Shaila Rosagel

La plataforma Memoria y Verdad, una iniciativa de la sociedad civil coordinada con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se subió a la red este martes, pero “censurada” por el órgano, precisamente garante de la transparencia, dice Ana Cristina Ruelas, directora de la oficina de Articulo 19 para México y Centroamérica, en entrevista con SinEmbargo.

En el ejido Patrocinio quemaban y desaparecían personas todos los días, afirma Grupo Vida, una de las cuatro organizaciones de familiares que buscan a sus desaparecidos en Coahuila. Aunque el Gobierno de la entidad afirme que los 3 mil 488 restos óseos encontrados ahí pertenecen sólo a seis cuerpos; las víctimas son “muchas más”. Además, los familiares exigen que se deje de dar “uso político a los desaparecidos”.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).– En el ejido Patrocinio, municipio de San Pedro, Coahuila, un área desértica de cinco hectáreas, todos los días se quemaban y desaparecían personas: se trata de una zona de exterminio, dijo Silvia de Sánchez Viesca, de la organización Grupo Vida.
En entrevista con SinEmbargo, la “buscadora” que ha dirigido las visitas de los familiares a Patrocinio, desde hace casi dos años, afirmó que los habitantes del ejido han dicho a las familias de los desaparecidos, que en ese lugar circulaban camionetas todas las noches y se “quemaba gente a diario”.
“Hay que recordar qué es un campo de exterminio: la palabra exterminio es cuando quieren desaparecer por completo a una persona o varias. El estado en el que se encuentran los fragmentos en Patrocinio, calcinados y en pedacitos, refleja que se trata de una zona de exterminio”, consideró.
De acuerdo con la activista en el ejido se llegaron a observar hasta 90 tambos de 200 litros de capacidad, pero la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila sólo logró recuperar dos de ellos. Sin embargo en las búsquedas los familiares encontraron varios tambos destrozados.
La organización escarba y busca restos óseos en el lugar desde hace un año y 10 meses. El 28 de abril de 2015 las familias de desaparecidos encontraron restos humanos, algunos con tejidos, que podrían corresponder, sólo ese hallazgo, a tres personas.
Pero no fueron los únicos: desde ese momento a la fecha el grupo de familiares que conforma Grupo Vida visitó el lugar en 14 ocasiones más y encontró, en todas las visitas, restos óseos en distintos puntos.
“En el hallazgo del 28 de abril, ahí se dijo que pertenecía posiblemente a tres secuencias anatómicas. Sería irresponsable de mi parte decir cuántos cuerpos puede haber ahí, pero no son tres o cuatro. Son muchísimos más”, dijo.
CIFRAS POCO CLARAS PARA LAS ONGS
El pasado 7 de octubre se descubrieron en el lugar mil 147 restos humanos, cifra que en unos días aumentó a 3 mil 488. La Procuraduría de la entidad afirmó en un comunicado que esos fragmentos, pertenecen a tres personas. Hoy las autoridades estatales, según los diarios locales, han reconocido que se trata de seis perfiles genéticos.
En su primer comunicado, la dependencia de justicia estableció que los restos tienen “un alto grado de carbonización y calcinación” y que “puede resultar que un gran número de fragmentos que se encuentren en un lugar […] pertenezcan a un solo hueso o a una misma persona”.
Ayer Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, contradijo esa afirmación debido a que la Policía Científica procesó los restos y descubrió 100 perfiles genéticos, que pertenecen a 15 personas.
Pero Silvia de Sánchez dijo que la información que presentó Michael Chamberlin no corresponde a los datos que la Policía Científica les ha dado a los familiares.
“Hasta la fecha no tienen 100 perfiles. A nosotros nos han dicho que tienen dos. Entonces le están mintiendo a él o a nosotros, es lo que puedo decir”, precisó.
“Lo que yo pido al Gobierno es que se recuperen todos los restos de Patrocinio, porque el tiempo está pasando, se están dañando los restos; es un lugar abierto y pasan animales. Queremos que se hagan las pruebas de ADN a los restos idóneos, porque sabemos que a todos se les pueden hacer. Por eso es tan importante cribar la tierra, porque una muelita o algún pedacito de hueso sirven para las pruebas”, explicó.
USO POLÍTICO DE LOS DESAPARECIDOS
En Coahuila hay cuatro organizaciones de familiares de desaparecidos: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (Fundec), Grupo Vida y los grupos que buscan en Piedras Negras y Allende.
Silvia de Sánchez, de Grupo Vida y Yolanda Morán Isais, de Fundec, coincidieron en que, ante la jornada electoral del próximo año en la entidad, los partidos buscan “utilizar” a los desaparecidos para sacar raja política.
“Ahora resulta que otros partidos que no son el del Gobernador [Rubén Moreira Valdez del Partido Revolucionario Institucional] le están tirando respecto al caso. No se me hace justo. Toda la Comarca Lagunera y Coahuila sabía que Grupo Vida ha caminado buscando a sus desaparecidos, y hasta ahorita voltearon a vernos. Vieron la oportunidad de acercarse y decir ‘los vamos a ayudar’. Quieren aprovecharse del dolor de las familias”, dijo Sánchez Viesca.
Yolanda Morán le puso nombre al partido y habló del Partido Acción Nacional (PAN) en concreto.
“Tenemos siete años trabajando con desparecidos; ahorita políticos del PAN en Coahuila están hablando de Patrocinio. Tenemos siete años pidiendo que nos den atención, ¿por qué hasta ahorita están saliendo los panistas a querer hablar con nosotros? Nosotros estuvimos en el Senado de la República tratando de hablar con ellos. Les pedimos ayuda cuando estaba [Felipe] Calderón en 2008, fuimos a tocarles la puerta […] no queremos que ningún color agarre el tema de los desparecidos; son personas, no son animales”, dijo.
Silvia de Sánchez concluyó con una petición: “Nosotros invitamos a la Procuraduría a caminar en enero de 2015 casi a rastras, ahora trabajamos de manera coordinada con el Gobierno. Lo único que queremos es que la Policía Científica Forense, que le corresponde a [Enrique] Peña Nieto, termine ese laboratorio para que se puedan hacer los ADN de todas las personas, no nada más de los de Patrocinio, de todo el estado”.

Los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) le exigieron al Gobierno federal que "saque las manos" del proceso electoral del Estado de México y exigieron el cese de Luis Enrique Miranda Nava de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Ser transexual en México es sinónimo de discriminación y vulnerabilidad, debido a que son el blanco principal de los ataques no sólo de la población heterosexual sino también de la comunidad lésbico-gay. Su situación, dicen activistas trans, es la peor en un escenario donde la violencia se ha recrudecido, principalmente tras la arremetida de las organizaciones de derecha y de la Iglesia católica para coartar sus derechos civiles.

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Acción Nacional (PAN) preparan puntos de acuerdo que serán presentados el próximo martes en el pleno de la Cámara de Diputados, para exigir una investigación en torno a los posibles conflictos de interés entre Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del tricolor en el Senado de la República, y los empresarios involucrados en el aterrizaje ilegal en un área natural protegida.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de México tiene resultados pobres a 14 meses de ser declarada en 11 municipios: de 550 asesinatos, sólo 18 por ciento son investigados como feminicidios. Ni siquiera los recientes casos de Karen Rebeca Esquivel Espinosa de los Monteros y Adriana Hernández Sánchez, asesinadas y enmaletadas, son investigados como tal, acusan las organizaciones peticionarias de la alerta emitida el 28 de julio de 2015.

Los feminicidios en Puebla evidencian la urgencia de declarar una Alerta de Violencia de Género en apoyo a las mujeres y evitar que la entidad se convierta en un nuevo Estado de México, dicen las organizaciones civiles. Sin embargo, la misma Alerta podría estar en juego debido a que las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) son muy generales y no profundizan en la metodología para investigar los crímenes de mujeres en la entidad. El año pasado las autoridades poblanas aceptaron 12 feminicidios y este año ya reconocen 42, una cifra alarmante. Las ONGs, sin embargo, aseguran que en 2016 se han registrado 66 asesinatos.

En mayo de este año, cuatro jóvenes salieron a las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México con una cámara escondida. Se vistieron con faldas negras, grabaron a sus acosadores y los encararon con una pregunta: “¿Tienes algo que decirme?”. Luego de esa experiencia recibieron apoyo, pero también amenazas de muerte en redes sociales. Sin embargo, afirman, no tienen miedo y continúan con su proyecto de evidenciar todo tipo de violencia de género.

Javier Duarte de Ochoa, quien está a unas semanas de dejar el cargo de Gobernador en Veracruz, no es más que un “chivo expiatorio”, un político ahora de desecho, con el que el PRI simula combatir la corrupción, plantearon los politólogos José Antonio Crespo, Ivonne Acuña y Salvador Mora. Si el tricolor realmente tuviera la voluntad política de combatir ese delito tendría que ir por todos: gobernadores y ex gobernadores corruptos, funcionarios públicos e incluso legisladores, como Emilio Gamboa Patrón, dijeron. Si el Revolucionario Institucional realmente hiciera eso, coincidieron los especialistas, se quedaría sin cuadros... perdería hasta el registro.

Yakiri Rubio Moreno, Gabriela Nava y Andrea Noel son tres mujeres que forman parte de la campaña de #NoTeCalles de Change.org. Las tres tienen en común no sólo haber sido agredidas sexualmente sino haber denunciado ante la Ley ese agravio, luchado por conseguir justicia y que sus casos se conocieron luego de que se viralizaran a través de las redes sociales. Las tres víctimas también coinciden en que no creen en las autoridades, pero sí en visibilizar la violencia de género para cambiar poco a poco una realidad que afecta a todas las mujeres mexicanas: la agresión sexual en todas sus formas.

“Me secuestraron, me golpearon, me violaron y me intentaron asesinar. Me defendí de mis agresores, realicé la denuncia, pero en lugar de ayudarme me acusaron a mí por el homicidio de uno de mis agresores. Estuve tres meses presa injustamente”, dice Yaquiri Rubí Rubio en el video transmitido por Internet en la plataforma de Change.org para el lanzamiento de la campaña “No Te Calles” el pasado abril. Este mes, la organización reactiva el movimiento con el objetivo de invitar a la denuncia social por la violencia de género. La campaña esta impulsada también por Andrea Noel, agredida sexualmente el 8 de marzo de este año en la colonia Condesa de la capital del país, y Gabriela Nava, víctima de agresión sexual en un microbús cuando se dirigía a la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En México hace falta un cambio, pero está lejos de darse debido a que hoy no existe un líder que aglutine a toda la sociedad mexicana en una sola causa, como ocurrió en 1988, dice Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, uno de los líderes morales más importantes de la izquierda mexicana en entrevista con SinEmbargo. El ex candidato a la Presidencia de la República en tres ocasiones–1988, 1994 y 2000– le pasa la estafeta a los jóvenes y reconoce que son ellos quienes disfrutarán o padecerán el México que construyan. El Ingeniero, quien luchó por abrir la democracia en el país y quien ha sido un incansable político, afirma que a pesar de las redes sociales, que permiten a las nuevas generaciones manifestarse velozmente en la Red, se requiere también hacer política “como antes”: salir a las calles, tocar puertas y buscar el cambio cara a cara con la gente.

El caso de San Salvador Atenco, Estado de México, revivió hace unos días con el anuncio de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisará el caso de 11 mujeres abusadas sexualmente durante el operativo de 2006 que dejó dos muertos y más de 200 heridos. Para los líderes de los pobladores, la represión de hace 10 años, ordenada por el Gobierno del Estado de México, entonces comandado por Enrique Peña Nieto, fue el anuncio de lo que sería una de las presidencias más impopulares de la historia del país.

En México, un país sumido en una crisis, con más de 55 millones de pobres según los datos oficiales, y con un recorte al gasto de más de 239 mil millones de pesos para el próximo año, hay un selecto grupo de líderes y organizaciones sindicales que se sirven con cuchara grande de los recursos públicos sin rendirle cuentas a nadie. Analistas entrevistados por SinEmbargo coinciden en que no sólo deben transparentar las aportaciones del erario, sino las de las cuotas de los trabajadores.

El padre Alejandro Solalinde Guerra afirma que los sacerdotes en México, principalmente aquellos que trabajan en las comunidades más pobres, están en la “mira” de los criminales. En entrevista con SinEmbargo el también activista expresa su preocupación por los dos crímenes recientes en Veracruz y la desaparición de un cura en Michoacán, y pide a los jerarcas de la Iglesia Católica que actúen ya.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público está obligada a dar explicaciones y debe transparentar ante los mexicanos el motivo para condonar y cancelar miles de millones de pesos a un puñado de empresas, dijeron a SinEmbargo líderes de oposición de los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento de Regeneración Nacional y Movimiento Ciudadano, así como el Partido Acción Nacional.