Sugeyry Romina Gándara
Una nueva modalidad, cruel y despiadada con las mujeres, se concentra en jóvenes embarazadas a las que criminales matan para robarles a sus bebés. Ese modus operandi ya prendió las alertas entre defensores de derechos humanos que piden a los aparatos de justicia y a los gobiernos federal y estatales tomar acciones inmediatas.
El Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre y el Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, los funcionarios de seguridad pública más longevos en México, han dejado una estela de destrucción y muerte en Guanajuato, estado que ahora es el más violento del país, denunciaron especialistas en seguridad y crimen organizado consultados por SinEmbargo.
En los 18 meses de mandato del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 52 mil 131 personas fueron víctimas de homicidio doloso en todo el país; 3 mil 623 de secuestro y 16 mil 365 de extorsión. Además, se registraron 5 mil 770 asesinatos de mujeres, de los cuales, solo 1 mil 456 son investigados como feminicidios.
Gina está convencida que, aunque tiene sobrepeso e hipertensión, el llevar una vida saludable (comer bien, no fumar, no beber en exceso y cuidarse) fue un factor que influyó para que su cuadro de coronavirus no empeorara.
El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) sigue en riesgo y los jóvenes migrantes que protege, incluidos los mexicanos, podrían ser deportados si Donald Trump gana las próximas elecciones presidenciales de noviembre, de acuerdo con Jasmin Singh, doctora en Jurisprudencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington en Seattle, Washington.
La capacidad operativa y de armamento que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ciudad de México quedó evidenciada en el ataque inédito que perpetró en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Omar García Harfuch, que dejó al funcionario herido y tres personas muertas.
Guanajuato, el estado más violento de México, ha sido gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN) por casi 29 años. Durante la última década, los gobiernos dejaron crecer las redes de criminalidad y corrupción que permitieron el desarrollo, expansión y fortalecimiento de grupos de la delincuencia organizada que hoy tienen en jaque a la entidad, coincidieron especialistas en seguridad.
El Ejército dijo que durante el año 2019 se realizaron 288 mil 898 capacitaciones en derechos humanos, de los cuales, más de 7 mil fueron en igualdad de género. En lo que va de 2020 se han realizado 60 mil 790 capacitaciones.
A más de un mes del feminicidio infantil contra Maicha Pamela González Matilde, no hay pistas ni avances en la investigación e incluso algunos peritajes se han retardado por la pandemia, indicaron familiares de la víctima.
Los aseguramientos de valor se han registrado sólo en ocho estados de la República Mexicana, y la mayoría se concentran en cinco estados, donde más de la mitad son del norte: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Estado de México y Ciudad de México.
Alexander, Carlos, Giovanni, Jair, Melani y Diego son las más recientes víctimas del exceso y el arbitrario uso de la fuerza policial en México.
«Necesitamos que las fiscalías (FGR y estatales) hagan su trabajo para conocer la verdad y se sancione a los responsables”, reprochó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
Matar es grave y peor argumentar que «lo confundieron con un maleante». Ese intento de «justificación» muestra la severa normalización de la brutalidad y abuso policial: que los policías creen que pueden disponer de la vida de alguien, sin juicio previo.
El rol de liderazgo y capacidad de repuesta de mujeres presidentas y/o primeras ministras, frente a la COVID-19, ha sido un aspecto que ha llamado la atención durante las últimas semanas.
«No es una conmemoración a mi hija. Hoy recordamos que ella debió estar viva y que ellos (los tres asesinos) no se lo permitieron, se creyeron con derecho de disponer de la vida de mi niña”, dijo Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Quintana, asesinada hace cinco años.
Las víctimas serán las afectadas si con el recorte al gasto operativo disminuye el número de plazas o de personal que les brinde atención. La entrega de apoyos, que de por si ya llega tarde, se retrasarán aún más, advirtieron colectivos, víctimas e integrantes de organizaciones civiles.