos, al poniente del Área Metropolitana de Guadalajara.
Otra “crónica de un asesinato anunciado” estremece al país. Un caso más en el que una mujer alerta en sus redes sociales de las amenazas que sufre y clama por ayuda, pero sin ser atendida debidamente por las autoridades, llega nuevamente a las peores consecuencias: el feminicidio. Se trata de Luz Raquel Padilla, cuyo feminicidio ha conmocionado a gran parte del país.
Para expertas en materia de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos podrían pasar años para que Rafael Caro Quintero sea extraditado debido a los procesos judiciales y los amparos que pueda interponer la defensa del capo.
Lo sucedido en Topilejo da cuenta del tamaño de la presencia de células criminales ligadas al cártel de Sinaloa en la Ciudad de México y según analistas prende alertas de una posible confrontación con los grupos aliados al Cártel Jalisco Nueva Generación, con quien ya se disputa otros territorios del país e incluso contra la Unión de Tepito.
Hijas de víctimas directas de la Guerra Sucia lamentaron que el expresidente Luis Echeverría falleció en la impunidad, pero principalmente porque murió sin revelar información que podría llevar al esclarecimiento de los crímenes y encontrar a los desaparecidos políticos de ese entonces.
Isela González de la Organización Alianza Sierra Madre y Diana Villalobos de la organización CONTEC, quienes dan acompañamiento a comunidades rarámuris que luchan contra la tala clandestina, el despojo e inseguridad, compartieron que la fuerte presencia del crimen organizado y la violencia que generan no son nuevas, pero ahora la situación se ha exacerbado porque las estructuras criminales han extendido su dominio y han aumentado su presencia, manteniendo a comunidades aterrorizadas.
Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Oaxaca, Jalisco, Querétaro, Puebla, Sonora, y Tabasco han modificado sus códigos penales para sancionar las filtraciones de fotografías e información de víctimas de feminicidios.