Shaila Rosagel
El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra afirma que el muro de Donald Trump no sellará la frontera entre Estados Unidos y México, pues quien define quién entra y quién no a Estados Unidos es el crimen organizado, que durante la ruta del migrante secuestra, extorsiona, entierra, vende y trafica órganos de quienes quieren cruzar a territorio estadounidense en busca de un mejor porvenir. Los criminales son los que deciden, insiste el activista, apoyados en la corrupción del Instituto Nacional de Migración (INM) en el territorio mexicano y también en los corruptos del "otro lado".
Los perpetradores de la tortura en México han utilizado su ingenio e incluso reformado las leyes locales del nuevo sistema penal acusatorio, para poder adecuar la tortura y seguir obteniendo confesiones para fabricar culpables e inculpar a los mexicanos, dicen activistas y expertos. Si no hay jueces especializados, la nueva legislación fracasará.
Los periodistas en Veracruz están completamente indefensos. No existen organizaciones locales defensa de periodistas, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas local no mueve un dedo y ni qué decir de la Fiscalía de justicia. Por eso muchos tienen temor, incluso para opinar sobre la violencia desatada en contra del gremio desde la llegada de Javier Duarte de Ochoa a la Gubernatura. Y nada, ni la presión social ni las acusaciones que se vierten a cubetadas contra su Gobierno logran que el mandatario priista haga algo para impedir el acoso, las amenazas y los asesinatos contra comunicadores en la entidad, reconocida a nivel mundial por ser la más peligrosa para ejercer el periodismo en todo América.
El que Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila, haya demandado a Roxana Romero, reportera del diario Vanguardia, y después a Sergio Aguayo, investigador de El Colegio de México, por "daño moral", no es coincidencia. Se trata de mandar un aviso: “si eres crítico, te espera una represalia”, dicen activistas y periodistas coahuilenses consultados por SinEmbargo. Su intención añaden es acallar las voces del puñado de periodistas y luchadores sociales dispuestos a revelar lo que realmente sucede en esa entidad, afirman.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no avala el nuevo modelo educativo presentado por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y advirtió que continuará con las movilizaciones para exigir la abrogación de la Reforma Educativa.
La nueva dirigente del PRD reconoció que quienes firmaron el Pacto por México, y que lo apoyaron, incluyéndola, actuaron de buena fe, pero se equivocaron.
Coahuila supera por mucho a Veracruz en escándalos de corrupción y en el entramado de complicidades donde unos hermanos mantienen, junto con su grupo de lealtades, el control. Se trata del Moreirato, dice el Senador panista Luis Fernando Salazar Fernández, el que ha llevado a la entidad a la quiebra, a la peor crisis de seguridad de su historia y que en 2017, sin lugar a dudas, deberá caer.
A un mes de la masacre en Nochixtlán, Oaxaca, por elementos de la Policía Federal y Estatal, en donde murieron al menos ocho personas y fueron heridas alrededor de 120 más, los lesionados continúan sin recibir atención médica de calidad, el municipio no tiene Alcalde ni policías y el Palacio Municipal continúa en cenizas.
Niños que van sin comer y no pueden aprender, porque primero tienen hambre. Una maestra bilingüe que vive en un cuartucho, con una cama hecha con cuatro mesas y con un techo de lámina galvanizada sostenido por unas piedras para evitar que se lo lleve el viento. Es una maestra rural, con 20 años de experiencia en lidiar con la miseria.
En entrevista para SinEmbargo, el columnista afirma que la demanda del ex Gobernador Humberto Moreira Valdés en su contra tiene un trasfondo: evitar que continúe la investigación que él encabeza y que busca desnudar los hechos de Allende, Coahuila, donde presuntamente fueron asesinadas 300 personas.
En Nochixtlán, Oaxaca el domingo 19 de junio sí hubo muertos. Hubo cadáveres, para quienes lo hayan puesto en duda. Hombres con nombre y apellido. La mayoría no eran maestros, eran pobladores y las balas de la policía los atravesaron. Unos murieron instantáneamente, otros alcanzaron a llegar al centro de salud desangrados. SinEmbargo conversó con las familias de dos de ellos. Un padre de familia que dejó una viuda y tres hijas, y un joven que daba catecismo, quería ser chef y comprarle una casa a su mamá. En ambos casos, las autoridades hasta las actas de defunción les regatearon: tardaron seis días en entregarlas, hasta que las familias las exigieron incluso con abogados.
El domingo 19 de junio, elementos de las policías estatal y federal irrumpieron con violencia en el asentamiento irregular denominado "20 de Noviembre" en Nochixtlán, Oaxaca, un lugar donde habitan unas 65 familias en extrema pobreza. Los oficiales dispararon balas, lanzaron gas lacrimógeno y obligaron a 34 niños a huir por el monte, entre una enorme nopalera; algunos iban desmayados en brazos de sus madres, otros corrían vomitando y con los ojos llorosos por el efecto del gas. Fue el día en que esos menores aprendieron a temerle a la policía.
La población de Nochixtlán se reunió esta tarde en la plaza principal para disfrutar de una velada cultural, en un ambiente relajado, luego de semanas de tensión por el enfrentamiento entre habitantes y las fuerzas de seguridad pública federales y estatales que dejó como saldo nueve muertos y más de 120 heridos de acuerdo con las organizaciones civiles.
La tensión se apoderó de nuevo hoy de Nochixtlán con la visita de Roberto Campa Cifrían, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Segog, que fue recibido a gritos y despedido con amenazas.
Hora y media tarde llegaron Roberto Campa Cifrián y su comitiva al lugar pactado, pues antes se reunió con el Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y fue recibido en medio del gritos de la gente que esperaba bajo el sol desde temprano. "!Asesino! !Asesino!", acusan los pobladores, quienes se mantienen alrededor de la reja que cubre el perímetro del plantel.
La visita de Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a Nochixtlán, Oaxaca, envía un signo de apertura al diálogo a los pobladores que se preocuparon con el mensaje que envió el pasado viernes Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, y que fue leído como un "ultimátum" que incluía una nueva incursión policiaca en ese municipio. Aun así, los ciudadanos de Nochixtlán insisten en que en las investigaciones por el operativo policiaco fallido del 19 de junio, intervenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues no confían en las autoridades mexicanas.