Sugeyry Romina Gándara

Los agentes impidieron que las colectivas y familiares ingresaran a la CEAV, donde otros familiares de personas desaparecidas mantienen una protesta.

“No podemos pagar lo imposible”, dijeron agricultores y el Gobierno del estado de Chihuahua frente al conflicto por el agua que mantienen con la Federación y que ya cobró una vida.

El Gobernador Javier Corral aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una versión equivocada del conflicto ocurrido en la presa de La Boquilla, en protesta por el desvío de agua a Estados Unidos al que México está obligado por un tratado de 1944.

Erika Martínez dijo que lleva tres años recorriendo instituciones y siempre fue ignorada, hasta ahora con la protesta feminista, el Presidente ya sabe de ellas. “¡Entonces sí son las formas!”, respondió a las críticas.

Las pinturas de Francisco I. Madero, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, considerados héroes de la patria, están de cabeza e intervenidas. Al lado de ellas, se mantienen firmes madres de víctimas de feminicidios, desaparición y violación junto con feministas que desde hace tres días y medio tomaron la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) bajo el mismo reclamo: justicia.

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas esperan que la orden de aprehensión girada en contra de Javier Duarte de Ochoa por el caso de desaparición del policía David Lara Cruz, sea el comienzo de muchas judicializaciones más, para que sea juzgado por todas las desapariciones forzadas en su sexenio y no sólo por una.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- Colectivos de familiares de personas desaparecidas piden que el exgobernador Javier Duarte de Ochoa sea juzgado por todas las desapariciones forzadas ocurridas durante su sexenio (2010-2016) y que tenga una sentencia ejemplar por el daño que hizo a Veracruz, la cual debería ser, a su consideración, cadena perpetua.

“Duarte no debe salir de la cárcel nunca; la sentencia debe ser perpetua”, expresó Lucy Díaz Genao, coordinadora del Colectivo Solecito de Veracruz, en entrevista con SinEmbargo.

Araceli Salcedo, del colectivo Familiares de Desaparecidos de Orizaba, coincidió en que esperan que Duarte de Ochoa sea juzgado por todos los casos de desaparición forzada durante su mandato.

“Que pague por todos los delitos que cometió y que haya una sentencia justa, es decir, que no le den una condena a modo para que el día de mañana pueda apelarla. Que lo juzguen es lo que esperamos miles de víctimas que tenemos desafortunadamente un hijo desaparecido”, expresó la activista.

El Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal con residencia en Xalapa, Veracruz, confirmó el pasado 1 de septiembre que existe una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por su presunta participación en la desaparición forzada del expolicía David Lara Cruz.

De acuerdo con la información difundida, un Juez del fuero local solicitó al titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, que “si existe persona o personas que tengan derecho a la reparación del daño derivado de la desaparición forzada de Lara Cruz, así como sus nombres y el domicilio en el que puedan ser localizados a fin de emplazarlos a juicio”.

Para los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas esta orden de aprehensión debería ser la primera de muchas judicializaciones que se deben de concretar en contra del exmandatario.

Lucy Díaz enfatizó que es necesario tomar con cautela lo referente a la orden de aprehensión porque recordó que el pliego petitorio de extradición era, al parecer, solo por delitos del ámbito patrimonial.

“Leí la nota y ojalá que sea cierto (que se ejecute la orden de aprehensión por desaparición del policía David Lara), pero ojalá le imputaran muchísimas otras. Lo ideal sería que esto sea solo el comienzo”, dijo la defensora.

“Esperemos que realmente se haga lo correspondiente y tengamos un poquito de justicia. Es lo que las familias tanto anhelamos”, añadió Araceli Salcedo.

David Lara Cruz era un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y desapareció el pasado 12 de enero de 2016, luego de que elementos de la corporación a la que pertenecía lo privaron de su libertad.

El 19 de enero de ese año se hallaron sus restos junto con los de otras 18 personas en La Barranca de la Aurora. De acuerdo con la orden de aprehensión girada contra Duarte de Ochoa, se le acusa de ordenar a Luis Ángel Bravo Contreras, entonces Fiscal General del Estado, que ocultara la información sobre el total de cuerpos localizados en ese entonces.

Lucy Díaz Genao recordó que Javier Duarte impuso un régimen de terror por el cual tiene que rendir cuentas.

“Para sustentar su gestión ejerció la represión y sí tendría que dar cuentas por la violencia, la inseguridad y todo lo que se vivió en Veracruz durante esa época. […] Es terrible lo que nos heredó Fidel Herrera, nos dejó en manos de Duarte, de un verdadero verdugo”.

Aunque la inseguridad no ha cesado en la entidad, aclaró la coordinadora de Solecito, fue en el gobierno de Duarte que despuntó la violencia e impunidad: “la delincuencia se coludió totalmente con la autoridad en ese momento bajo el auspicio de él y de su gente”, dijo.

Araceli Salcedo consideró que el exejecutivo estatal es responsable porque él tenía conocimiento de los delitos que sus policías y Fiscal en turno realizaban.

“Él era la máxima autoridad en el estado de Veracruz, él sabía lo que venía pasando, él sabía perfectamente lo que sucedía en los casos de desaparición forzada de Veracruz. Claro que él es responsable de los miles de desaparecidos en el estado de Veracruz”, dijo Salcedo.

«En realidad hay muchísima deuda de Duarte con el estado de Veracruz y queremos que pague”, abundó Lucy Díaz.

Duarte de Ochoa solo ha sido sentenciado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, por los cuales recibió una condena –ratificada el 18 mayo de 2020 por Isabel Porras Odriozola, Magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México– de nueve años en prisión, el pago de la multa de 58 mil 890 pesos y el decomiso de 40 bienes inmuebles.

El mandato judicial en contra de Javier Duarte ha generado una especie de ligera esperanza entre algunos colectivos de Veracruz, pero la toman con una buena dosis de cautela, explicaron las defensoras entrevistadas.

“Si realmente se hace un proceso a fondo, no sólo debería de pagar él (Javier Duarte) sino deben de pagar muchos de los que estuvieron con él y que participaron en toda esta ola de violencia”, señaló Araceli Salcedo.

En mayo de 2014, Duarte anunció el inicio del “Operativo Blindaje Coatzacoalcos” en el que participaron policías municipales, estatales, miembros del Ejército y de la Secretaría de Marina, y al cual, años después se le atribuyen desapariciones forzadas, según varios testimonios.

De acuerdo con el informe “Análisis de contexto de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos”, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), durante la vigencia de este operativo, que fue hasta el año 2016, sucedieron cuando menos 35 desapariciones forzadas de personas.

Al menos cinco personas fueron desaparecidas por los elementos policiacos en diversos hechos sucedidos entre el 11 y 12 de mayo; y otras 30 en diversas acciones del 25 de septiembre de 2015, según señala el estudio en mención.

Tres de los principales integrantes del gabinete de seguridad de Javier Duarte, Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal General, Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública Estatal y Roberto González Meza, entonces director de la Fuerza Civil, a pesar de haber sido señalados y arrestados por el delito de desaparición, todos fueron liberados por autoridades de Veracruz, lo que generó indignación y decepción por parte de las víctimas. Es por ese motivo que ahora los familiares de personas desaparecidas se muestran escépticas ante la orden de aprehensión en contra de Duarte Ochoa.

Araceli Salcedo y Lucy Díaz apelaron y exigieron que exista un verdadero proceso legal contra del exgobernador y que no sea solo simulación en vista del próximo proceso electoral.

“Siempre que hay elecciones dicen que van hacer algo en el tema de desaparecidos para que las familias estén tranquilas, para que crean que están avanzando y que vamos a tener justicia y, con eso, sigan votando por ellos, pero luego pasan los días, los meses y los años y no se llega a nada. Ya no queremos ser la burla de nadie, queremos justicia por todos aquellos que no pueden exigir”, destacó Salcedo.

Lucy Díaz enfatizó que es impostergable que procesen al exmandatario y a sus cómplices:

“Que lleven a juicio a toda esta gente que sabemos que incurrieron en tantísimos delitos porque hay evidencia y testimonios con los que creo que a Duarte se le puede imputar y sentenciar para que no vuelva a salir de la cárcel jamás. Esa sería la única manera en que la justicia sea real”.

En México hay al menos 75 mil 065 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas al corte del 4 de septiembre. Tan solo en el estado de Veracruz, los datos oficiales reportan 5 mil 51 personas desaparecidas y no localizadas, la mayoría de sexo masculino con un total de 3 mil 811 (75.45 por ciento) y 1 mil 223 mujeres (24.21 por ciento).

Del total de denuncias oficiales por desapariciones ocurridas en Veracruz –desde el año 1964 a septiembre de 2020–, al menos el 38.60 por ciento (1,950) ocurrieron tan solo en periodo de Javier Duarte.

A nivel nacional se han localizado 3 mil 978 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 6 mil 625 cuerpos, de acuerdo al último informe presentado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

Tan sólo en Veracruz se encontraron 172 fosas; esta entidad federativa junto con Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora concentran casi el 70 por ciento de los cuerpos exhumados en todo el país, es decir, mil 166 cuerpos.

Yessenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes Zamudio, víctima de feminicidio en 2016, reprochó que al Presidente Andrés Manuel López Obrador le duela más un cuadro que las mujeres asesinadas.

De enero al 31 de agosto, se han registrado al menos 17 masacre en el país y se estima que se cometieron al menos 70 en lo que va de la presente administración de acuerdo a información recopilada de manera demográfica.

Edgar Veytia Cambero, exfiscal sentenciado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, dejó un legado de terror en Nayarit. Luego de su detención, en el año 2017, la violencia y la desaparición de personas se disparó en esa entidad federativa, en tanto que varios de sus colaboradores o personal que laboró en su periodo siguen en diversos puestos dentro de la Fiscalía General de Justicia, denunciaron activistas y familiares de personas desaparecidas.

Gersain Cardona Martínez fue privado de la libertad junto con cinco vendedores de pinturas por cambaceo cuando buscaban a seis de sus compañeros desaparecidos un día antes en Piedras Negras, Coahuila, en marzo de 2009. A la fecha, son pocos los avances en las investigaciones para dar con su paradero, denunció la familia de la víctima.

México ha sido condenado al menos en tres ocasiones por órganos de las Naciones Unidas en materia de desaparición forzada y a la fecha sigue sin cumplir las determinaciones emitidas en las sentencias que pesan en su contra, destacaron organizaciones civiles.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta al menos 75 mil 90 personas desaparecidas al corte de este viernes 28 de agosto.

Amairany Roblero González desapareció el 1 de agosto de 2012 cuando salió del Tecnológico de Iztapalapa; la joven iría al CETIS 42 por unas fotografías, pero jamás llegó. A la fecha no hay rastro de ella, pero Cecilia González, su madre, no para de buscar.

Para defensores y familiares de víctimas, la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas –los mismo que la de Cadereyta y las fosas clandestinas de Tamaulipas– son parte de la deuda histórica que dejó no sólo el expresidente Felipe Calderón Hinojosa con su “guerra contra el narcotráfico”, sino también de la administración de su sucesor el priista Enrique Peña Nieto, pues “en ambos gobiernos se sentaron las bases de la impunidad en el caso”.

Avance de las mujeres en posiciones de liderazgo dentro del narco hace más compleja la tipificación del feminicidio en contexto del crimen organizado

Itzel Abigail fue vista por última vez el 21 de agosto de 2013 en una zona cercana a la colonia Lomas de Cuautepec en la Alcaldía Gustavo Madero, Ciudad de México.